Con Ere de Río

Que sí, que todo forma parte de lo mismo, consecuencias encadenadas de un modo de entender el poder, de un intento baldío de rellenar con nacionalismos, paridades y pamplinas el vacío de una ideología y el cansancio del poder, derivaciones inevitables de quien se creyó omnímodo, hegemónico, partido único, y pensó que todo podía valer porque no habría poder, ni político ni legal, que tumbara sus desvaríos. Que sí, que los excesos de los fondos de reptiles nacen del mismo hábito que los excesos de los estatutos de Autonomía, que tantos años consumió la vida política en Andalucía.

Fue aquella la época de las «competencias exclusivas» y lo interesante ahora es contemplarla en paralelo con el fondo de reptiles, que es otra forma de interpretar que, digan lo que digas las leyes y las normativas, nadie puede inmiscuirse en la gestión de una autonomía. ¿El flamenco? Competencia exclusiva de la Junta. ¿El Guadalquivir? Competencia exclusiva de la Junta. ¿Las subvenciones a las empresas? Competencia exclusiva de la Junta. ¿Las prejubilaciones y los ERE? Competencia exclusiva de la Junta. Para las primeras, el Estatuto de Autonomía en el que de nada servía la lógica constitucional que, simplemente, impone que aquellos recursos, como el agua, que afectan a varias comunidades autónomas deben ser de competencia estatal. Para las segundas, un fondo opaco de reptiles que pudiera obviar las exigencias europeas que impedían que las ayudas a las empresas en crisis vulnerasen la libre competencia del mercado.

Ahora que toda esa política ha acabado en los tribunales, los eres y el río, la reflexión tendría que alejarse de los asuntos concretos y planear, desde lo alto, en la equivocación primera, que no es otra que la de haber eliminado el interés ciudadano de la gestión de los asuntos públicos. Ni las prejubilaciones amañadas ni las competencias exclusivas obedecen a necesidades de la sociedad andaluza, sino a las exigencias internas de un partido, a las argucias y a los atajos, para mantenerse en el poder. Que ya ven que el presidente de la Junta, cuando ha leído la sentencia, sólo se le ha ocurrido pedirle una reunión a Zapatero, como hicieron los nacionalistas catalanes, para buscar un medio de burlar lo que acaba de decidir, por unanimidad, el Tribunal Constitucional. Que nadie espere una rectificación de quien cometió el abuso.

Que sí, que todo esto forma parte de lo mismo. Y la pena es que no haya un tribunal en España que pudiera tumbar también la ridiculez pomposa del preámbulo, que cada vez que lo leo se clava en la vergüenza ajena como una espada: «La interculturalidad de prácticas, hábitos y modos de vida de Andalucía se ha expresado a lo largo del tiempo sobre una unidad de fondo que acrisola una pluralidad histórica, y se manifiesta en un patrimonio cultural tangible e intangible, dinámico y cambiante, popular y culto, único entre las culturas del mundo». Por favor, una ley, un tribunal, un algo en España que nos libre de la cursilería política, además de los abusos. Que las generaciones venideras igual no hacen distingos entre ciudadanos y gobiernos.

Pena de muerte

Dice la consejera de Justicia: «A mí me llevan a votar la ley en que se asesine personalmente a los asesinos de tu hija y la voto, pero un responsable político no puede hacer eso». Bien. Obviemos, antes que nada, la expresión del «asesinato personal», pensemos que se trata de una ligereza, un lapsus o un error en la transcripción, porque a ver qué otro tipo de asesinato existe que no sea personal, como si fuera posible un asesinato que no afectara a la persona a la que se asesina. En fin, un absurdo propiciado, seguramente, por la extraordinaria dificultad del asunto que se trata y, sobre todo, por las limitaciones y prejuicios con los que la clase política se enfrenta siempre al debate sobre la cadena perpetua para determinados delitos que provocan una extraordinaria alarma social. La consejera de Justicia andaluza, Begoña Álvarez, sin embargo, se desembaraza de las respuestas de manual y revela que si ella, como diputada, tuviera que votar en el Parlamento una ley que condene a muerte a los asesinos de una hija suya, lo haría sin pensarlo ni un instante. Y añade, «pero un responsable político no puede hacer eso».

Hay que reparar en lo subliminal de la frase porque, en buena medida, todo el debate sobre el cumplimiento íntegro de las penas de cárcel se plantea siempre sobre la misma falsa presunción: que la sociedad se deja llevar por la pasión, por la ira, por la desesperación, mientras que la clase política, que es responsable y equilibrada, está obligada a frenar ese ímpetu irracional. ¡Qué insulto a los padres que han tenido las agallas de tragarse las lágrimas y ponerse delante de un micrófono para pedir serenidad y justicia! Ni los padres de Mari Luz ni los de Marta del Castillo han pedido jamás, como dice la consejera, «asesinar con sus manos» a los que secuestraron, abusaron y mataron a sus hijas. Hasta el momento, lo que han demostrado en España las familias afectadas por una de estas tragedias es una impresionante serenidad, reflexión y mesura.

