Pecado original

No. No es éste el fracaso del Tribunal Constitucional. Quiero decir que los cuatro años de espera para la sentencia del Estatuto de Cataluña, los cinco intentos frustrados para sacar adelante una ponencia y la incertidumbre que reina ante el sexto intento de acuerdo, no son atribuibles ni a la institución ni a los magistrados. El fracaso, ese fracaso, es un fiasco que le pertenece antes a quienes han llevado hasta el Tribunal Constitucional las tensiones irreparables y la división eterna de la clase política española. El fracaso del Constitucional es el fracaso de una clase política deficiente, sectaria, cegata e irresponsable. El fracaso, ese fracaso, es el resultado final de la alocada reforma de Estatutos de autonomía, la consecuencia inevitable del delirio localista e insolidario de entonces. Estos son los lodos de aquella tormenta.

El Tribunal Constitucional no fracasa ahora por la politización de los magistrados, por la división partidaria, la cuota proporcional de quienes lo componen, por la sencilla razón de que si fuera así, no habría problema alguno. Si los magistrados del Constitucional hubieran actuado ante el Estatuto de Cataluña con el sentido de la disciplina de voto que los partidos les imponen a los diputados del Congreso, no habría discusión: los cinco magistrados del bloque progresista ya habrían sacado adelante una sentencia dulce del Estatuto de Cataluña, con el voto de calidad de la presidenta. Pero si no es así, si no ha ocurrido así es porque uno de los magistrados de ese bloque, propuesto por el PSOE, no parece dispuesto a votar el Estatut de Catalunya con la misma frivolidad inconsciente que lo hicieron los diputados socialistas del Congreso de los Diputados que, a sabiendas de la inconstitucionalidad de muchos artículos de la norma catalana, acataron la orden de sus superiores.

Si Alfonso Guerra, por ejemplo, presidente de la comisión constitucional del Congreso, hubiera actuado con la misma responsabilidad que el magistrado discrepante del bloque progresista, Manuel Aragón, el problema de la inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña se hubiera resuelto antes, en el foro de debate adecuado, en el Congreso. El ejercicio ciego de la política, esa práctica de listas cerradas que antepone la obediencia a la razón, que impone el interés de partido al interés de Estado, esa práctica sectaria es la que condujo al Congreso de los Diputados a quitarse de encima el problema catalán, el eterno problema catalán, para trasladárselo al Constitucional, quizá la parte más frágil de cuantas han intervenido en este despropósito.

No. No es éste el fracaso del Constitucional, que es el fiasco de quienes hace ocho años decidieron convertir las reformas de los estatutos en elemento de desgaste del partido gobernante. Este es el resultado, en fin, de la política de confrontación. Se puede resumir en tres frases. Chaves, en 2004: “Cada comunidad autónoma es libre de denominarse como quiera en su Estatuto, lo que importa es lo que diga la Constitución». Zapatero, en 2005: “Las palabras han de estar al servicio de la política y no la política al servicio de las palabras”. Y mucho antes, en 1999, Manuel Aragón, el magistrado clave de la sentencia del Estatut: “La inutilidad de la discusión proviene de que la fórmula ‘nación de naciones’ no puede servir de solución para nuestros problemas de integración territorial. (…) Cuando se trata de las bases de la forma del Estado, y por ello de los principios nucleares organizadores de la convivencia ciudadana, las palabras no son inocentes, ni mucho menos”.