El Blog de Javier Caraballo

Javier Caraballo es periodista de EL MUNDO. Es redactor Jefe de Andalucía y autor, de lunes a viernes, de una columna de opinión, el Matacán, sobre la actualidad política y social. También participa en las tertulias nacionales de Onda Cero, "Herrera en la Onda" y "La Brújula".

18 marzo 2011

Con Ere de Río



Que sí, que todo forma parte de lo mismo, consecuencias encadenadas de un modo de entender el poder, de un intento baldío de rellenar con nacionalismos, paridades y pamplinas el vacío de una ideología y el cansancio del poder, derivaciones inevitables de quien se creyó omnímodo, hegemónico, partido único, y pensó que todo podía valer porque no habría poder, ni político ni legal, que tumbara sus desvaríos. Que sí, que los excesos de los fondos de reptiles nacen del mismo hábito que los excesos de los estatutos de Autonomía, que tantos años consumió la vida política en Andalucía.

Fue aquella la época de las «competencias exclusivas» y lo interesante ahora es contemplarla en paralelo con el fondo de reptiles, que es otra forma de interpretar que, digan lo que digas las leyes y las normativas, nadie puede inmiscuirse en la gestión de una autonomía. ¿El flamenco? Competencia exclusiva de la Junta. ¿El Guadalquivir? Competencia exclusiva de la Junta. ¿Las subvenciones a las empresas? Competencia exclusiva de la Junta. ¿Las prejubilaciones y los ERE? Competencia exclusiva de la Junta. Para las primeras, el Estatuto de Autonomía en el que de nada servía la lógica constitucional que, simplemente, impone que aquellos recursos, como el agua, que afectan a varias comunidades autónomas deben ser de competencia estatal. Para las segundas, un fondo opaco de reptiles que pudiera obviar las exigencias europeas que impedían que las ayudas a las empresas en crisis vulnerasen la libre competencia del mercado.

Ahora que toda esa política ha acabado en los tribunales, los eres y el río, la reflexión tendría que alejarse de los asuntos concretos y planear, desde lo alto, en la equivocación primera, que no es otra que la de haber eliminado el interés ciudadano de la gestión de los asuntos públicos. Ni las prejubilaciones amañadas ni las competencias exclusivas obedecen a necesidades de la sociedad andaluza, sino a las exigencias internas de un partido, a las argucias y a los atajos, para mantenerse en el poder. Que ya ven que el presidente de la Junta, cuando ha leído la sentencia, sólo se le ha ocurrido pedirle una reunión a Zapatero, como hicieron los nacionalistas catalanes, para buscar un medio de burlar lo que acaba de decidir, por unanimidad, el Tribunal Constitucional. Que nadie espere una rectificación de quien cometió el abuso.

Que sí, que todo esto forma parte de lo mismo. Y la pena es que no haya un tribunal en España que pudiera tumbar también la ridiculez pomposa del preámbulo, que cada vez que lo leo se clava en la vergüenza ajena como una espada: «La interculturalidad de prácticas, hábitos y modos de vida de Andalucía se ha expresado a lo largo del tiempo sobre una unidad de fondo que acrisola una pluralidad histórica, y se manifiesta en un patrimonio cultural tangible e intangible, dinámico y cambiante, popular y culto, único entre las culturas del mundo». Por favor, una ley, un tribunal, un algo en España que nos libre de la cursilería política, además de los abusos. Que las generaciones venideras igual no hacen distingos entre ciudadanos y gobiernos.

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