De la vanidad

Huye siempre de los políticos que quieran pasar a la posteridad’. Deberían incluir la frase en el reverso de todas las papeletas de voto, como una advertencia que nos previniera de los vanidosos, de los chiflados, de los engreídos. Huye de esos tipos que buscan su nombre en mármol y acércate a quienes sólo aspiran a la serena normalidad de las cosas que funcionan correctamente, aquellos que persiguen la eficacia en lo cotidiano, aquellos que piensan que un buen gobierno es aquel que se pone detrás de sus ciudadanos para apoyarlos, para asistirlos, para ayudarlos, aquel que facilita la creación, que protege a los creadores, aquel que busca la excelencia de una sociedad mejor. Huye de los vanidosos como nos aconsejaron huir de los idiotas porque ni de unos ni de otros existe un censo fiable en la tierra ni una conciencia clara del peligro enorme que suponen para la humanidad. Son mucho más letales que todos los demás que identificamos como gobernantes temibles, dictadores o sátrapas, porque todos esos son reconocibles, mientras que los vanidosos y los idiotas pueden pasar entre nosotros sin que se haga notar el daño irreparable que le hacen al progreso de la humanidad.

Huye siempre de esos tipos, fíjate en el desastre al que nos han llevado en tantas ciudades de España, en tantas regiones, ese reguero de quiebras y de promesas muertas. Es verdad que la política siempre ejerce de imán para esa gente; el poder los atrae como ninguna otra actividad en la vida, pero lo realmente significativo es lo que estamos viviendo estos días en España. Si lo contemplamos con la suficiente perspectiva, nos daremos cuenta de que el estado de los autonomía ha multiplicado por varias decenas el número de vanidosos con poder, con influencia y con presupuesto suficiente para hacer realidad sus delirios de grandeza. «Me dicen loco por construir un aeropuerto sin aviones», que dejó dicho un día el presidente de la Diputación de Castellón y en esas pocas palabras resumió el disparate en el que nos habíamos instalado. Lo mismo podrían decir ahora en Sevilla, los que construyen la Torre Pelli, «nos dicen locos por construir un rascacielos de oficinas en una región, en una ciudad, sin empresas». O los que idearon en su día la adquisición de la aerolínea Spanir, que tendría que haber sido la apuesta de la sociedad civil catalana y acabó convertida en el pozo sin fondo que engullía dinero público sin descanso.

Una a una, en todas las comunidades autónomas, existen proyectos faraónicos estancados, inacabados, fracasados. Y otros que son grandes obras que sólo podrían haber prosperado si hubieran nacido de la sociedad, si hubieran surgido de la prosperidad real de una región, que no es la que se refleja en los presupuestos sino en el balance de sus empresas, en la renta de sus ciudadanos, en la calidad de sus universidades, en la cualificación de sus profesionales, de sus trabajadores. La vanidad del poder autonómico ha provocado que la actividad pública se haya colocado por delante de la sociedad, que haya asumido todo el protagonismo, y le ha cegado todas las salidas, todas las posibilidades de desarrollo. Ahora que el poder autonómico está empequeñecido, mira hacia atrás y contempla que, en realidad, nadie lo sigue, que no había pueblo detrás. En su día lo llamaron ‘cultura de la subvención’. El pulso anémico de la sociedad es el resultado palpable de la vanidad.

Bancarrota

Los primeros augures pronosticaron que, durante años, la crisis económica traería a la orilla grandes ballenas muertas y que por las mañanas los hombres se asomarían asustados a la playa, atraídos por el hedor y los ladridos de una manada de perros salvajes que se disputaban los primeros trozos de carne desgarrada. Ese fue el pronóstico y así sucedió; el mar de la mañana comenzó a vomitar grandes ballenas muertas, primero imperios financieros se derrumbaban en titulares de cinco columnas, con una foto gigantesca de sus rascacielos de la Gran Manzana, ahora desolados. Luego, grandes bancos que se ufanaban de su solvencia saltaban en pedazos, reventados por dentro por una auditoría sonrojante de ocultaciones. Y empresas, cientos de empresas, enormes constructoras, deshilachadas como las banderitas que anunciaban pomposas urbanizaciones en las afueras de la ciudad y que nunca se llegarían a edificar. Otro día, fueron los países, los gobiernos, los que aparecían en las noticias de la mañana aniquilados, destruidos, intervenidos, asfixiados, dimitidos. Después de ver tantas ballenas muertas en la orilla, los hombres han aprendido a desconfiar de todo lo que les rodea, de todo lo que le dicen; ahora saben que los augures tenían razón y que todavía el mar seguirá vomitando los cadáveres de esta crisis.

La crisis, sí, esta crisis devastadora tenía un correlato cierto de grandes imperios caídos. Ya son muchas las quiebras a las que hemos asistido en mañanas de sobresalto y sabemos que otras muchas aún habrán de llegar. Quizá las siguientes, a no mucho tardar, serán las autonomías, el centro del despilfarro del dinero público durante casi tres decenios. Sin necesidad siquiera de esperar a conocer con detalle las cifras reales de la deuda y del déficit de la Junta de Andalucía, cualquiera que haya observado en los últimos años cómo se ha gastado el dinero aquí, cómo se ha gobernado aquí, puede albergar la sospecha de que las acusaciones de bancarrota de la autonomía andaluza no son baladíes. No se trata de exagerar la realidad ni distorsionarla con acusaciones huecas, se trata sólo de constatar que son muchos los departamentos de la Junta de Andalucía en los que desde hace meses, se vive esa sensación de arcas vacías.

En uno de los mejores libros que se ha escrito sobre la crisis (‘Bancarrota del Estado y Europa como contexto’, de Mercedes Fuertes y Francisco Sosa Wagner) se circunscribe todo lo que nos ocurre a algo tan antiguo como las consecuencias nefastas de un mal gobernante. Desde el siglo XVI, con la bancarrota de Felipe II, la historia se ha repetido presa del mismo círculo vicioso: las consecuencias de un mal gobierno, ineficaz y derrochador, se tapaban con endeudamientos permanentes que conducían finalmente a la quiebra. Y el personal lo descubre siempre tarde, cuando comprueba que durante años el interés a largo plazo de los ciudadanos se ha pospuesto o se ha ignorado para satisfacer el interés a corto plazo de la clase política gobernante. «La insolvencia como método» –como se define en el libro– ha sido la que ha imperado en gran parte del Estado autonómico español, «el marasmo autonómico y local». En el caso andaluz, quizá nos asombremos cuando oigamos un día las noticias de la mañana y nadie consiga explicarnos en qué se ha gastado esa montaña milmillonaria. Sólo podremos contemplar ya esa ballena muerta.

Lealtad

Nada se construye sin la lealtad porque, en las relaciones de los seres humanos, la lealtad es la argamasa que nos une; tan iguales, tan distintos, tan unidos, tan separados. La lealtad que se transparenta en la mirada del otro, cuando los ojos transmiten la serenidad de saber que estamos delante de alguien en quien podemos confiar. La lealtad, aunque sólo sea por un principio elemental de supervivencia, un instinto animal, de ahuyentarnos de los depredadores que se acercan con sigilo a tu entorno. La lealtad, sí, porque como dijo el sacerdote napolitano Antonio Genovesi, «hasta la supervivencia de una banda de ladrones necesita de la lealtad recíproca». La lealtad de los vecinos, de los amigos, de los amantes, de los compañeros de trabajo, de los familiares, de los hermanos, de los pueblos. La lealtad como fundamento de cualquier empresas colectiva. Ayer, que era el día de la Constitución, muchos hablaron de reformas y de revisiones, pero lo que quizá faltó decir es que los que lo que está fallando aquí es la lealtad.

Un pacto de lealtad que nos haga avanzar sin mirar nunca más hacia atrás, como en una fábula griega que nos atrapa en un laberinto de pesadillas que se recrean a cada instante. Un pacto de lealtad que nos devuelva la estabilidad de una nación sin dudas, sin recelos, sin agravios. Tres mil años de historia tiene esta tierra y, después de tantas idas y venidas, conquistas y reconquistas, esplendor y miseria, la deuda pendiente que tiene España consigo misma es la de aceptarse como es, distinta y común, diferente y unida; única. Y ahora que atravesamos esta crisis que nos devuelve al suelo, ahora que caminamos junto al abismo, en esta etapa crítica se abre el momento de pararnos a considerar que no podemos seguir adelante sin la confianza básica de sabernos leales. Diferentes y solidarios; distintos y semejantes, pero iguales en lo fundamental: leales. La historia lo reclama y ésta es la generación que tiene que pasar esa página.