No, no se les puede presentar, aunque sea inconscientemente, como salvajes porque lo que piden es lo que ya existe en muchos países desarrollados, cadena perpetua. Que si a los asesinos de sus hijas los condenan en su día a cien años de cárcel, que no acaben reduciéndolos a quince años por los beneficios penitenciarios. Y con informes psiquiátricos que revelan que ha sido sometido sin éxito alguno a los programas especiales de rehabilitación de delincuentes sexuales. Porque ésa, y no otra es la paradoja, saber que hay psicópatas que no se rehabilitarán jamás y, sin embargo, se les aplica el derecho constitucional a reinsertarse en la sociedad.

La consejera de Justicia ha llegado al Gobierno andaluz y, en muchas cosas, ha entrado como aire nuevo, brisa fresca en este sopor. Se la ve con ganas, con ideas, con determinación. Ha abierto las ventanas y se ha arremangado la camisa. Está bien. Pero el ímpetu no es nada sin reflexión, sin lógica. Que aproveche la cercanía de Espínola para repasar el Flamenco de Ley, que ahí encontrará la lógica que piden los ciudadanos y que, a veces, incluso comparten los propios asesinos: «Por celos la maté/ loco perdío me tenía./ Ahora está en la losa fría/ y yo en la cárcel estaré/ pa los restos de mi vía».

Espejismo

Cuando descolgó el teléfono, no hubo tiempo para formalismos. «Oye, Vidal, que la Audiencia dice que el maletín de los Ollero no tiene dueño, así que no saben qué hacer con él. Ollero lo ha pedido, y también la familia de Llach, porque dicen que si no hay delito, lo normal es que le devuelvan el dinero…» Vidal interrumpió la explicación con un golpe seco de voz. «Cómo coño van a decir que el maletín no tiene dueño. Que me lo devuelvan a mí, joder, que yo fui el que se lo encontró».

El ‘caso Ollero’, de principio claro y final ignominioso, nos ha dejado otra sentencia memorable. «El maletín del dinero no tiene dueño». Ahí es nada. Rebobinemos: Una madrugaba de julio, José Antonio Vidal, jefe de la Policía Judicial, detuvo a la entrada de Sevilla al intermediario Jorge Ollero cuando volvía de Madrid de cobrarle una comisión a los dueños de la constructora Ocisa por la adjudicación de una carretera en Málaga. Todo esto, que nadie lo ha negado, se perdió en la nebulosa de lo presunto porque, anuladas las escuchas telefónicas, la investigación se vino abajo. Todos presuntos, todos absueltos. Nadie condenado.

El problema grande que tenía esa sentencia absolutoria es que el ‘caso Ollero’, a diferencia de otros casos de corrupción, es el único en el que la investigación policial concluía con la prueba palpable del delito: el maletín con el dinero. En derecho existen, junto a las pruebas ordinarias, fehacientes, las pruebas indiciarias, aquellas que se sustentan, según algunas interpretaciones de la doctrina jurídica, «en indicios, conjeturas, señales o presunciones más o menos vehementes y decisivas, aceptadas por el juez como conclusión del orden lógico y por derivación o concatenación de los hechos».

¿Podría pensarse que el maletín era una prueba indiciaria de gran valor? Aun asumiendo que todas las escuchas quedan anuladas; aun cuando los procesados se negaran a declarar en el segundo juicio (en el primer juicio admitieron algunos hechos), parece claro que el maletín tenía que haber salido de alguna parte.

Pensémoslo al revés. Si el maletín no es una prueba indiciaria, si no forma parte de ningún delito, lo lógico es que tenga dueño, un legítimo propietario. Pero entrar en eso, ay, hubiera supuesto tanto como admitir la incapacidad de la Justicia para esclarecer el caso. Por eso este final de risa: «El maletín debe tener el destino de las cosas que no tienen dueño, la Hacienda Pública». Ahí quedó.

El maletín, pues, cayó del cielo aquel día que Vidal detuvo a Ollero. Cayó del cielo justo en el interior del coche del intermediario. Y se pierde ahora en el espeso mundo «de las cosas que no tienen dueño». Como metáfora del magma inabarcable de la Hacienda pública, no está mal. Aunque uno hubiera preferido que el maletín se lo dieran a Vidal. Que para eso se lo encontró aquella noche de verano en la que nada era lo que parecía. Todo era un espejismo.