Acoso judicial

Cada vez que un dirigente del PSOE se jacta en público del respeto que a este partido le merece la Justicia, lo que viene a continuación es una puñalada a un juez. Cada vez que se asegura que hay que respetar a la Justicia y no interferir en los procesos judiciales durante la instrucción, lo que viene a continuación es un ataque furibundo al instructor. Cada vez que se contesta que las sentencias judiciales están para acatarlas, lo que viene a continuación es un salivazo a los jueces o magistrados que hayan firmado una sentencia desfavorable al PSOE con la imputación de estar movidos por intereses ocultos. Esa es la norma interna que rige en el PSOE, a Dios rogando y con el mazo dando.

No son los únicos, desde luego, porque ya se comentó aquí el absurdo del Partido Popular cuando decidió interpretar las corrupciones que le afectaban como una conspiración nacional en la que participaban jueces, fiscales, policías y guardia civiles. Luego, ya ven, ellos mismos decidieron olvidar sus propias críticas y, en vez de culpar a los de fuera, acabaron aprobando un código de buen gobierno para sus cargos públicos.

No ocurre, sin embargo, así en el PSOE. De hecho, si se mira hacia atrás, no ha habido sentencia judicial en España contraria al PSOE que no haya provocado una cadena de descalificaciones a los jueces que las hubieran dictado. Se comienza dejando el pudor en el ropero para irse los fines de semana a la cárcel de Guadalajara, a apoyar a los presos del GAL y se acaba aplicando el acoso a los jueces como estrategia de defensa en todos los procesos. Que no son los abogados, que son las normas internas de un partido las que organizan estos ataques.

Es tal la desmesura, que hay casos, como en el del espionaje al presidente de la caja San Fernando, que cuando el juez dictó la sentencia absolutoria, el PSOE, además de acusar al magistrado de ‘lunático’ e ‘iluminado’, llegó a afirmar que la sentencia «duplica la ofensa» de las supuestas injurias a Chaves. El mensaje subliminal es demoledor: una sentencia contraria a Chaves es una injuria.

O el abominable acoso al que está siendo sometida estos días la juez del caso Mercasevilla, Mercedes Alaya. ¿Cómo no será la presión que los abogados del PSOE están ejerciendo que hasta uno de los principales procesados, el ex director general de Mercasevilla, ha salido en defensa de la jueza que lo ha empitonado y ha clamado contra la estrategia «repugnante» del PSOE.

Acoso público y privado, seamos claros, porque contra esta juez se ha intentado de todo por haber instruido el caso de las facturas falsas de Sevilla y, desde hace un par de años, el ‘caso Mercasevilla’. Primero hicieron circular infamias sobre la vida privada de la jueza, esos comentarios vomitivos que animan las sobremesas de las comidas en restaurantes caros y con dinero público. Luego, lanzaron directamente a los abogados personados en la causa y no pasa una semana sin que la llamen inquisidora, politizada o endiosada. Bordean los límites para llamarla prevaricadora sin decirlo, «rozan lo delictivo», como acaba de decir el presidente del Foro Judicial Independiente, el muy razonable Conrado Gallardo.

Dicen que respetan y acatan las decisiones judiciales pero esa expresión sólo encierra obviedades e hipocresía.