Perseguidos

Un gerifalte policial pregunta intrigado: «¿Por qué ha decidido el PP ponerse en contra a todos los policías, los guardias civiles y los fiscales, si resulta que en uno de esos cuerpos la mayoría de gente comulga con el Partido Popular?» Se refiere a las denuncias de estos días en las que dirigentes del Partido Popular afirman que, por instrucciones del gobierno, los policías, los guardias civiles y los fiscales están sometiéndolos a una persecución indecente en toda España. «No sé, exactamente, a qué se refieren –prosigue el gerifalte– pero lo que está claro es que la mayoría son simpatizantes del PP y no entienden que utilicen su culo para darle una patada al Gobierno».

Ciertamente, aunque los sindicatos policiales han tenido desde el origen una inclinación natural hacia izquierda, en la actualidad el reiterado incumplimiento de las promesas de mejoras con la que el PSOE llegó a La Moncloa –olvidos y engaños que se convierten en insultos porque policías, guardias civiles y militares siempre son los últimos de la lista– les ha llevado a un enfrentamiento abierto con el Gobierno de Zapatero. Igual puede ocurrir en la Guardia Civil, con el agravante de la decepción por las mentiras del proceso de paz, y para qué hablar de la Fiscalía, donde la asociación mayoritaria es la conservadora, al igual que en la judicatura. En definitiva, que, al menos en teoría, como dice el gerifalte, la denuncia del PP nos lleva a una contradicción conceptual y política: la mayoría policías, guardias civiles y fiscales votarían al Partido Popular pero, a diario, trabajan en contra del Partido Popular. ¿Están, por tanto, equivocados? Quizá ni una cosa ni la otra. Veamos.

Parece evidente, por un lado, que las estrategias del PP suelen ser toscas, ‘manca finezza’, y en este caso la generalización a todos los agentes, a todos los fiscales, es una torpeza evitable: se trataría sólo de culpar al Ministerio del Interior y, en todo caso, a las cúpulas policiales. De la misma forma, extender la denuncia a toda España, a todos los cargos públicos del PP, es un exceso evidente: se trataría de resaltar sólo los cinco o diez casos constatables sin caer en la denuncia de un ‘Estado policial’, como se ha dicho.

La eficacia en la comunicación política no consiste en el exceso, en el exabrupto, en el trazo grueso. Y esta lección debería aprenderla el PP cuando, como es el caso, lo que está acreditado es que el PSOE, sobre todo cuando está en el Gobierno, es capaz de utilizar todos los resortes a su alcance para neutralizar al contrario. ¿Es probable que Interior haya grabado conversaciones a dirigentes del PP y las haya filtrado a la prensa amiga? Sí, claro, y no sería la primera vez. ¿Es probable que el PSOE utilice la fiscalía en su exclusivo interés político, más de lo que lo haría el Partido Popular? Desde los episodios de ‘El Pollo del Pinar’ cuando el GAL, no hay dudas. ¿Y es probable que el PSOE fuerce la detención de algunas personas, rivales políticos, más allá de la legalidad? Sí, claro, y tampoco sería la primera vez. ¿Y es probable que el PSOE niegue las acusaciones y que logre, además, invertir los términos, con la fuerza de su maquinaria mediática, y convertir la polémica en un arma de desgaste de quien denuncia? Desde el ‘espionaje’ andaluz, o sea, todo está dicho: el espiado acabó sentado en el banquillo y los que le espiaban, con la pose del orgullo herido, lo acosaron con querellas.

Lo cual que, sumando todas las respuestas, bien haría el PP en considerar que su ‘manca finezza’ y la falta de pruebas contundentes, puede acabar convirtiendo este asunto en un serio problema para ellos mismos.