José Guerrero

Nada tan obstinado como la persistencia de la clase política para el control y la destrucción de la sociedad civil. Nada tan dañino para una democracia como ese intento pertinaz, tantas veces soterrado, por destruir cualquier movimiento público que se escape del control institucional y de las directrices de un partido político. Nada tan grosero como el camuflaje de un supuesto ‘interés público’ con el que se revisten las embestidas continuas, demoledoras, de la clase política contra los tímidos intentos de la sociedad civil. Porque se trata de todo lo contrario, porque la sociedad civil, la voz de los ciudadanos, es un requisito imprescindible para el funcionamiento de cualquier democracia; un pre-requisito democrático, como se menciona en los manuales de Ciencia Política. Nada tan evidente como esa artimaña. Y eso es lo que está ocurriendo en Granada con el acoso y destrucción del Centro José Guerrero.

Hablo de sociedad civil, de ciudadanos, porque no es de arte de lo que se trata, no es la valoración de la obra pictórica de este pintor granadino que tiene cuadros colgados en el Guggenheim de Nueva York o en el Reina Sofía de Madrid. Nadie cuestiona el valor de los sesenta cuadros que la viuda del pintor donó a la Diputación de Granada para que se abriera un centro con su nombre en la capital que lo vio nacer. La familia podría haber hecho caja con esos cuadros, asegurar el porvenir de los herederos, pero cometieron el disparate de generosidad de donarlos a una institución pública pensando que se volcarían en la preservación de ese patrimonio, que lo mimarían con el orgullo de la ciudad. Y no ha sido así. El objetivo de la Diputación de Granada sólo es el de controlar aquello que piensa que le pertenece, destruir la independencia del Centro José Guerrero para integrarlo, manejarlo, controlarlo y, para ello, diluirlo, enfrascarlo, en una entidad mayor, una fundación más amplia en la que el legado generoso de la familia sólo sea una parte, una sala, sin la notoriedad, sin el orgullo, con el que sus herederos querían recordar por siempre al pintor. «Resulta tristemente inexplicable», dicen los tres asesores de la Fundación que acaban de dimitir ante el atropello, sin saber todavía muy bien cómo es posible que una familia que done a una ciudad los cuadros de un pintor internacional y reciba como pago «desconsideraciones, impertinencias y calumnias, que hirieron en lo más hondo a la hija del pintor, Lisa, en sus últimos meses de vida».

Dicen las crónicas que la Junta de Andalucía se ha puesto de lado en el conflicto, que lo único que se les ha oído decir es que el Gobierno andaluz «no pinta nada» en esa historia. Es normal, cuando se trata del control político de una institución cultural independiente, la Junta de Andalucía no pinta nada porque ya la Diputación de Granada se ha encargado de emborronar el cuadro con brochazos del mismo régimen. Cuando se acabe el mes, embalarán los cuadros y los mandarán a un almacén «para su devolución en el lugar y a la persona» que se indique por parte de la familia del pintor. Se acabó. No, nada hay tan grosero como ese final, esa estocada al centro José Guerrero, esa maniobra con todos los componentes de un atentado contra la sociedad civil. Y lo han conseguido, lo van a conseguir, porque hay tantas voces que se callan en Andalucía que hasta parece lógico el desastre final.