Un pacto de lealtad es lo que reclama la España moderna que en esta década ha vivido el último zarandeo del egoísmo nacionalista con la oleada de reformas de los estatutos de autonomía que, en muchos casos, acabó despeñándose por el absurdo. Porque, a pesar de que todo eso está tan cerca, ya están otra vez los nacionalismos catalán y vasco reclamando una nueva revisión de «la relación con España». Al Partido Popular y al PSOE se le exigen para la nueva etapa que se abre ahora el entendimiento en las reformas que son necesarias para normalizar los mercados financieros y devolver la economía a balances de crecimiento, pero nada de eso será posible si, de forma paralela, en España nadie es capaz de encontrar un modelo de Estado definitivo, estable. Para ello, sólo dos condiciones previas son necesarias. La primera, que hay que perderle el miedo a las palabras, como el estado federal, y a las reivindicaciones, como la autonomía fiscal y financiera para que cada región, cada autonomía, pueda avanzar por sí sola, con menos dependencia centralista. La segunda condición, se engarza a la primera: cualquier modelo que se establezca debe garantizar la solidaridad entre territorios, la unidad de España y la renuncia expresa de los nacionalismos a seguir planteando la amenaza de la desafección. Antes de que, de nuevo, nos arrollen los acontecimientos, desde estas regiones viejas, Castilla o Andalucía, tendría que surgir la voz. Un pacto de lealtad.

Prescindible

Es la ausencia la que determina siempre la necesidad. El poeta lo comprendió temprano («Apenas te he dejado,/ vas en mí, cristalina/ o temblorosa,/ o inquieta») y desde que entendió que la profundidad de un amor sólo se mide con la ausencia, los versos más gloriosos han nacido siempre de la pena, del desamor. Pero esa máxima no es sólo aplicable a los sentimientos, la ausencia también es una unidad de medida válida para otros muchos aspectos de la vida: de forma general, cuando perdemos algo es cuando aprendemos a valorarlo. Y al revés, la ausencia también nos muestra el carácter prescindible de muchas de las cosas que nos rodean, aquello que nos ofrecen o con lo que convivimos a diario como referencias esenciales, vitales, y que, sin embargo, cuando desaparecen se esfuman con la velocidad implacable del tiempo que va pasando.

El mayor distanciamiento que se llega a tener de la política se produce cuando, después de un tiempo de efervescencia como el que se ha vivido en España desde la Transición, empezamos a comprender que todo esto es perfectamente prescindible. Todo esto, sí, tanta parafernalia, tanto protocolo, tanta polémica artificial, tanto debate baldío, tantos recursos desperdiciados, tanto bla, bla, blá diario que oscila entre la inutilidad y la memez. España es un país que, por la pasión con la que se acogió la democracia tras la muerte del dictador, se ha volcado en exceso con la política o, mejor, con la espuma de la política; la política que no se construye sobre las cosas que ocurren, sino sobre las cosas que dicen los políticos. Y en el cruce diario de declaraciones, van y vienen los problemas, se enredan o se eternizan sin solución. ¿Qué otra cosa ha sido la reforma de los estatutos de autonomía que una formidable estafa del tiempo y de los recursos que se necesitaban para otra cosa? ¿Qué otra cosa ha sido este episodio bufo de solemnizar la transferencia del Guadalquivir como una necesidad imprescindible de Andalucía, «irrenunciable», y ahora acordar de tapadillo su devolución?

Si algo de esto fuera cierto, Griñán ya habría dimitido. Por dignidad dimitió Rafael Escuredo, cuando Felipe González no le transfirió las competencias que necesitaba para poner en marcha la Reforma Agraria. Si el presidente Griñán ha defendido con tanto ardor político la transferencia completa del Guadalquivir, que, al menos por dignidad política, tenga la valentía de dar la cara como Escuredo y largarse a su casa. La coherencia en política no es sólo la defensa de unos principios, también se trata de coherencia personal. Y este naufragio del río, es el naufragio de las pocas naves que le van quedando a Griñán en el discurso. Desde el principio, me ha parecido que la competencia exclusiva del río Guadalquivir era una barbaridad constitucional, que, además, nada le sumaba a la autonomía andaluza. Quien ha defendido lo contrario, quien durante tantos años ha entretenido las prioridades de su responsabilidad con esa filfa, no puede zanjar ahora su batalla con el silencio de un viernes por la tarde, silencio de fin de semana.

Andalucía, la región y su burocracia administrativa, amanece hoy sin las transferencias del Guadalquivir. Verán que nada ocurre; observarán el carácter prescindible de toda esta farfolla autonómica.

El absurdo

Me has llamado, desde el despacho o desde el escaño, y me gustaría que hubieras podido sentir la perplejidad que me invadió cuando escuché la pregunta. A ver, ha sido uno de estos días negros, tan continuos, tan persistentes, en los que desde que te levantas tienes la sensación de estar caminando sobre arenas movedizas. Oyes las noticias de la radio, despliegas los periódicos, conectas internet y cualquiera que se detenga un instante a pensar en esa retahíla de malas noticias, este aluvión incesante de quiebras, números rojos y gráficas que se hunden; nadie que asista a este cortejo diario de ruinas puede sentir otra cosa que el temblor de la tierra que comienza moverse bajo tus pies. Un terremoto, sí, esta crisis y ha superado hace mucho tiempo los límites de la economía y de las finanzas, se ha salido de los parqués de la bolsa y se ha extendido a todo lo demás que hemos construido: amenaza desde hace mucho nuestro modo de vida. Un terremoto, sí, a lo único que se parece esta crisis económica es a un terremoto de réplicas constantes, aquí y allí. No hay que ser ni pesimista ni agorero para sentir el desconcierto que nos traen las noticias de cada día, el «abismo irreversible» del que habla Felipe González. Y hasta se podría haber ahorrado el adjetivo, porque nada debe haber más irreversible que despeñarse por un abismo.

En esa inquietud, llegó tu llamada, desde el despacho o desde el escaño: «¿Qué piensas de la polémica sobre las competencias del Guadalquivir?» Verás, es muy difícil explicar con palabras el desconcierto que provoca la distancia que existe entre esa pregunta y la realidad que estamos viviendo. La zozobra de Europa es que Grecia se está desplomando, que ya no tiene dinero para pagar ni salarios ni pensiones; se hunde un país en la quiebra económica más severa que ha conocido este continente, y, como si nada de esto fuera con nosotros, como si no fuera cierta la amenaza de que ese desplome nos arrastre a los demás, la preocupación aquí son las competencias del Guadalquivir. ¡Las competencias del Guadalquivir! ¿Y a quién diablos puede preocuparle ahora este patético ejercicio de reivindicación autonomista? Dime, anda, dime, a quién puede representar alguien que piensa que los andaluces están ofendidos porque la Junta de Andalucía no pueda ejercer la competencia exclusiva del Guadalquivir. La ofensa ahora es la contraria; ahora, el insulto a Andalucía es que su clase política se haya instalado en este debate artificial, ficticio, ciego ante la realidad y mudo ante los problemas de la gente. Estrategias políticas perversas que sólo buscan la reanimación de un régimen moribundo. Despilfarro, parálisis y mediocridad. No hay más. Insultan a Andalucía aquellos que pisotean con estulticia la idea de autonomía por la que un día este pueblo se echó a la calle.

Me has llamado y, al colgar, me he asomado al vacío de incomprensión que se crea, la nada que genera estos debates. El Guadalquivir, esta pugna de estatutos que ya han resuelto los tribunales, no le preocupa a nadie. No es la competencia exclusiva del río; la preocupación es la incompetencia exclusiva a la que nos está abocando la política andaluza. Se han creado dos mundos paralelos que nada tienen que ver, dos realidades distintas, dos lenguajes distintos. El lenguaje de los escaños y el lenguaje de la calle. Frustración. Decepción. Tal vez. El absurdo siempre genera sensaciones difíciles de explicar.

