Perpetuas (y 2)

Aunque suene extraño, no fue España el último país de Europa en abolir la pena de muerte. Llevaba el dictador varios años enterrado y la pena de muerte abolida en la Constitución española cuando François Mitterrand lo incluyó en su programa electoral. La historia del último condenado a muerte en Francia es llamativa. Se trata de Philippe Maurice, condenado a muerte por el homicidio de un policía en 1980, justo cuando Mitterrand caminaba hacia el Elíseo. Al año siguiente de ser condenado, le conmutaron la ejecución por una cadena perpetua. A los quince años de estar en prisión, el homicida ya era otro tipo bien distinto: se había doctorado en Historia Medieval. Al poco, ya se le reconocía como historiador y las editoriales publicaban sus investigaciones. Desde el 2000 está en libertad.

De condenado a muerte a investigador, el viejo zorro que fue Mitterrand no podría haber diseñado una propaganda mejor para la abolición de la pena de muerte en Francia. Pero lo más curioso es que, pese a ejemplos tan espectaculares como el de Philippe Maurice, el debate sobre la pena de muerte no se ha acabado en Francia. Hace un par de años, por ejemplo, un grupo de presos franceses, condenados a cadena perpetua, publicó en la prensa francesa una carta conmovedora solicitando el restablecimiento de la pena de muerte: «La cadena perpetua es una lenta ejecución. Preferimos un fin inmediato antes de que nuestras vidas se cocinen a fuego lento».

Ahora que en España, la sociedad clama por la instauración de la cadena perpetua, la clase política gobernante, en vez de cerrar las puertas a cualquier debate, tendría que promoverlo, fomentarlo en todos los foros. Entre otras cosas, porque habrá pocas controversias públicas tan lastradas de falsedades, prejuicios y complejos. En los dos sentidos, además. Como la falsedad de asociar la cadena perpetua con una sociedad incivilizada, cuando, como queda claro, casi todos los países de nuestro entorno (Reino Unido, Francia, Italia, Alemania o Austria, como acabamos de ver con el ‘monstruo’ de Amstetten) la incluyen en su legislación. O como la falsa creencia de que el cumplimiento de las penas en España es cada vez menor cuando todas las estadísticas señalan lo contrario. De hecho, desde la entrada en vigor, hace casi quince años, del nuevo Código Penal (que derogó el del franquismo) la estancia media en prisión de la población reclusa se ha duplicado, ya que se redujeron los beneficios penitenciarios y la concesión de la libertad condicional mientras que, a la vez, se impuso el cumplimiento íntegro de las condenas (hasta el tope de treinta años) en los casos de terrorismo.

La ‘cadena perpetua’, con la revisión posible de las condenas cada quince o veinte años para el caso de que aparezcan nuevas pruebas judiciales o de una espectacular reforma del delincuente, como le ocurrió a Philippe Maurice, debería ser una consecuencia lógica a las demandas actuales de la sociedad española y a la alarma social que se genera con crímenes espeluznantes como el de Marta del Castillo. Y antes que nada, un debate abierto para aclarar conceptos y desterrar falsedades. Si el personal político anda buscando alicientes para la campaña de las europeas de junio, miren qué sugerencia: ¿Por qué no se aprovechan esas elecciones para, el mismo día, celebrar un referéndum en España sobre la cadena perpetua?