Chiringuitos

Para camuflar en fiasco en el que ha acabado degenerando la Ley de Costas, el Gobierno ha emprendido una batalla contra los chiringuitos de las playas. Lo llaman técnicamente la ‘nueva interpretación’ de la Ley de Costas, pero lo que de verdad se esconde bajo ese epígrafe es una de las claudicaciones más escandalosas del Gobierno: como se ha renunciado a expropiar las miles de viviendas que hay en España invadiendo la zona de dominio público que marca la Ley de Costas, se derriban los chiringuitos, con menos influencia, con menos poder, y la apariencia ecologista es la misma. Matar moscas a cañonazos también es una herramienta eficaz en política, y eso es lo que les pasa a los chiringuitos, que son las moscas a abatir con la pólvora grandilocuente y falsa de esa Ley de Costas que se le acaba aplicando sólo a los más débiles.

Veamos. La ley de Costas se aprobó en 1988 y, en veinte años, muy pocos gobiernos se la han tomado en serio, quizá con la razonable deducción de que existían otras prioridades para la inversión pública mucho más urgentes que la de destinar cientos de millones de euros a expropiaciones en las playas. Sólo cuando Cristina Narbona llegó al Ministerio de Medio Ambiente cambiaron las prioridades y, por primera vez, el Gobierno se decidió a aplicar la Ley de costas con todas sus consecuencias, deslindes de la costa, expropiaciones y demoliciones. Es tan palpable que Narbona ha sido la única ministra decidida a aplicar la Ley de Costas que fue durante su mandato cuando se creó la Plataforma nacional de afectados, lo cual que se demuestra que son las asociaciones de cabreados los mejores indicadores legislativos que existen. En este caso, los cabreados son numerosos: 45.000 afectados, muchos de ellos ciudadanos europeos, ingleses y alemanes fundamentalmente, que incluso trasladaron su malestar hacia el Gobierno español por los conductos diplomáticos. A la presión de lo cabreados, acabó sumándose luego la aversión de los propios, como la del Gobierno andaluz, que le puso la proa a la ministra Narbona en cuanto comenzó a criticar la dejadez de las autonomías en los desmanes urbanísticos de la costa.

En esas, llegamos a la situación actual. Zapatero se quitó de en medio a la incómoda Narbona y, desde entonces, se han ido enterrando poco a poco los deslindes y expropiaciones. Más allá aún, en febrero pasado se aprobó soterradamente una modificación legislativa para que esas viviendas construidas en dominio público pudieran incluso venderse, algo que estaba prohibido taxativamente para evitar su revalorización. “Es una modificación puntual de la ley que no altera en absoluto el espíritu de la misma”, se justificó entonces Medio Ambiente. Con sólo decir que se trataba de “algo puntual” ya se adivina el engaño, porque lo de ‘puntual’ se ha convertido en sinónimo de trola en política.

Por eso ahora, para aparentar que la ley se sigue aplicando, la emprenden contra los chiringuitos. En Andalucía, según el sector, hay ochocientos chiringuitos que el año pasado generaron seiscientos millones de euros y dieron trabajo, directo e indirecto, a cuarenta mil personas. La semana pasada, con gran aparataje mediático, se derribó en Chipiona el primero de esos chiringuitos. Cuando derriben el próximo y vean ustedes las imágenes, tengan claro que esos escombros no son los de la legalidad, son los escombros de la claudicación y el engaño. Esos son los escombros de una ley.