Con Ere de Río

Que sí, que todo forma parte de lo mismo, consecuencias encadenadas de un modo de entender el poder, de un intento baldío de rellenar con nacionalismos, paridades y pamplinas el vacío de una ideología y el cansancio del poder, derivaciones inevitables de quien se creyó omnímodo, hegemónico, partido único, y pensó que todo podía valer porque no habría poder, ni político ni legal, que tumbara sus desvaríos. Que sí, que los excesos de los fondos de reptiles nacen del mismo hábito que los excesos de los estatutos de Autonomía, que tantos años consumió la vida política en Andalucía.

Fue aquella la época de las «competencias exclusivas» y lo interesante ahora es contemplarla en paralelo con el fondo de reptiles, que es otra forma de interpretar que, digan lo que digas las leyes y las normativas, nadie puede inmiscuirse en la gestión de una autonomía. ¿El flamenco? Competencia exclusiva de la Junta. ¿El Guadalquivir? Competencia exclusiva de la Junta. ¿Las subvenciones a las empresas? Competencia exclusiva de la Junta. ¿Las prejubilaciones y los ERE? Competencia exclusiva de la Junta. Para las primeras, el Estatuto de Autonomía en el que de nada servía la lógica constitucional que, simplemente, impone que aquellos recursos, como el agua, que afectan a varias comunidades autónomas deben ser de competencia estatal. Para las segundas, un fondo opaco de reptiles que pudiera obviar las exigencias europeas que impedían que las ayudas a las empresas en crisis vulnerasen la libre competencia del mercado.

Ahora que toda esa política ha acabado en los tribunales, los eres y el río, la reflexión tendría que alejarse de los asuntos concretos y planear, desde lo alto, en la equivocación primera, que no es otra que la de haber eliminado el interés ciudadano de la gestión de los asuntos públicos. Ni las prejubilaciones amañadas ni las competencias exclusivas obedecen a necesidades de la sociedad andaluza, sino a las exigencias internas de un partido, a las argucias y a los atajos, para mantenerse en el poder. Que ya ven que el presidente de la Junta, cuando ha leído la sentencia, sólo se le ha ocurrido pedirle una reunión a Zapatero, como hicieron los nacionalistas catalanes, para buscar un medio de burlar lo que acaba de decidir, por unanimidad, el Tribunal Constitucional. Que nadie espere una rectificación de quien cometió el abuso.

Que sí, que todo esto forma parte de lo mismo. Y la pena es que no haya un tribunal en España que pudiera tumbar también la ridiculez pomposa del preámbulo, que cada vez que lo leo se clava en la vergüenza ajena como una espada: «La interculturalidad de prácticas, hábitos y modos de vida de Andalucía se ha expresado a lo largo del tiempo sobre una unidad de fondo que acrisola una pluralidad histórica, y se manifiesta en un patrimonio cultural tangible e intangible, dinámico y cambiante, popular y culto, único entre las culturas del mundo». Por favor, una ley, un tribunal, un algo en España que nos libre de la cursilería política, además de los abusos. Que las generaciones venideras igual no hacen distingos entre ciudadanos y gobiernos.

Corrupción troncal

Ahora ya nos cuesta menos trabajo entender por qué Andalucía no ha podido salir de la cola de todas las estadísticas en los últimos treinta años. Ahora, al trasluz de esta red de fraudes, infracciones y corruptelas, es más fácil averiguar cómo ha sido imposible cambiar las cosas, lo esencial, a pesar del caudal inmenso de ayudas millonarias europeas que han llegado a Andalucía para salir del subdesarrollo. Ahora, al observar las políticas viciadas de sectarismo y de intereses partidarios, es más fácil comprender por qué todos los planes de empleo, todos los conciertos económicos, todas las concertaciones sociales, se llenaban de dinero y se quedaban en nada. Ahora, al contemplar la trastienda de las políticas de Empleo de la Junta de Andalucía, se adivina con facilidad por qué se buscaban excusas al crecimiento imparable del desempleo, por qué se enmascaraba con defectos estructurales la imposibilidad de esta tierra de abandonar su postergación.

Pero no, no era la falta de dinero en los presupuestos la que ha impedido el desarrollo. Ni la percepción labrada durante años de que Andalucía estaba condenada a soportar una mayor tasa de desempleo por la peculiaridad de su gente, por las carencias de la historia, por el crecimiento demográfico o por el agravio con otras tierras mejor tratadas, privilegiadas. Todo eso, que existe, que subyace en esta realidad de paro y de falta de horizonte, no es razón suficiente para explicarnos lo ocurrido, el estancamiento, porque todo eso podría haberse cambiado. La ecuación aquí es más sencilla: la existencia de un partido, atrincherado en una autonomía, que ha destinado todos los recursos de los que ha dispuesto para perpetuarse como poder. La hegemonía política se ha antepuesto al desarrollo de la sociedad. No hay más. Por eso, cuando miramos hacia atrás, contemplamos con nitidez que el único gran objetivo que ha conseguido la autonomía andaluza ha sido aquel que interesaba al PSOE como partido político, su hegemonía electoral, mientras que la sociedad sigue sentada al pie de la escalera.

Desde los expedientes de regulación de empleo a las subvenciones a la creación de puestos de trabajo. El fomento, la formación o la prejubilación. Todas esas políticas aparecen hoy ensartadas, infectadas, por el mismo modelo viciado de gobierno. Como esos ‘cursos de formación’, el paraíso de los nuevos ricos de Andalucía, empresarios y especuladores, oportunistas y aprovechados, que han hecho una fortuna con la gestión de esos fondos que les van cayendo como el maná de los privilegiados.

La misma estrategia política que implantó aquí la ‘cultura de la subvención’ fue la que degeneró luego en esta ‘cultura de la prejubilación’, que es la victoria de la chapuza, del descontrol y el despilfarro. La primera prejubilada de esta trama se llama Andalucía. Y el problema ahora no es que haya tardado tanto tiempo en estallar el escándalo, el problema fundamental llega cuando se intenta calcular el tiempo perdido y los años que nos costará salir de este sopor y de esta inercia.

El coleccionista

Como a Griñán lo ha mirado un tuerto, tampoco le salió bien lo que tenía preparado para la celebración del Día de Andalucía. Había soñado con una ceremonia de grandes nombres, un acto enraizado en la historia, en la grandeza de su partido, para sacudirse con un calambrazo de emociones el marasmo en el que está empantanado, el desasosiego de los suyos, la aureola de perdedor que adorna su cabeza de presidente, de nuevo líder. Lo tenía previsto así y la gran referencia de ese día, la gran sorpresa, el nombramiento de hijo predilecto de un grande de la Unión Europea se le cayó del cartel a última hora. Jacques Delors era el deseo, el objetivo, y tampoco eso le salió bien a Griñán. Tuvo que conformarse con la escenografía que ya estaba dispuesta, un cartelón monumental, en blanco y negro, en el que se fundían las estampas de la incorporación de España a la Unión Europea con las imágenes de la constitución del Parlamento andaluz y de aquellas manifestaciones esperanzadas que convulsionaron la España autonómica en 1982. Ni siquiera en los periódicos del día festivo pudo encontrar Griñán el más leve soplo de aliento: cuatro encuestas simultáneas, alineadas como un nido de ametralladoras, le estampaban en la chaqueta gris los borrones del declive imparable de sus expectativas electorales. Y lo que no eran encuestas adversas, eran noticias de corrupción. O sea, una pesadilla.

Ajeno a todo estaba Alfonso Guerra. Qué tipo. A poco estuvo de superar a Unamuno: «Gracias por esta condecoración que tanto merezco». Tiene razón Alfonso Guerra cuando asegura que él no es partidario de elogios y alabanzas; no los necesita, ya se encarga él. En su discurso, mostró al personal cómo se reflejan en su cara la alegría de miles de andaluces «humildes» que saltan de alegría por su distinción; se echó la historia a las espaldas, la de España y la de Andalucía, sin el más mínimo temor por que alguien recordara que hizo todo lo posible por recortar la autonomía andaluza; y en la dedicatoria, se recreó en el episodio más cutre y oscuro de su trayectoria política: «a mis doce hermanos».

