Inherente

Los miembros de la cuota socialista del Consejo Audiovisual andaluz tienen tan confundidas las identidades de las cosas, el globo en el que viajan los ha alejado tanto del suelo de la realidad,
que ya ni saben cuáles son las características personales y cuáles son las profesionales. Piensan, por ejemplo, que el abuso, el dispendio, el desahogo, la desvergüenza, la mediocridad, la prepotencia, el pijerío, la buena vida o la vagancia son características inherentes a un cargo público. Y no claro, todo eso son características, valores, inherentes a la persona, a cada cual, con independencia del sitio en el que esté, público o privado, y del cargo que ocupe. A algunos, por ejemplo, no hay más que mirarlos a la cara para saber que, ya sean consejeros o ya sean catedráticos, ya estén en una productora o en una redacción, van a intentar siempre vivir del cuento, vivir muy bien del cuento, y no darle un palo al agua. Otros, en cambio, que nunca han sido así, que no les hace falta arrastrase ni comer de gañote en un restaurante, tendrían que desengancharse de ese nido cínico y caradura si no quieren que acaben confundiéndolos a todos.

Las únicas características inherentes a un cargo público son las que se especifican en la ley correspondiente. En el caso del Consejo Audiovisual, las características inherentes son aquellas que jamás se han cumplido, como la independencia ­­­-que no se cumple en ninguno de los casos­-, el prestigio profesional y la cualificación -ausente en muchos de los consejeros-. La Ley lo recoge por dos veces, en el preámbulo y en el articulado, en concreto los artículos 5.3 y 8.1: “Los miembros del Consejo Audiovisual de Andalucía serán elegidos entre personas de reconocido prestigio profesional en el ámbito de la comunicación audiovisual, científico, educativo, cultural o social (…) y actúan con plena independencia y neutralidad y no están sometidos a instrucción o indicación alguna en el ejercicio de sus funciones”.

Cuando, como es el caso del Consejo Audiovisual, se comienza vulnerando la Ley en el Parlamento y se elige a los miembros por cuotas políticas, reproduciendo en los órganos de control la composición parlamentaria, se comete un fraude de ley que invalida todo lo que venga a continuación. Se vista como se vista, se llame como se llame, siempre será un órgano más al servicio del Gobierno y acompasará sus dictámenes al interés y a la orden de la mayoría parlamentaria.

Haber pasado del fraude de ley al despilfarro en los restaurantes, al abuso de los coches oficiales, a las facturas sin justificar, es, desde ese punto de vista, una consecuencia inevitable de lo anterior. Cuando se suprime el mérito y la independencia como requisito previo, queda la mediocridad. Y no cabe esperar otro comportamiento de un estómago agradecido que el de saciarse. El Consejo Audiovisual, en fin, ha acabado como se presumía, es noticia en toda España por las comilonas, los mariscos y los vinos “inherentes al desempeño del cargo”, dicen. Vaya tropa.