Delitos menores

El auto del Tribunal Superior de Valencia en el que se establece que hay «indicios racionales de delito» en los cuatro trajes que le han podido regalar al presidente Camps, ha llevado a la alcaldesa Rita Barberá a considerar que se trata de una minucia; que si fuera por eso, por unos regalos, en España debería abrirse un proceso general contra la clase política porque todos reciben regalos. Y ha puesto un ejemplo: el presidente de Cantabria le regala anchoas a Zapatero cada vez que visita La Moncloa.

El ejemplo no parece, desde luego, que pueda asemejarse en nada a los hechos que se le imputan al presidente de Valencia, aunque sí es verdad que una causa general sobre los regalos o tratos de favor que reciben los altos cargos podría acabar con centenares de políticos sancionados. Cuando otras veces se ha hablado de la deriva de la clase política hacia una casta privilegiada dentro de la sociedad, en buena medida se incluye también la denuncia genérica que realiza la alcaldesa de Valencia.

Así que, adelante, que salgan a la luz todos los regalos. Pero ya verán como no habrá ningún juez, ni ningún fiscal, que abra de oficio esa investigación catárquica; mucho menos que los políticos comiencen a denunciarse unos a otros. Por ello, lo aconsejable ahora es detenerse sólo en lo que hay sobre la mesa. ¿Es normal que a un presidente de comunidad se le procese por cuatro trajes, aun cuando el propio auto del tribunal establece que, a cambio de los trajes, el benefactor no obtuvo nada, ningún favor, ningún contrato, ninguna subvención? Cuando se responde a esta pregunta se tiende a confundir la consideración moral de cada cual –a unos les parecerá normal y a otros indecente– con lo que establece el Código Penal, que debe ser el único baremo. Y resulta que en el artículo 426 lo que se establece es que, en efecto, incurre en delito de cohecho «la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función». Dentro de la regulación completa del delito de cohecho, este apartado, es el de menor entidad, el de menos gravedad, pero es delito.

Recibir cuatro trajes a cambio de nada es delito. Punto. Y la única salida que le queda al afectado es demostrar que, como dice, los trajes se los pagó de su bolsillo. Y si no lo hace, lo que no vale es cambiar de estrategia para minimizar el delito ( «Total, por cuatro trajes...»), o derivarlo a las consideraciones morales.

Si se fijan, ésa es, además, la táctica que también utiliza el PSOE en Andalucía para exculpar a Manuel Chaves (además de la coincidencia de ambos en culpar a sus adversarios de «querer ganar en los tribunales las elecciones que pierden en las urnas»). El razonamiento es idéntico: «¿Por una simple firma van a condenar a Chaves cuando todo el mundo sabe que él no se ha llevado nada de la subvención ni su hija tampoco? ¿Qué importancia tiene que Chaves firme la subvención si, de todas formas, se hubiera concedido?» Pues resulta que sí tiene importancia, que eso dice la ley de incompatibilidades.

Chaves y Camps. La Ley dice que Camps tenía que haber devuelto los trajes y que Chaves debería haberse ausentado del Consejo de Gobierno en el que se ratificó la ayuda para la empresa en la que trabaja su hija. Nada más. Las consideraciones morales, para los debates de café y, acaso, para las urnas cuando lleguen. ¿Delitos menores? Puede ser. Pero en política, como de esos no existen, el efecto es el mismo.