Luego del discurso, Guerra se fue a San Telmo, al ágape de austeridad que había dispuesto Griñán para inaugurar aquel palacio de ostentaciones pasadas y presentes. La radio entrevistaba a algunos invitados y fue entonces cuando a uno de ellos se le oyó decir: «Yo soy coleccionista de ex. Ex consejero, ex concejal, ex diputado, ex director general…» Queriendo ser ingenioso, acabó retratando el día. El trasiego de invitados tenía el toque decadente de los últimos días, del final de una era. Coleccionistas de ex en los que el vigor, la pujanza, se quedó en aquellos cuadros enormes que ahora lucen en blanco y negro. Lo significativo aquí es el abismo entre esa historia y el presente; entre el pasado del PSOE de Andalucía y su presente plagado de decadencia, entre la irrelevancia de muchos de sus dirigentes actuales y la pujanza de los de entonces. Y, sobre todo, entre la historia de Andalucía y este presente incierto, desnortado. Alguien dijo, al hablar de la grandiosidad del decorado, que «esta escenografía nos recuerda que Andalucía sigue estando en primera línea». Ya ven, es la sublimación del decorado, apariencia. Pero el Día de Andalucía fue ayer. Hoy, Andalucía ha vuelto a amanecer a su realidad. Como un coleccionista más que rebusca grandezas en su historia.

Absurdo

Llegó el comandante y mandó callar. Nada más irritante que esta displicencia de algunos políticos cuando dictan la conveniencia de los debates: toca, no toca. Como ahora Griñán con el futuro de las autonomías, lo que le pide a los suyos, militantes y electores, es que ni entren en esas cuestiones: «Es absurdo», asegura. Tan elevado se coloca el presidente de la Junta que tendrá que mirar hacia abajo desde su altura para reconocer a otros presidentes socialistas que sí reclaman reformas del modelo autonómico. Debe ser que ellos sí son absurdos por reclamar que «aprovechemos que el debate está encima de la mesa para que digamos sin miedo qué cosas se pueden corregir del Estado de las Autonomías, con el fin de sacarle el máximo rendimiento y potencialidad» (Fernández Vara). Absurdo, sí. Como Felipe González, que también se ha apuntado a la reflexión, o como el gobernador del Banco de España, que ha pedido reformas legales para aumentar el control del gasto en las autonomías y más transparencia en las cuentas públicas de las regiones y los ayuntamientos. «Un techo de gasto anual y más transparencia». ¿Todo eso? Bah, absurdo. Eso por no hablar del centenar de personas que respaldó el informe de la Fundación Everis: «Es necesario clarificar el modelo autonómico de una manera global, estable y fiable, para evitar ineficiencias e inconsistencias». O la Fundación Faes, que será la que, de verdad, le gustará citar a Griñán, porque no hay nada más rentable para la debilidad ideológica que reconducir los debates a una pelea tribal. Aún así, en la misma línea que todos los anteriores, la Faes de Aznar ha pedido repensar el modelo territorial español para hacerlo más barato, más ágil y más eficiente. «La reciente decisión griega de suprimir las entidades locales de menos de 100.000 habitantes, agrupándolas en corporaciones que superen esa cifra, es una respuesta interesante». No, nada. Cero. Por encima de todos ellos, está Griñán. Ni que sí ni que no, es absurdo. Chiss, de eso ni hablar.

En el informe que presentaron, la Fundación Everis tiene como cita un proverbio asiático. Dice así: «Cuando empieza a soplar el viento, algunos corren a esconderse mientras otros construyen molinos de viento». A Griñán le da igual el viento que pueda soplar porque cualquier reforma que se haga les privaría de algunos de los privilegios actuales de hacer y deshacer a su antojo. Y el objetivo es mantener ese estatus, no construir molinos de viento. El ideal es mantener las baronías autonómicas y aprobar por decreto la estabilidad de más de veinte mil personas contratadas a dedo. El ideal es seguir prejubilando de forma irregular a cientos de personas sin que nadie pueda fiscalizar los setecientos millones de euros empleados. La cuestión es que Canal Sur siga siendo un agujero negro y que el Gobierno andaluz mantenga una de las mayores estructuras de burocracia política de España. ¿Absurdo? Claro, qué van a decir los virreyes del despilfarro.

Oda al caracol

Oh, caracol que has sido liberado por la mano autonómica. Caracol de la leyenda, caracol de la antigüedad, caracol de la historia, metáfora de poetas y símbolo de fábulas, cuentos y refranes. Oh caracol, víctima inocente de la depredación en salsa, que la mano del poder andaluz te ha depositado suavemente sobre la yerba fresca de la sierra de Gádor para que te bebas de golpe la libertad. Tú caracol, tantas veces menospreciado, tantas veces vilipendiado, eres ahora la envidia de la naturaleza. Y ahí estaban el otro día los titulares de prensa para que el mundo entero se sorprenda con tu historia. “La Junta de Andalucía libera veinte caracoles”. Y el consejero, feliz, con un caracol en la mano; y sus asesores, rampantes, emocionados, al ver cómo el caracol descendía hasta el matojo. Fue un paseo lento, una alfombra silenciosa de babas te acompañaba, la palma de la mano, la muñeca, los dedos y, al final, la libertad. Naciste en cautividad y ahora la Junta te da la libertad.

Oh caracol, espiral serena, buldozer diminuto, caracol de mitologías, superviviente de la naturaleza, ingenio hermafrodita, combinación armoniosa de casa y sexo, ejemplo de pragmatismo para esta Humanidad onanista, siempre enredada en tensiones sexuales. Tú que estás entre los primeros pobladores de la Tierra, tú que has sobrevido a las dinosaurios y a los mamuts, tú que has sorteado serpientes y pájaros, tú que has resistido a las tabernas y a los peroles de agua hirviendo, obtienes ahora la recompensa histórica de un plan con tu nombre, aprobado por la Junta de Andalucía, como un gesto de justicia histórica, sí de memoria histórica también. “Programa de Conservación y Uso Sostenible de los Caracoles Terrestres”. Alégrate, caracol, que ya eres libre y, además, sostenible. Todo un programa financiado con fondos europeos lleva tu nombre. Qué sentirán sino alborozo cuando en Alemania lleguen las noticias de tu liberación. Y en Holanda. O en Francia, qué mejor destino puede tener la solidaridad europea que un plan como el tuyo, que te hace libre y sostenible.

Oh caracol, cofre andante, escultura perpetua, tu modestia es ahora orgullo de raza, triunfo de especie, porque todo un gobierno y su parafernalia ha sabido tomar tu ejemplo, de abnegación, de constancia, para representarse a sí mismo. La lentitud deslizándose sobre un lecho de babas plateadas. Oh caracol, dorado laberinto, hoy nos miramos en todo aquello que representas, aquello por lo que has pasado a la historia, para que te conviertas en estandarte de lo que hemos logrado con este formidable estado de las autonomías. Caracoles liberados, caracoles sostenibles, caracoles con plan, caracoles en la mano de un consejero audaz. Oh cacarol, temblamos con el pálpito de tus antenas, para cantarte, para recitar como trovadores de los caminos, esta oda emocionada. Caracol, eres libre. Cuando te vea en la taza, será imposible contener las lágrimas. Y no será por la guindilla.

Agujeros negros

Hay pocas cosas en la vida tan inquietantes como la dulce contemplación del universo en una noche estrellada. Una terraza en silencio, el humo de un cigarro, la inmensidad del cielo… y, zas, de pronto la calma se transforma en desasosiego; la serenidad del universo se convierte en angustia frente a lo desconocido; como soñar que nos caemos de un barco en alta mar, de noche, y nos quedamos allí flotando, un puntito entre olas, perdidos. Comenzamos, primero, con la absurda intención de imaginar qué se esconde detrás del universo, qué lo envuelve, y acabamos pensando en la noticia aquella que leímos sobre la existencia de los cientos de agujeros negros que se desplazan por la Vía Láctea a cuatro mil kilómetros por segundo, engullendo a su paso planetas, estrellas o, incluso sistemas solares. ¿Cientos de agujeros negros? ¿A cuatro mil kilómetros por segundo? ¿Devorando todo lo que encuentra a su paso? ¿Y yo aquí, sentado en la terraza, tan campante, uniendo una y otra vez los puntitos del dichoso carro?

