Posible y necesario

Si tiene suerte, si tenemos esa suerte, en unos años se contará que ayer se eligió en España al mejor fiscal general de los últimos treinta años. Eduardo Torres Dulce, sí, rompe los esquemas preconcebidos para la elección de un fiscal general del Estado. Hasta ahora, lo único que se podía dar por descontado ante la elección de un fiscal general del Estado es que el designado sería alguien cercano al Gobierno, próximo a la ideología del partido mayoritario y, a veces, hasta vasallo de sus estrategias políticas. Por salirse de esa norma, la elección de Eduardo Torres Dulce es, hasta ahora, la mayor prueba que podría ofrecer el Gobierno para demostrarnos que es verdad que su intención es despolitizar la Justicia. De este fiscal, por su altura profesional e intelectual, se puede esperar cualquier cosa menos que convierta a la Fiscalía en una correa de transmisión de los intereses del Gobierno que lo ha propuesto y del partido que lo ha nombrado. El propio Torres Dulce se encargó de reseñarlo ayer en su toma de posesión como fiscal general del Estado cuando, en su discurso, dejó claro que su intención es «hacer aún más visible» la autonomía funcional y orgánica del Ministerio Público «frente a los poderes públicos y muy singularmente respecto del Gobierno».

No hará falta siquiera comparar esta altura de miras con las de aquel fiscal general del Estado que abandonaba las reuniones secretas con los implicados en los GAL escondido en el maletero de un coche. Sin necesidad de remover aquel dramático esperpento, es fácil concluir que, hasta ahora, el nombramiento del fiscal general del Estado se había convertido en el primer signo inequívoco del control que el Poder Ejecutivo y el Legislativo ejercían sobre la Justicia. Luego, con esa falsa lógica democrática que apela a la soberanía popular, llegaban el reparto por cuotas del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial y la remodelación de los nombramientos regionales y locales para adaptarlos a la ‘nueva realidad política’. Y todo ello, bien está reseñarlo, con la imprescindible colaboración de la inmensa mayoría de las asociaciones judiciales de uno y otro color político.

De todas formas, nos equivocaríamos si pensamos que la politización de la Justicia sólo es responsabilidad de los políticos. De hecho, tan importante como la despolitización es la no utilización de la Justicia. Quiere decirse que en España se ha instalado la costumbre de interpretar toda decisión judicial, ya sea de la fiscalía o de los tribunales, con un esquema mental prefijado, un esquema político. Es un mecanismo fácil de aplicar: Se etiqueta a jueces y fiscales y luego se interpretan todas sus decisiones en función de ocultas maniobras de conspiración política. Y como siempre será más creíble el alambicado proceso de una conspiración que la normalidad de las cosas, el éxito de difusión está asegurado.

Esa es la utilización de la Justicia, tan dañina para la imagen del Tercer Poder como la politización de los gobiernos, y tan miserable hacia quienes defienden día a día su independencia sin atender jamás a otro criterio que a su profesionalidad. Existen, evidentemente, algunos jueces y fiscales dispuestos a servir al poder político, sin rubor alguno, pero muchos otros defienden, calladamente, aquello en lo que creen, la independencia de los tribunales, la imparcialidad de las fiscalías. Entre esos últimos está Torres Dulce. Ayer dijo eso de que su objetivo será hacer más visible la autonomía de la Fiscalía respecto del Gobierno. Luego añadió que ese objetivo es «posible y necesario». Pues eso, que si tiene suerte, si tenemos esa suerte...