Mentiras y gordas

Cuando el juicio de las facturas falsas de Sevilla, pasó inadvertido, entre la escandalera mayor de la mangancia, la peculiar composición que tenía el distrito municipal en el que se amañaron los cobros por obras públicas que no existían. Es llamativo: había dos funcionarios y 25 colaboradores contratados por el PSOE. Es fácil imaginarse la escena, los dos pobres funcionarios, arrinconados en una esquina de la oficina municipal, invitados incómodos al trajín de todos los días, molestos testigos de vista del continuo hacer y deshacer de los cientos de miles de euros que llegaban hasta ese distrito para repartir entre la clientela partidaria y camuflarlos luego con proyectos inexistentes.

En su sentencia, el juez Francisco Gutiérrez no pasa por alto la peculiar composición de la oficina ya que, como señala, el imperio de los colaboradores en una oficina municipal es el triunfo de la arbitrariedad y el sectarismo frente a la intervención, el control y el procedimiento reglado en el manejo de los fondos públicos. Era tal el caos administrativo en el distrito –caos consciente, desde luego– que ha sido incluso determinante en el juicio porque no existían pruebas documentales de casi nada, ni expediente de por qué se contrataban unas empresas y no a otras, ni informes sobre el destino de las inversiones ni inspecciones de la ejecución de las obras. Como por desgracia ese barullo consciente no estaba sometido a juicio, el magistrado se limita a mostrar en la sentencia su perplejidad de funcionario público. «No corresponde a este magistrado calificar jurídicamente la decisión del Ayuntamiento de instaurar ese procedimiento para contratar y ejecutar esas obras (…) pero sí constatar la directa relación que ha existido entre ese proceder sin control ni intervención de los funcionarios con la aparición de los comportamientos ilícitos».

Ocurre, además, que después de saber cómo funcionan las cosas en esa oficina del Ayuntamiento de Sevilla ya podemos ir haciéndonos una idea de cómo está el patio. Que si esto pasa en Sevilla, cómo no será lo que ocurre en la Junta de Andalucía, ese magma impenetrable, inmenso, inabarcable. Ahí está, de hecho, el último informe de la Cámara de Cuentas. No hay modalidad de contrato ejecutado en la Junta que no esté manchado por la sospecha del chanchullo, de la fullería, del amiguismo. Dicen los auditores que todos los tipos de contratos públicos, ya sean concursos, subastas o contratos negociados, presentan algún tipo de anomalía. Y siempre se trata de lo mismo: opacidad, arbitrariedad y discrecionalidad en las adjudicaciones, que es, precisamente, lo contrario de la transparencia, el rigor y la independencia que debe caracterizar a la Función Pública en un país desarrollado, civilizado.

Luego vendrán con el respeto a las instituciones y a las ‘reglas del juego’… Ya ven, cuando esta falta de respeto a Función Pública supone demoler uno de los pilares esenciales de un Estado de Derecho. Aquí, como en otras facetas de la vida, todo es pura apariencia. Como en la peli de estos días, mentiras y gordas.