Reconozcamos, en cualquier caso, que pocos descubrimientos del universo tienen nombres tan apropiados como éste de los ‘agujeros negros’ porque, además de inquietante y siniestro, nos traslada directamente a un viejo concepto de la especie humana: aquello que es incapaz de satisfacerse. De hecho, antes que en el Universo el concepto tendría que haberse aplicado a la política, a las redes burocráticas que lo engullen todo. La contemplación de los gráficos que se publican sobre las redes burocráticas de las administraciones públicas ha comenzado a producir en mí la misma sensación de asfixia, de angustia. Agujero negro, que es la imagen gráfica con la que representaríamos un pozo sin fondo.

Ahora, con la tiesura, se ha vuelto a plantear la evidencia de que el modelo de Estado que se ha construido en España está pendiente de revisión. Quien primero lo dijo fue el presidente de Extremadura (“Igual no tiene sentido que las 17 autonomías tengamos 17 de todo") y más recientemente lo ha planteado el mandamás del Santander y el presidente del PP, Mariano Rajoy. Lo curioso es que, pese al origen diverso de la tesis, la corriente que ya ha comenzado a imponerse en el PSOE es la de que la revisión del Estado de las Autonomías es un concepto de derecha. En breve, el PSOE comenzará a difundir por todas las instituciones mociones de apoyo al actual sistema. Dicen que “el actual modelo autonómico de Andalucía se resume en 30 años prósperos" y que, gracias a eso, “Andalucía se ha convertido en modelo a seguir por los demás territorios”. Con esos argumentos, que son los de siempre, ya se puede dar por finalizado el debate. A partir de ahora, la mera propuesta del debate, del análisis, será tachada de involución, cualquier crítica será reaccionaria y centralista. El agujero negro ha vuelto a imponerse. Esta vez se va a tragar el debate entero.

El vértigo de la inmensidad del mar, del universo, de todo lo inagotable que nos hace sentirnos pequeños, diminutos. Qué inquietante es la contemplación de lo inabarcable. Hasta Zucchero nos advirtió de la existencia de ese vértigo en unos simples ojos negros. “Un viaggio in fondo ai tuoi occhi”. Aunque quizá sea éste el único desconcierto admisible.

Desiguales

En política, un acuerdo vale más que mil palabras. Podríamos pasarnos la vida discutiendo sobre la naturaleza del modelo territorial español, cien veces negarán las diferencias entre comunidades y cien veces más afirmarán que no es cierto que la asimetría que ya contenía la Constitución haya alcanzado con el Gobierno de Zapatero destellos de confederación. Pero sobre esa montaña de palabras, un solo acuerdo despeja el camino: ¿Quieren saber qué es la asimetría autonómica? Pues es muy fácil, la asimetría es otorgarle las mayores bonificaciones a las empresas para creación de empleo a la región que tiene menos paro de España y negárselas a las que tienen más paro. Esa es la asimetría, el trato desigual entre regiones en los asuntos que tendría que estar regulados desde el Estado para garantizar la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos españoles.

En el País Vasco, que en la Transición tenía un 25 por ciento de paro, se había logrado el pleno empleo antes de la crisis económica; ahora la tasa de paro no llega al diez por ciento. En Andalucía, en los treinta años de autonomía, el paro siempre ha estado por encima del quince por ciento y ahora se acerca al treinta por ciento. A las dos autonomías se le han transferido las Políticas Activas de Empleo, pero con una diferencia fundamental: sólo al País Vasco –a ninguna otra comunidad autónoma en España, tampoco a Cataluña– se le añaden las bonificaciones a las empresas. Es decir, a partir de ahora, mientras que el País Vasco podrá ofrecer a las empresas que creen empleo cotizaciones más bajas a la Seguridad Social, en Andalucía las empresas no contarán con esa ventaja. La suma del concierto económico y las bonificaciones a las empresas hacen del País Vasco una región con la que ninguna otra en España podrá competir; una región en la que sus ciudadanos dispondrán de más recursos, más servicios y más posibilidades que los del resto de España. Ésa es la España asimétrica. En el País Vasco habrá más dinero para universidades, para carreteras y para hospitales porque el concierto económico lo garantiza. Y habrá más empresas, más empleo y más actividad económica gracias a este último acuerdo con el que Zapatero salva su legislatura.

Entre tanto, en Andalucía, la transferencia de las políticas activas de Empleo, sin bonificaciones a empresas, lo que ha provocado es un caos burocrático del que ahora se pretende salir: Al cabo de varios años de gestión de las competencias por parte de la Junta de Andalucía, la red burocrática del Servicio Andaluz de Empleo ha crecido exponencialmente y se ha hecho más ineficaz. Hace unos meses, la propia Junta de Andalucía reconoció que el Servicio Andaluz de Empleo sólo gestiona el 15 por ciento de las ofertas laborales y los nuevos contratos y que se impone una profunda reforma.

¿Se aprecian las diferencias competenciales entre la comunidad con más paro, Andalucía, y la región con menos desempleo, el País Vasco? Pues todavía habrá quien insista en que todos los españoles gozan de las mismas oportunidades. ComoChaves y Zarrías que, ironías del destino, han sido los encargados de negociar las transferencias de Empleo al País Vasco, de la misma forma que en su día negociaron las que llegaron a Andalucía. Asimetría. ¿Se entiende ahora el concepto político? Asimetría es este atropello a la igualdad.

Pacto de lealtad

¿Es un fantasma o es un demonio? ¿Delirios o maldiciones? ¿Complejos o la pereza de una vieja nación cansada de sí misma? A día de hoy, sólo podríamos anotar en el diario que, en aquel verano de 2010, un fantasma, o un demonio, o una maldición, recorre España desde hace dos siglos y que sigue aquí; es el fantasma de la desunión, con arrebatos constantes, periódicos, que tan pronto se revuelven en una enorme escandalera política, escandalera de despachos, o se diluyen en un griterío mayor de las cosas que ocupan en la calle, de las cosas que siente la calle. Pero el fantasma sigue ahí, y es lo único que podríamos anotar en el diario porque nadie sabe cómo acabará el susto.

En esa turbulencia, llega oportuno estos días un libro del muy sereno y riguroso catedrático cordobés de Derecho Constitucional José Acosta Sánchez que acaba de publicar con la editorial Almuzara: “Andalucía y España. Revolución, federalismo y autonomía”. Si la pregunta que nos podemos hacer, al contemplar la historia, es qué nos está pasando, porqué no encuentra España un modelo territorial que nos satisfaga, porqué surgen las dudas tanto en regímenes inestables, como el cantonalismo de la Primera República, en dictaduras o en los periodos más fecundos de la historia reciente, como esta democracia que disfrutamos, si esa es la pregunta, la inquietud, la explicación quizá la aporte Acosta en ese libro. Sostiene Acosta que la clase política española vive presa de una fatal confusión de conceptos desde que los primeros movimientos nacionalistas, a finales del XIX, intentaron buscar un modelo de Estado nuevo, moderno, descentralizado, y apostaron por un estado federal sin saber de qué estaban hablando. “Ha sido frecuente en el pensamiento político y en el lenguaje de partido emplear la palabra federalismo y estar hablando, en realidad, de confederalismo”.

