Leyes de hierro

Fue en 1990 cuando el vicepresidente de entonces, Alfonso Guerra, aprovechó unas jornadas económicas que se celebraban en Sevilla para proponer una «ley de hierro de los beneficios empresariales». Y lo explicó así: «Igual que hubo una ‘ley de hierro de los salarios’, que inventó David Ricardo, yo me pregunto si no sería el momento de pensar en una ley de hierro de los beneficios». Guerra se refería a la formulación teórica realizada en el XIX por el economista David Ricardo, que no ‘inventó’ nada, sino que formuló una explicación de por qué, en un sistema capitalista (sobre todo en el capitalismo de entonces), los salarios de los trabajadores tienden siempre a fluctuar sobre un nivel de subsistencia. A esta teoría suya la llamó ‘ley de bronce’ o ‘ley de hierro’, según versiones, y Guerra rescató la idea para sugerir que también a los beneficios empresariales había que ponerles un tope: ley de hierro para los ricos. La sugerencia duró poco. Felipe González, que esta en Roma esos días, en una cumbre para aprobar algunas medidas liberalizadoras en la Unión Europea, frunció el ceño y contestó con displicencia. «No puede ser... Será una figura literaria que ha empleado el vicepresidente». Luego Solchaga, que era ministro de Economía, redondeó la negativa: «Nunca propondré al Consejo de Ministros una ley que suponga una limitación de los beneficios empresariales». Y ahí se acabó la ‘ley de hierro’ de Guerra.

Ahora, veintiún años después, con cinco millones de parados en la calle, el PSOE quiere afrontar las elecciones con la misma estrategia, esta vez limitada a los banqueros, que tienen peor prensa y pueden ser más rentables en la refriega. Ya verán, además, cómo en Andalucía, la avanzadilla contra los ricos y opulentos que ya se inició hace algunos meses con los correspondientes impuestos a la banca y a las rentas altas, el discurso prende pronto y se convierte en eje de campaña. ‘Así es como se recupera el voto de la izquierda’.

Pero cualquiera que se detenga un momento en la propuesta, acabará enredándose en el disparate. ¿Cómo es posible que se quiera gravar con más impuestos al mismo sector que se ha mimado durante toda la crisis con cientos de millones de euros porque se considera que su estabilidad es vital para evitar la quiebra del país? ¿El nuevo impuesto se cobraría con cargo al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que sigue en vigor? ¿Y cómo se va a impedir que los directivos de un banco ganen «mil veces más» que los ordenanzas de esa entidad financiera? ¿Puede exigir el mismo derecho un futbolista de Tercera División, cuya desproporción salarial con Cristiano Ronaldo es muy superior a la de los banqueros con sus empleados?

Recetas de hace veinte años, que se refieren a teorías económicas del siglo XIX, para aplicárselas a un país miembro de la Unión Europea, dentro de un mundo globalizado. La renovación del socialismo, de la izquierda europea, no puede suponer nunca el regreso al siglo XIX.