Desvarío

¿Cuándo fue, cuándo ocurrió que los abogados, algunos abogados, comenzaron a cuestionar la presunción de inocencia? No fue de un día para otro, fue fruto de la pérdida de valores y quizá también de la fuerza de una marea populista, que no debe haber fuerza en este mundo que tenga un poder de desgaste mayor que esa ola que lo arrasa todo. Fue tras un juicio, el de una joven asesinada en Sevilla, Marta del Castillo. El asesino y sus compinches ocultaron el cadáver, lo hicieron desaparecer, supieron engañar a la Policía y, luego, utilizaron las garantías que un Estado de Derecho le concede a los acusados para zafarse de todos los interrogatorios, de todas las indagaciones. Nada nuevo, porque nada nuevo se puede esperar de la inmundicia, pero en aquel caso resultó especialmente desalentador porque aquel asesino y sus compinches se burlaron de toda la sociedad que, entristecida, pedía Justicia. Luego llegó el juicio y como la mayor prueba de cargo era la indignación social, la sentencia determinó que sin pruebas fehacientes, con testimonios contradictorios, sólo se podía llegar a la acusación de asesinato del único acusado que había confesado el crimen. Sobre todos los demás, prevaleció la presunción de inocencia. Fue entonces, cuando algunos abogados se olvidaron de aquello que ya nos dejaron en herencia los romanos, hace dos mil años: In dubio pro reo.

¿Cuándo fue, cuándo ocurrió que los políticos, algunos políticos, comenzaron a renegar de las leyes que ellos mismos aprobaban? Fue entonces, tras aquel juicio de Marta del Castillo, cuando la sociedad, gran parte de la sociedad, se volvió contra los jueces por la sentencia de Marta del Castillo. Los culpaban a ellos, a los jueces y a los fiscales, a la Justicia en general, de haber dejado en libertad a aquellos que, previamente, todo el mundo consideraba culpables, aquellos que se burlaron de todos. Nadie salió en defensa de la Justicia porque en aquel momento de irritación parecía una temeridad recordar que los jueces aplican las leyes que aprueba el poder legislativo, y que imponen las condenas que se delimitan en esas leyes. Nadie quiso hacerse cargo de la frustración que supuso aquel juicio, nadie quiso asumir el error de muchas leyes. Fue entonces cuando los políticos, algunos políticos, sembraron un rastro de duda sobre la Justicia. Quizá por comodidad, quizá por cobardía. Pero lo hicieron.

¿Cuándo fue, cuándo ocurrió que los periodistas, algunos periodistas, comenzaron a censurar las garantías de un Estado de Derecho? Tal vez fueron los primeros que comenzaron esta cadena de despropósitos; los primeros en cuestionar la sentencia, los primeros en dictar sentencia sin haberse celebrado el juicio. Confundieron el clamor social con la Justicia, pensaron que la única sentencia justa sería aquella que pudiera satisfacer la condena social. Fue entonces cuando el Estado de Derecho se convirtió para muchos en una incomodidad, y las garantías procesales en una excusa de tiquismiquis.

¿Cuándo fue, cuándo ocurrió que la sociedad, gran parte de la sociedad, comenzó a calcular el acierto de volver al ojo por ojo y diente por diente? No fue de un día para otro. Sencillamente, el desvarío, la radicalidad, se impuso como única razón para afrontar los acontecimientos. Todo lo demás, la involución, aún está por llegar.