Castrados

Debe parecerles el Constitucional como el lobo del cuento, que desde hace semanas enseña la patita enharinada por debajo de la puerta a ver cuál es la reacción de los tres cerditos, coincidencia casual del tripartito. Sí, porque lo que parece es que el Tribunal Constitucional no se atreve a hacer pública la sentencia del Estatut que mantiene guardada desde hace meses, o años, quién lo sabe, y se filtran algunos aspectos, globos sonda para ir atemperando la ira, la desafección, para ir acostumbrando el cuerpo a la sentencia que declarará inconstitucional una parte sustancial del Estatuto de Cataluña.

A principios del verano, en la primera remesa de filtraciones, se dijo que la sentencia recortaría las exigencias –imposiciones– catalanas de financiación ya que el Constitucional ya se había pronunciado al respecto en marzo de 2007. Se referían al pleito andaluz de la ‘deuda histórica’, cuando el Constitucional dejó sentado que es el Estado quien «tiene la competencia exclusiva para configurar el sistema de financiación de las comunidades que considere idóneo». Ahora, en esta asegunda remesa de filtraciones de la sentencia, se afirma que el Constitucional tiene decidido la inconstitucionalidad del «deber de todos los ciudadanos de conocer el catalán» y del concepto de nación, que conduce a establecer «relaciones bilaterales» con el Estado.

La primera enseñanza de un Estado de Derecho consiste en saber que nadie, ningún ciudadano, ningún colectivo, ninguna institución, está por encima del imperio de la ley. Ocurre, sin embargo, que, para burlar este principio elemental de una democracia, la reforma del Estatuto catalán, con la complicidad del Gobierno de Zapatero, ha estado forzando la legalidad desde el primer instante de la reforma. Se trataba, sencillamente, de imponer la política de los hechos consumados. De ahí, el ridículo del Constitucional, que no se atreve a hacer pública una sentencia, y de ahí las amenazas de la clase política catalana, contrarias a aceptar cualquier recorte del Estatut.

Había otro camino, claro, el mismo camino que se recorrió cuando se diseñó en la Transición el sistema autonómico y el Estado se garantizó su propia pervivencia con dos normas elementales: El recurso previo de inconstitucionalidad y la ley de los referéndums.

El primero garantizaba que cualquier estatuto o ley autonómica no se pudiera aprobar si previamente el Tribunal Constitucional no certificaba su legalidad. Lo segundo, la ley de referéndums, aprobada por UCD y el PSOE para frenar el proceso autonómico, establecía que los estatutos de autonomía tenían que superar un referéndum de máximos, con más del cincuenta por ciento de síes sobre el censo electoral, no sobre los votos emitidos.

Pasado el tiempo, cerrado el mapa autonómico, las dos medidas se eliminaron. Si se hubieran activado con la segunda oleada de reformas de estatutos, que es lo que se le exigía al Gobierno, ni el estatuto catalán ni el estatuto andaluz se hubieran aprobado (ni siquiera la participación –no ya los síes– llegaron al 50 por ciento). Ahora, tres años después, el Constitucional es un tribunal desacreditado y vilipendiado, y la clase política catalana es un triquitraque de barbaridades antidemocráticas.

Victoria Prego, en una de las remesas de filtraciones, comparó la sentencia sobre el Estatut con la ‘castración química’. Bien, pues ya veremos al final quién resulta castrado.