La confusión, por lo que cuenta Acosta, tiene más raíces intelectuales e ideológicas de las que pueden presuponerse hoy, cuando se oye hablar a muchos dirigentes políticos que, siguen en la confusión, pero esta vez por ignorancia o cinismo. La confusión del término federal comienza con uno de los padres del anarquismo, Proudhon, llega a España con Pi y Margall, presidente de la Primera República, se traslada a Andalucía con Blas Infante y se mantiene vivo en la democracia española: se piensa y se exige un estado federal como solución a los problemas territoriales de España pero, en realidad, lo que se pide es otra cosa, es una confederación, que nada tiene que ver con un país unido, ni con la descentralización, porque sólo tiene que ver con la independencia. Lo que no han hecho nunca los nacionalistas o federalistas españoles, como bien apunta Acosta, ha sido buscar en los cimientos del primer gran estado federal de la historia, los Estados Unidos de América. “Los federales españoles no pueden captar la contradicción que les envolvía si comparaban la finalidad de sus fines con la que esencialmente persiguieron y lograron los federalistas norteamericanos, que no era otra que un fuerte gobierno nacional, strong national government”.

¿Estado federal? ¿Estado autonómico? ¿Nacionalidades y regiones? Es problema es más sencillo, antes que nada de eso, algún día los nacionalistas españoles tendrán que alejarse de los independentistas para decir, como en Estados Unidos, que la finalidad del modelo territorial español, sea el que sea, tiene como objetivo un gobierno español fuerte, un solo estado. Para ese pacto de lealtad habrá de llegar antes un líder político que se sitúe a la altura de la historia. Algo así como el extremo opuesto a la irrupción frívola de Zapatero en la historia de España.

Linaje económico

Desigualdad económica a cambio de preservar la unidad de España. Al final, la sentencia del Estatuto de Cataluña se resuelve en ese trueque histórico; ésa es la formulación retórica, el equilibrio que, al cabo de cuatro años, han encontrado los magistrados más moderados del Tribunal Constitucional, los menos alineados con las tesis partidistas, para resolver un conflicto político de siglos que, de forma irresponsable, se ha trasladado a la Justicia con la alocada carrera de reformas estatutarias. Desigualdad a cambio de unidad; lo de siempre. Y tan claro lo han visto los nacionalistas de CiU que, rápidamente, lo que han pedido como contraprestación de los recortes de la sentencia es un ‘concierto económico’; es decir, independencia financiera con respecto del Estado español, de la misma manera que ya ocurre con el País Vasco, gracias a la aceptación de los fueros medievales con los que España lleva siglos intentando apaciguar ‘el problema vasco’. Se repite la historia, el nacionalismo y la desafección pasan por caja.

Independencia económica a cambio de taponar la independencia política, jurídica. Al final, la sentencia del Tribunal Constitucional se resuelve en esa transacción, de forma que el Estatut ya reformado puede conducir al ansiado concierto económico de Cataluña pero, al precisar que la expresión “nación catalana carece de validez jurídica”, neutraliza las posibilidades de que esa definición conduzca en el futuro a la independencia efectiva. Dicho de otra forma, el nacionalismo catalán, que atraviesa todo el arco político, lo que pretendía con el Estatut era que, una vez de que el término ‘nación catalana’ se introducía en el preámbulo, sólo había que esperar a que el paso de los años consagrara esa definición como una realidad jurídica; primero se introduce la nación el preámbulo y, años más tarde, se recurre a esa definición aceptada previamente para convertir a Cataluña en un estado propio dentro de la inocua nación española. Esa grieta, esa vía de agua es la que ha cegado la sentencia del Constitucional: “carece de eficacia jurídica”.

Se tapa una salida pero se deja otra abierta, la asimetría, que es la característica mayor del estado de las autonomías, este modelo territorial típicamente español que ni es federal, ni es confederal ni centralista, y, sin embargo, puede reunir elementos de todos ellos. Lo que quizá sugiere el Tribunal Constitucional es que se mantenga y se profundice en la desigualdad que ya reconocía la Constitución cuando distinguía entre nacionalidades y regiones. Lo tiene escrito Manuel Aragón, a mi juicio el ‘cerebro’ de esta sentencia: “Una cosa es la igualdad de competencias y otra es las diferencias entre autonomías; una cosa es la igualdad de competencias y otra bien distinta la igualdad de posición; una cosa es la uniformidad y otra bien distinta es la homogeneidad”.

Andalucía, por ejemplo. Aquí se aprobó un estatuto con artículos idénticos al estatuto catalán, corta y pega, pero es evidente que “una cosa es la igualdad de competencias y otra bien distinta es la igualdad de posición”. Cataluña avanza en lo económico. Muchas autonomías y mucha retórica en los estatutos, pero, al final, como decía Sancho Panza, aquí sólo hay dos linajes, el tener y el no tener.

Pecado original

No. No es éste el fracaso del Tribunal Constitucional. Quiero decir que los cuatro años de espera para la sentencia del Estatuto de Cataluña, los cinco intentos frustrados para sacar adelante una ponencia y la incertidumbre que reina ante el sexto intento de acuerdo, no son atribuibles ni a la institución ni a los magistrados. El fracaso, ese fracaso, es un fiasco que le pertenece antes a quienes han llevado hasta el Tribunal Constitucional las tensiones irreparables y la división eterna de la clase política española. El fracaso del Constitucional es el fracaso de una clase política deficiente, sectaria, cegata e irresponsable. El fracaso, ese fracaso, es el resultado final de la alocada reforma de Estatutos de autonomía, la consecuencia inevitable del delirio localista e insolidario de entonces. Estos son los lodos de aquella tormenta.

El Tribunal Constitucional no fracasa ahora por la politización de los magistrados, por la división partidaria, la cuota proporcional de quienes lo componen, por la sencilla razón de que si fuera así, no habría problema alguno. Si los magistrados del Constitucional hubieran actuado ante el Estatuto de Cataluña con el sentido de la disciplina de voto que los partidos les imponen a los diputados del Congreso, no habría discusión: los cinco magistrados del bloque progresista ya habrían sacado adelante una sentencia dulce del Estatuto de Cataluña, con el voto de calidad de la presidenta. Pero si no es así, si no ha ocurrido así es porque uno de los magistrados de ese bloque, propuesto por el PSOE, no parece dispuesto a votar el Estatut de Catalunya con la misma frivolidad inconsciente que lo hicieron los diputados socialistas del Congreso de los Diputados que, a sabiendas de la inconstitucionalidad de muchos artículos de la norma catalana, acataron la orden de sus superiores.

Si Alfonso Guerra, por ejemplo, presidente de la comisión constitucional del Congreso, hubiera actuado con la misma responsabilidad que el magistrado discrepante del bloque progresista, Manuel Aragón, el problema de la inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña se hubiera resuelto antes, en el foro de debate adecuado, en el Congreso. El ejercicio ciego de la política, esa práctica de listas cerradas que antepone la obediencia a la razón, que impone el interés de partido al interés de Estado, esa práctica sectaria es la que condujo al Congreso de los Diputados a quitarse de encima el problema catalán, el eterno problema catalán, para trasladárselo al Constitucional, quizá la parte más frágil de cuantas han intervenido en este despropósito.

No. No es éste el fracaso del Constitucional, que es el fiasco de quienes hace ocho años decidieron convertir las reformas de los estatutos en elemento de desgaste del partido gobernante. Este es el resultado, en fin, de la política de confrontación. Se puede resumir en tres frases. Chaves, en 2004: “Cada comunidad autónoma es libre de denominarse como quiera en su Estatuto, lo que importa es lo que diga la Constitución». Zapatero, en 2005: “Las palabras han de estar al servicio de la política y no la política al servicio de las palabras”. Y mucho antes, en 1999, Manuel Aragón, el magistrado clave de la sentencia del Estatut: “La inutilidad de la discusión proviene de que la fórmula ‘nación de naciones’ no puede servir de solución para nuestros problemas de integración territorial. (…) Cuando se trata de las bases de la forma del Estado, y por ello de los principios nucleares organizadores de la convivencia ciudadana, las palabras no son inocentes, ni mucho menos”.

Pestilente

Cuando la oleada de reformas de los estatutos de autonomía, Rafael Sánchez Ferlosio se subió a la parra de las provocaciones con un artículo abrupto en el que arremetía contra la reforma del Estatuto andaluz. ‘Andazulía’, se llamaba aquel artículo de mofa. Muchos se escandalizaron tontamente por el arrebato ofensivo de Sánchez Ferlosio sin reparar en que la ofensa no era a los andaluces. Lo único que le pasa a Sánchez Ferlosio, y a los que son como él, es que sus críticas suelen estar siempre parceladas; tienen la ferocidad dosificada de forma que se la aplican siempre a los mismos asuntos, a los mismos territorios. Que recuerde, sólo tuvieron agallas para ridiculizar la reforma del estatuto andaluz, pero jamás hubieran dicho nada de las exigencias catalanas o de los privilegios fiscales vascos. En esos caso, no se atreven y, no porque la andaluza fuera una reforma más disparatada que otras, sino porque la consideran más vulnerable y no les va a causar demasiados problemas.

