De la oscuridad

El descontrol y la opacidad no son defectos inconscientes en una administración pública. No es la incapacidad, ni siquiera la ineficacia o la torpeza las que conducen al descontrol y a la opacidad; quien traza ese camino lo hace consciente de ir sembrando una selva ininteligible de palabras y conceptos en la que nadie pueda adentrarse. El laberinto de palabras con el que se escribe a diario el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía no ha sido fruto de la imbecilidad sino del cinismo; es una técnica asentada para disimular la arbitrariedad, el sectarismo y el enriquecimiento. Quien ha escrito en ese boletín oficial una orden para conceder subvenciones millonarias a una empresa capaz de crear «una masa crítica que le permita generar conocimiento tecnológico y diseñar una oferta de actuaciones que tenga repercusiones en la capacidad innovadora de las empresas andaluzas», lo ha hecho consciente de que esa generalidad inabarcable es una excusa perfecta para otorgar millones a quien se quiera. Gracias a esa ambigüedad, una fundación o una empresa o una asociación creada ad hoc recibe cientos de miles de euros. Esa retahíla de antes sirvió para conceder un millón de euros a un tipo de Jaén al que nadie habrá reclamado cuentas ni resultados; es sólo un caso, la expresión literal de cómo se confecciona un engaño, pero la misma filfa se ha utilizado, desde hace treinta años, para derramar una cantidad de dinero público que ya nadie es capaz de calcular.

Ahora, aquí, en plena crisis, ésa es la realidad que nos envuelve. Ajenos a la exigencia severa de recortes en el gasto innecesario del dinero público, se siguen aprobando subvenciones con la Ley de la Economía Sostenible «para impulsar la sostenibilidad de la economía, guiada, entre otros principios, por la extensión y mejora de la calidad de la educación». Aquí, en plena ruina de fracaso escolar.

Hace unos días, la defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, pidió a los poderes públicos una reflexión sobre el despilfarro constante, continuo, del dinero público; un derroche, ha dicho, «que escandaliza a los ciudadanos» y que representa «un clamor en la calle», «deudas que habrán de pagar las futuras generaciones». Y ha pedido al Ministerio de Justicia que estudie las posibilidades de incluir el despilfarro en el Código Penal; el despilfarro, sí, la negligencia, la barbaridad de seguir empleando el dinero que nos debe sacar de este agujero en el enriquecimiento de unos pocos. Lo ha proclamado en el Congreso y sólo ha logrado una estela de silencio. Nadie ha contestado. Ningún partido político se ha sumado a la idea, ningún dirigente la ha hecho suya, ningún candidato ha prometido incluirla en su programa electoral. Silencio para quien exige medidas severas para acabar con el despilfarro, «una de las causas determinantes de la crisis».

De nada servirá limitar el déficit público si, previamente, no existe un compromiso radical para evitar que el dinero público se pierda por el desagüe del despilfarro, que es una forma de corrupción legal en España, en Andalucía. Que no vengan con transparencias maquilladas sobre ingresos y declaraciones de patrimonio que sólo interesan al morbo, al voyeurismo de lo privado. Hasta que no se despeje esa oscuridad consciente de los boletines oficiales, se estará lastrando el progreso. Esa oscuridad que ha resplandecido en tantas fortunas nuevas.