Los puntos y las íes

Seré breve, como Zapatero cuando no vende humo. La reforma planteada ahora por el Gobierno español no es un ejercicio de responsabilidad, sino una demostración de acatamiento. Las medidas planteadas no suponen un esfuerzo colectivo de la sociedad española porque el Gobierno carga el recorte del sector público sobre dos colectivos con sueldos del Estado que nada tienen que ver con la burocracia política e institucional, que es la que habría que reducir drásticamente. Y, por último, desde el punto de vista de política económica y social, lo decidido no tiene ninguna coherencia con las políticas que, hasta ayer, se decían que eran las que convenían a España para salir de la crisis. En definitiva, para lo que sí ha servido de lo ayer es para poner los puntos sobre las íes: Imposición, injusticia e incoherencia.

Imposición porque el espectáculo de las últimas semanas ha sido demoledor para la imagen de España. Ya sólo faltaba ya la ONU en la lista de instituciones y organismos internacionales que advertían a España de la necesidad de acometer reformas urgentes. La Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de España, la prensa internacional… Después de que el propio Obama llamase por teléfono a Zapatero para pedirle reformas económicas en España, ¿quién faltaba ya por pedirlo? Pues eso, la ONU. Un detalle sutil nos releva lo sucedido. La comparecencia de ayer de Zapatero en el Congreso se decidió la semana pasada con un objetivo muy distinto. Lo que hizo el PSOE fue aceptar la solicitud de Izquierda Unida que pedía que el presidente compareciera en el Congreso para explicar “qué medidas preventivas va a adoptar con el fin de frenar los ataques de los especuladores internacionales”. A esas alturas de la semana pasada, el discurso oficial era ése: somos víctimas de los especuladores internacionales, los tiburones del capitalismo. Las exigencias de Merkel, durante el fin de semana, y de Obama, el lunes, han cambiado por completo el guión.

Injusticia porque, si bien es cierto que España necesita con urgencia frenar el déficit público –además de otras reformas inaplazables- para salirnos de la ‘champions pigs’, es desolador que el recorte se le imponga a los funcionarios y a los pensionistas. Los primeros, más de ocho millones, son los únicos que, gracias a su sueldo fijo, pueden contribuir a reactivar el consumo, con lo que no se entiende el recorte; los segundos porque se van a congelar pensiones de miseria, de ochocientos euros. Es la parte más débil y por eso la ataca el gobierno. ¿Por qué no se atreve el presidente a congelar, en vez de las pensiones, el nuevo sistema de financiación de las autonomías, que firmó el año pasado y que suponía un aumento de más de once mil millones de euros? ¿Por qué en vez de recortarle a los funcionarios no suprime las diputaciones, grandes nidos de enchufados de todos los partidos?

Incoherente por que Zapatero se convierte en el primero presidente de la democracia que recorta el salario de los funcionarios, a pesar del acuerdo firmado hace sólo dos meses, y congela las pensiones por decreto, ¡decretazo!, incumpliendo una ley, el ‘pacto de Toledo’. Ahora, que venga el presidente de la Junta de Andalucía, que hace dos días llamaba antipatriotas a quienes hablaban de crisis, que hace dos días afirmaba que el recorte no sería traumático, que hace dos días garantizaba a los funcionarios que iban a cobrar más el año que viene; que venga ahora a decir lo contrario. La de la Junta de Andalucía es la imposición al cuadrado, la externa y la del partido. “El recorte será drástico y duro porque la situación es difícil y sería insensato ocultarlo”, ha dicho Zapatero. Ahora que venga Griñán otra vez con la milonga del patriotismo de la confianza y la conspiración de las malas noticias.