En fin. La cuestión es que, dejando al margen esa cobardía, la ‘Andazulía’ de Ferlosio no andaba desatinada cuando se reía de la pomposidad y del ridículo con el que se redactó el preámbulo del nuevo estatuto de Andalucía. No era para menos. Esta definición de Andalucía, por ejemplo, es antológica: “Andalucía ha compilado un rico acervo cultural por la confluencia de una multiplicidad de pueblos y de civilizaciones (…) La interculturalidad de prácticas, hábitos y modos de vida se ha expresado a lo largo del tiempo sobre una unidad de fondo que acrisola una pluralidad histórica, y se manifiesta en un patrimonio cultural tangible e intangible, dinámico y cambiante, popular y culto, único entre las culturas del mundo (…) y donde se ha configurado como hecho diferencial un sistema urbano medido en clave humana”.

Pasa el tiempo y cada vez que se relee el preámbulo de Estatuto andaluz, ya ley orgánica, acaba uno embobado, perplejo. Sánchez Ferlosio decía que todo eso era fruto del “pestilente narcisismo andaluz” y una vez más, por cobardía, volvió a arremeter contra quien nada tenía que ver en el engendro. El único causante de aquel bodrio era el pestilente narcisismo político, que es muy distinto. Esa barbaridad que se conoce como ‘lenguaje políticamente correcto’ y que le está haciendo un daño irreparable al idioma español.

Fíjense, por ejemplo, hasta dónde se puede llegar para pedirle a la Junta reformas urgentes en el sector público andaluz para que deje de generar pérdidas millonarias. Para decir eso, el PSOE ha presentado una proposición no de ley que dice así: “Instar al Gobierno andaluz a racionalizar las estructuras y funcionamiento del sector público administrativo, empresarial y fundacional al objeto de lograr ganancias en términos de accesibilidad, flexibilidad, desempeño orientado a objetivos, eficacia, eficiencia y economía (…) Así como reclamar al Gobierno central un desarrollo del acuerdo marco para la sostenibilidad de las finanzas públicas que garantice y mantenga el desarrollo del estado del bienestar”. ¿Se puede ser más cursi escribiendo, más ridículo? “Ganancias en términos de flexibilidad”, “sostenibilidad de las finanzas públicas”. Con permiso de Ferlosio, éste sí que es un problema: el pestilente narcicismo político.

Conquista de ortigas

Primero fue una bandera que cuando ondeaba dibujaba en el aire sueños de igualdad. Era un símbolo que los hombres y las mujeres enarbolaban, lo agitaban sobre sus cabezas con los dientes apretados por la rabia saturada de decenios de postración. Primero fue un grito que cuando estallaba en las calles se rompía en miles de bocas que pedían autonomía y libertad. Y aquel grito de todos tronaba como un eco eterno, que no pensaba extinguirse más, porque decían que Andalucía, por fin, iba a salir del subdesarrollo, del olvido, del tópico. Que los andaluces, al fin, iban a escapar de la gracia y el salero, del espíritu burlón y del alma quieta, que se pondrían en pie para exigir lo que la historia les había arrebatado: la igualdad de trato con respecto a otras regiones de España. Aquella bandera de reivindicaciones, aquella promesa de igualdad, fue la que movilizó a la sociedad andaluza; la que convenció a los andaluces de que lucharan por su autonomía. La bandera era el anuncio de un agravio reparado, satisfecho. La bandera que nos convenció de la autonomía era, por encima de todo, la reparación de una ‘deuda histórica’.

Quien no contemple ahora, treinta años después, el final de la ‘deuda histórica’ desde esa perspectiva, quizá no entienda nada; quien no repare en lo esencial, en el sueño del que nació la deuda histórica, no podrá descifrar el simbolismo que encierra este epílogo triste y miserable de solares a cambio del sueño de una reparación histórica. Gracias al simbolismo, a lo etéreo, nació la autonomía andaluza. El engaño, el oportunismo, la falsedad y el olvido, que es cuanto hemos vivido durante todos estos años cada vez que se hablaba de deuda histórica, equivale a la mayor estafa que se pueda cometer ante un pueblo.

Y no porque, treinta años después, tenga sentido ponerse a evaluar ahora cuál es el déficit hospitalario o educativo de Andalucía con respecto a la media española, y exigir una cuantificación acorde con esa diferencia. No, si en Andalucía existen hoy menos camas que en Cataluña o en el País Vasco, si existen menos carreteras, menos centros de investigación, si tenemos escuelas en ruinas o teatros que languidecen ya no es por culpa de decenios de postración en beneficio de otras regiones de España. Si todo eso ocurre la causa principal ya no es la historia sino el presente; la culpa del atraso andaluz ya no es de la postración histórica sino del despilfarro actual. Cientos de miles de millones de euros que han servido para crear una enorme burocracia política, un régimen político soberbio y apalancado, una inmensa maquinaria propagandística que sólo trabaja para la conquista del poder, para la victoria en las elecciones.

La ofensa no se produce porque alguien diga que la ‘deuda histórica’ ya no tiene sentido. Porque eso es verdad, treinta años después, treinta presupuestos autonómicos después, ya no tiene sentido. No, la ofensa no se produce por decir que la deuda histórica es un concepto caduco, la ofensa se produce cuando, como estos días, como hace poco en el Parlamento andaluz, alguien afirma que el PSOE ha cumplido con la ambición de entonces, de cuando las banderas dibujaban en el aire sueños de igualdad. Solares, terrenos baldíos, conquista de ortigas y jaramagos, cementerios de sueños en los que se pudren aquellas promesas que nos hicieron creer en la autonomía.

Emprenyar

Nada hay más rentable en la historia reciente de España que la desafección. Antes incluso que el nacionalismo, fue el carlismo el que descubrió esta bicoca de presentarse con cara de mala hostia en Madrid y salir de los despachos con la chequera llena. Allí donde arraigó el carlismo, llegaría después el nacionalismo vasco y catalán y sólo tuvo que cambiar los objetivos porque la estrategia ya estaba diseñada. Ventajas económicas para calmar desafección, privilegios fiscales por la resignación de convivir con el resto de España. Se trata, además, de una maniobra perfecta, que se retroalimenta, porque las ventajas y los privilegios que se logran con la mala hostia consiguen mejoras permanentes para esos territorios, con lo que cada vez les resulta más fácil justificar la diferencia que existe con el resto de España. No es raro, por tanto, que el mecanismo histórico de la desafección se eternice y se expanda, de forma que logra sobreponerse a cualquier tiempo, que empapa cualquier ideología. La misma cara de mala hostia durante dos siglos, ya sean reaccionarios carlistas o progresistas tripartitos. Tan demoledora es la estrategia, que hasta nuestros días se arrastra y se condensa en una sola frase, un aviso: «Hay preocupación en Catalunya y es preciso que toda España lo sepa».

Mala hostia es una expresión, un estado de ánimo, una disposición moral que en catalán se traduce como «emprenyar». De ahí lo del ‘català emprenyat’ que ha vuelto a surgir estos días cuando los diarios catalanes han unificado sus editoriales para advertirle al Tribunal Constitucional y para advertirle a España que «estos días, los catalanes piensan, ante todo, en su dignidad; conviene que se sepa». Y la dignidad de Cataluña, dicen, está por encima de las leyes, por encima de la Constitución. O como escribía un ciudadano catalán en uno de los foros de internet que han rebosado estos días, tras la marejada: «¿per què els andalusos, estremenys, castellans, etc., han de dictar-nos les lleis?», se preguntaba y, sin quererlo, deslizaba un detalle («andaluces, extremeños, castellanos…») que dice mucho de la sociología prepotente y racista del ‘catalán emprenyat’.

