Laberinto

Debemos aceptar que la inmigración ilegal es un laberinto del que no saldremos jamás. Cualquier mirada alrededor nos llevará directamente a la desolación de saber que no veremos el final de este túnel, que no existe ninguna posibilidad de que deje de supurar esa herida de la globalización, que la hemorragia no se va a detener con muros ni vallas, con prohibiciones ni condenas. Debemos aceptarlo porque, a partir de ese instante, lo que se descartan como soluciones son los extremos. Ni con los racistas camuflados que defienden mayor dureza contra la inmigración ilegal ni con los demagogos que proclaman ‘papeles para todos’. La inmigración forma parte de nosotros, de nuestra sociedad, y, como tal, lo primero que habremos de desechar es este debate maniqueo, interesado, que se retroalimenta en los extremos.

Debemos aceptar, por ejemplo, que aunque las normas de inmigración se hagan cada vez más estrictas en toda Europa, aunque aumente el control de las fronteras, aunque se implanten métodos cada vez más sofisticados para luchar contra las mafias de la inmigración, siempre existirá en nuestras ciudades un colectivo de inmigrantes sin papeles, sin documentación, y sin posibilidad alguna de expulsarlos a sus respectivos países de origen porque esos países, sencillamente, han dejado de existir. Como Somalia, como Haití, como tantos otros que se han hundido en la miseria del Cuarto Mundo. Ante esa realidad de inmigrantes sin papeles imposibles de expulsar, ante esos núcleos de población alegales que existen y existirán en las barriadas del extrarradio de nuestras ciudades y que no se pueden recluir indefinidamente en centros de internamiento, ¿qué puede hacer una democracia? Y más allá, ¿no es contradictorio que un Estado de Derecho tenga que asumir que tiene que convivir con la ilegalidad?

Una vez sentado que, hasta donde nos alcanza el pronóstico, la inmigración ilegal siempre va a existir en los países desarrollados, que debemos convivir con este fenómeno, la contradicción teórica será lo de menos. Pero convivir con el problema no puede significar nunca darle la espalda al problema; un Estado de Derecho tiene que saber combinar la atención a un inmigrante ilegal mientras se encuentre en su territorio con una política persistente contra la inmigración ilegal.

Lo ocurrido en Vic, con una situación similar a la de muchos ayuntamientos andaluces, a la de cientos de barrios de toda España, puede desembocar en un conflicto social si no se aborda el problema con todas las armas de un estado de Derecho. Lo primero habrá de ser la clarificación de las contradicciones legales que existen en España para que el empadronamiento de un inmigrante ilegal no sea nunca una decisión interpretable jurídicamente. Pero una vez que el ayuntamiento asume el empadronamiento de esos inmigrantes, el Estado no puede dejar tirados a esos ayuntamientos. Es muy fácil exigir el empadronamiento de inmigrantes ilegales, es muy fácil resolver las protestas con acusaciones de racismo y, a continuación, olvidarse de todo. Como ocurrió en El Ejido. No, el Estado, en su conjunto, tiene que conocer los núcleos de inmigración ilegal, atenderlos y, en la medida de lo posible, propiciar su erradicación, ya sea con la integración o ya sea con una política persistente de retorno a sus países de origen.

Debemos aceptar que la inmigración ilegal es un laberinto del que no saldremos jamás. Ni hay respuestas fáciles ni soluciones a la vista. Convivamos con esa realidad con humanidad y con principios.