Fiscales

«Los fiscales, ya se sabe...» Nada irrita más a algunos fiscales que esa coletilla que se añade a diario en algunas críticas contra el Ministerio Público, cuando detrás de la Fiscalía se observa la intervención directa del Gobierno. «Ya se sabe», para resumir que los fiscales, a diferencia de los jueces, están sometidos a una estructura jerárquica. «Ya se sabe», para expresar que acatan órdenes. «Ya se sabe», que los jueces son independientes y los fiscales, no...

Los fiscales, que se duelen con estas descalificaciones, tienen razón en que todo lo anterior, además de una barbaridad, además de una enorme injusticia, oculta el engaño de hacernos ver que la teórica independencia de los jueces garantiza la imparcialidad en un juicio, que es lo que interesa a los ciudadanos. Más bien al contrario, la independencia mal interpretada puede conducir al juez al abuso, a la prepotencia, lo que difícilmente ocurriría si el juez estuviera sometido a una estructura jerárquica. De hecho, si lo piensan un momento, conocerán pocos casos de fiscales procesados por prevaricación o por abusos. Esos procesos contra jueces que, en la barra de un bar, dicen aquello de «usted no sabe con quién está hablando», y se largan sin pagarle a la puta. De esos, hemos tenido ya algunos en Andalucía.

De todas formas, aceptando todo lo anterior, no parece que el malestar de los fiscales esté bien orientado. Si existe esa coletilla, si existe la percepción de que «los fiscales ya se sabe», es, sobre todo, por la imagen de servilismo que ofrece el Fiscal general del Estado.

El problema no es la frivolidad del «ya se sabe», sino que el Gobierno utilice la Fiscalía del Estado para justificar sus vergüenzas y que no haya ni una sola asociación de fiscales que diga ‘hasta aquí llegó la jerarquía’. Esto último que ha dicho Conde Pumpido, por ejemplo, de que la aplicación rigurosa de la Ley de Partidos la convertiría en un «Guantánamo electoral». Con todos los matices que se quieran, es inaceptable. Es lo que quedaba por oírle en el delirante vaivén de criterios, idas y venidas, sobre las candidaturas abertzales.

Inaceptable, sí. Primero, porque la Ley de Partidos no forma parte de ningún vacío legal, ningún agujero negro de torturas y represión, ninguna isla en la que no existen los derechos humanos. Segundo, porque la Ley de Partidos, además de haber sido aprobada por una mayoría abrumadora del Congreso de los Diputados (sólo 16 votos en contra), ha sido ratificada después por el Tribunal Supremo y por el tribunal Constitucional. Y tercero, porque la ilegalización se produjo ante la evidencia, ante la constancia policial, de que ETA utiliza a Batasuna para financiarse.

«Guantánamo electoral», dice el fiscal del Estado. Si ninguna asociación fiscal dice nada hoy, lo de menos será que alguien piense que ‘los fiscales, ya se sabe’. Porque ni siquiera hace falta recordar a Luis Portero, el fiscal andaluz asesinado por esas alimañas, para decirle a Conde Pumpido que ningún ministro, nadie del PSOE, se ha atrevido a tanto.