Al final de todo, la duda que suscita este inmenso disparate, tan repetido en la historia y tan rentable para la cofradía de la desafección, es cómo actuar ante él. ¿Otra vez recordar que en un Estado de Derecho la legitimidad nunca puede estar por encima de la legalidad? ¿Que pagar más dinero a Hacienda no supone pagar más que los demás ni, por supuesto, garantiza más derechos? ¿Que el agravio del fuero vasco no se solventa con nuevos privilegios? ¿Otra vez repetir la historia, recordar la burda manipulación para inventar un pasado que nunca existió? ¿Merece la pena recordar otra vez que el Estatut de Catalunya no hubiera salido adelante en la Transición, que ahora se invoca, porque no habría superado ni el recurso previo de constitucionalidad ni los requisitos de la Ley de Referéndums?

Quizá no. Acaso sea absurdo, inútil, porque, como parece obvio, este un debate no se resuelve con argumentos, que la pugna no es por la verdad sino por la diferencia, por el privilegio. Y lo del catalán emprenyat, o sea, una mera pose, rentable como ninguna. No hablamos de razones sino de una inercia histórica. «Los que roban carne de la mesa/ predican resignación./(...) Los hartos hablan a los hambrientos/ de los grandes tiempos que vendrán./ Los que llevan la nación al abismo/ afirman que gobernar es demasiado difícil/ para el hombre sencillo». Tan antiguo, tan harto, tan cansado como Bertolt Brecht.

Blindajes

El País Vasco ha sido la única comunidad que, en estos años de vendaval reformista en las autonomías, no se ha preocupado de reformar el suyo, el Estatuto de Gernica. Ibarretxe planteó su desvarío independentista, pero aquello no llegó a ninguna parte y jamás concitó el respaldo de las otras dos fuerzas políticas mayoritarias del País Vasco, el PSOE y el PP. No, formalmente, el País Vasco ha sido la única autonomía que no se ha sumado al discurso oficial de que, después de 30 años de autogobierno, era necesario actualizar y modernizar el Estatuto de Gernica. En Andalucía, Cataluña, Valencia o Galicia, que comparten con el País Vasco unos estatutos del máximo nivel de competencias, se consideró imprescindible adaptar los estatutos a los nuevos tiempos, «avanzar, impulsar y consolidar el estado de las autonomías» para los próximos tres lustros. ¿Por qué en el País Vasco, la primera de las autonomías de España, la más histórica de todas, ni el PP ni el PSOE se han embarcado en las reformas? Se dirá que promover una reforma estatuaria en el País Vasco es una irresponsabilidad porque nunca se alcanzará el grado de consenso del Estatuto de Gernica. Es verdad, pero no es la razón fundamental. Lo esencial es que, en realidad, una reforma del estatuto vasco, dentro del marco constitucional, puede avanzar muy poco más con respecto a lo que ya se tiene, con lo que remover el patio político es irresponsable y, sobre todo, inútil. De ahí que se haya optado por reformar exclusivamente aquello que marca las diferencias entre las regiones, la financiación.

Sí, los diputados vascos saben bien que las tres cuartas partes de las reformas de los estatutos se quedan en pintura, oropel provinciano redactado con cursilería estomagante. Y una vez que el Parlament de Cataluña, ayuno de fueros medievales, ha blindado sus ingresos anuales con la amenaza de la desafección, los diputados vascos han decido hacer lo propio con el privilegio económico del concierto vasco. No necesitan más reformas, con ese blindaje, el País Vasco (y Navarra) se garantiza el privilegio de contar con más recursos para seguir marcando la diferencia. Más dinero para el desarrollo económico, más dinero para hospitales, para mejores colegios y universidades… ¿Podrían explicar los diputados andaluces del PSOE por qué han votado a favor de ese blindaje?

Manuel Marín, ex presidente del Congreso, contó que, cuando se autorizó la aprobación de los estatutos en la Transición, todas las autonomías se lanzaron a la confección de sus estatutos. Era tal la rivalidad entre el País Vasco y Cataluña por presentar antes el Estatuto en el Congreso, que los equipos rectores, mirándose siempre de reojo, finalizaron los trabajos al mismo tiempo y ambos se dispusieron a registrarlo el mismo día. Cuenta Marín que «el bueno de Tarradellas» tomó el puente aéreo, se instaló en el Palace y anunció su llegada al Congreso al día siguiente para presentar el Estatuto catalán. Alertados, un diputado vasco de la UCD, Echeverría, alquiló un avión, viajó directamente al Congreso y fue el primero en registrar el Estatuto. Fue tal el cabrero de Tarradellas al llegar al Congreso, que se volvió al Palace y remitió a las Cortes el Estatuto catalán con un mozo de Correos.

Que sirva la anécdota para ilustrar que, en el fondo, todo sigue igual. El País Vasco, en avión privado, los catalanes, con puente aéreo, y luego, todos los demás.

Castrados

Debe parecerles el Constitucional como el lobo del cuento, que desde hace semanas enseña la patita enharinada por debajo de la puerta a ver cuál es la reacción de los tres cerditos, coincidencia casual del tripartito. Sí, porque lo que parece es que el Tribunal Constitucional no se atreve a hacer pública la sentencia del Estatut que mantiene guardada desde hace meses, o años, quién lo sabe, y se filtran algunos aspectos, globos sonda para ir atemperando la ira, la desafección, para ir acostumbrando el cuerpo a la sentencia que declarará inconstitucional una parte sustancial del Estatuto de Cataluña.

A principios del verano, en la primera remesa de filtraciones, se dijo que la sentencia recortaría las exigencias –imposiciones– catalanas de financiación ya que el Constitucional ya se había pronunciado al respecto en marzo de 2007. Se referían al pleito andaluz de la ‘deuda histórica’, cuando el Constitucional dejó sentado que es el Estado quien «tiene la competencia exclusiva para configurar el sistema de financiación de las comunidades que considere idóneo». Ahora, en esta asegunda remesa de filtraciones de la sentencia, se afirma que el Constitucional tiene decidido la inconstitucionalidad del «deber de todos los ciudadanos de conocer el catalán» y del concepto de nación, que conduce a establecer «relaciones bilaterales» con el Estado.

La primera enseñanza de un Estado de Derecho consiste en saber que nadie, ningún ciudadano, ningún colectivo, ninguna institución, está por encima del imperio de la ley. Ocurre, sin embargo, que, para burlar este principio elemental de una democracia, la reforma del Estatuto catalán, con la complicidad del Gobierno de Zapatero, ha estado forzando la legalidad desde el primer instante de la reforma. Se trataba, sencillamente, de imponer la política de los hechos consumados. De ahí, el ridículo del Constitucional, que no se atreve a hacer pública una sentencia, y de ahí las amenazas de la clase política catalana, contrarias a aceptar cualquier recorte del Estatut.

Había otro camino, claro, el mismo camino que se recorrió cuando se diseñó en la Transición el sistema autonómico y el Estado se garantizó su propia pervivencia con dos normas elementales: El recurso previo de inconstitucionalidad y la ley de los referéndums.

El primero garantizaba que cualquier estatuto o ley autonómica no se pudiera aprobar si previamente el Tribunal Constitucional no certificaba su legalidad. Lo segundo, la ley de referéndums, aprobada por UCD y el PSOE para frenar el proceso autonómico, establecía que los estatutos de autonomía tenían que superar un referéndum de máximos, con más del cincuenta por ciento de síes sobre el censo electoral, no sobre los votos emitidos.

Pasado el tiempo, cerrado el mapa autonómico, las dos medidas se eliminaron. Si se hubieran activado con la segunda oleada de reformas de estatutos, que es lo que se le exigía al Gobierno, ni el estatuto catalán ni el estatuto andaluz se hubieran aprobado (ni siquiera la participación –no ya los síes– llegaron al 50 por ciento). Ahora, tres años después, el Constitucional es un tribunal desacreditado y vilipendiado, y la clase política catalana es un triquitraque de barbaridades antidemocráticas.

Victoria Prego, en una de las remesas de filtraciones, comparó la sentencia sobre el Estatut con la ‘castración química’. Bien, pues ya veremos al final quién resulta castrado.