Bollito de leche

El propietario del último escándalo municipal de Sevilla, un concejal llamado Alfonso Mir, se volvió chulesco un día, cuando le preguntaban por la caseta de Feria que se quiso apropiar, y se sacudió de un manotazo todas las dudas legales, como si fueran migajas sobre el mantel. ¿De quién era la caseta de Feria? ¿Era particular, municipal o de titularidad compartida? “Mire usted –acabó diciendo- yo no entiendo de eso; por mí como si en vez de ‘particular’ pusiera ‘bollito de leche’”. Debe entenderse a continuación que si un tipo así, que contempla la legalidad con ese desparpajo, sigue siendo concejal de una ciudad como Sevilla, lo que puede esperarse del conjunto no sea más que una sucesión de escándalos. Como ha ocurrido en Sevilla en los últimos años.

Ahora el Tribunal Supremo acaba de confirmar la sentencia de uno de los primeros escándalos, el de las facturas falsas del distrito Macarena. Los condenados, con penas de cárcel superiores a tres años, son el ex secretario del Distrito Macarena José Marín y un contratista José Pardo, a quienes se hace responsable de los delitos cometidos de malversación y falsedad documental con los que lograron beneficiarse del cobro de obras no ejecutadas en ese distrito. No ha debido tener demasiados problemas el Tribunal Supremo para ratificar la condenado porque nada más había que ver el documento aquel, dirigido a ‘Pepi’, en el que se daban las instrucciones precisas para engordar el importe de la factura, pagar la cuenta de los albañiles y guardar el resto “en la caja fuerte”.

A donde no llega el Supremo, ni ninguna de las instancias judiciales anteriores, la Audiencia de Sevilla y el TSJA, porque no era ésa su competencia ni su misión, es a concluir que la responsabilidad política de lo ocurrido no se limita a esos dos condenados. Una vez que la sentencia de las facturas falsas es firme, es el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, la persona sobre la que recae la responsabilidad política de lo sucedido. El escándalo de las facturas falsas, como el posterior de las comisiones ilegales cobradas en Mercasevilla, lo que revelan es una estructura de poder en la que la administración y el dinero público se ponen a disposición de un partido político. Ya resaltamos aquí tras la primera sentencia un párrafo del magistrado Francisco Gutiérrez, visiblemente sorprendido al conocer cómo funcionan las cosas en el Ayuntamiento de Sevilla. En el distrito en el que se produjeron las irregularidades, el PSOE había confeccionado una administración bananera: Cuatro funcionarios arrinconados en un despacho mientras hacían y deshacían a su antojo veinticinco ‘colaboradores’, sin ninguna vinculación con la administración, contratados directamente por el partido. Y decía el magistrado: “No corresponde a este magistrado calificar jurídicamente la decisión del Ayuntamiento de instaurar ese procedimiento para contratar y ejecutar esas obras (…) pero sí constatar la directa relación que ha existido entre la instauración de ese proceder sin control ni intervención de los funcionarios del Ayuntamiento en ninguna de sus fases previas al pago con la aparición de los comportamientos ilícitos aquí enjuiciados”.

De ese sistema descontrolado, de ese modelo de gestión creado para fabricar facturas falsas sin control, es de lo que tiene que responder ahora el alcalde. Aunque por lo que llevamos visto hasta ahora, dirá como su concejal: “A mí, como si en las facturas pone bollito de leche”.