Éxodo gitano

Caminan descalzos, con los mocos secos y churretes de sudor negro. Delante, un grupo de jóvenes, como explorando el camino, y detrás, el resto del grupo, mujeres con delantales de colores y chanclas, y hombres melenudos, en bermudas, la barriga prominente, tirando de un carrito de hipermercado cargado de ropa, grandes bolsas de ropa, un televisor y algunas cacerolas. Más atrás, otro tipo arrastra un frigorífico. Los niños corretean descalzos entre el grupo, dando saltitos para sortear con la punta de los dedos las zonas sin vegetación donde las piedras incandescentes achicharran la planta de los pies.

Son cuarenta familias de gitanos condenados a vagar por el extrarradio de Sevilla; condenados por eso que llaman la ‘ley gitana’, un código moral que dicta sentencias al margen del Estado de Derecho, una aberración democrática que se sustenta en el principio inadmisible de que las controversias entre gitanos no pueden ser juzgadas por los payos. Por esa razón, estas cuarenta familias fueron condenadas al exilio hace tres meses. Éxodo o muerte. Y abandonaron sus pisos, en otra barriada de Sevilla al margen del Estado de Derecho, las Tres Mil, y se pusieron a vagar por la ciudad. Nadie los quiere. Llegan a un descampado y, al poco, los expulsan. Así, tres meses.

Van penando van por los rastrojos tras la muerte accidental de un joven, atravesado por una bala cuando viajaba en el coche de su padre en ese barrio sin ley, ni patria, ni justicia. El autor del disparo está en la cárcel, pero la ‘ley gitana’ dice que deben pagar el asesino y toda su familia, todo su clan, padres, hermanos, hijos, primos... Arrastan neveras por el descampado, como arrastran piojos. Y la ciudad, Sevilla, los contempla, los ve caminar sin rumbo, hoy los echan de aquí, mañana de allí, hoy la autoridad portuaria, mañana la policía y pasado una orden ministerial que les prohibe asentarse en un terreno del Gobierno.

No hay imagen más cruel que la de ese éxodo gitano para comprender el fracaso y la hipocresía con la que es capaz de convivir un Estado de Derecho. Comenzando por la absurda comprensión de los abusos del pueblo gitano como si fueran rasgos identitarios intocables, irrenunciables, históricos. Gracias a ese falso mito de la cultura gitana, unos vándalos han logrado hacer de su barrio un fortín en el que el único imperio es el de la ‘ley gitana’. No habrá autoridad civil, policial o judicial en España que devuelva a esos gitanos a las casas que han tenido que abandonar. Ya verán como este descomunal despropósito acaba con la cesión de un terreno público para que el clan maldito abandone el éxodo y edifique allí sus chabolas... Las mismas chabolas que abandonaron hace cinco años cuando el Ayuntamiento se los quitó de en medio una mañana, repartiendo bolsas de quinientos euros en la puerta de cada chabola.

El despropósito de la ‘ley gitana’, la impotencia del Estado de Derecho para imponer su ley en un barrio de Sevilla, es un fracaso demasiado grueso, una frustración demasiado cruel para que la aspiración máxima de las instituciones sea ofrecerles otro núcleo de chabolas. ¿Actuaría igual la Junta, los celosos servicios de protección del menor, si los más de cien niños que estos días corretean con los pies descalzos por el extrarradio de la ciudad no fueran gitanos, si fueran payos? Piensen en la respuesta. Y recuerden los casos de menores cuya tutela le retira la Junta a sus padres, a veces por nimiedades. Piensen en la respuesta. La prevalencia de la ley gitana en un Estado de Derecho es la fortaleza de ese submundo y nuestra debilidad.