Revuelta

En un colegio de la provincia de Sevilla, en Castilleja de la Cuesta, han cambiado de clase a los niños más gorditos para que ocupen las aulas de la planta baja; no se fían de que el entresuelo pueda soportar el peso. Dicen los del PP que una docena de colegios de la provincia de Sevilla tiene entre sesenta y ochenta años, pero el Gobierno andaluz se niega a elaborar un plan extraordinario de inversiones para sustituir o reformar todos los colegios que tengan más de treinta años, que son uno de cada cuatro en esta provincia.

En Jaén se han publicado estos días las fotos del solar en el que la Junta de Andalucía anunció hace un año, durante la campaña electoral, que se iba a construir la «ciudad de la Justicia», que es como se llaman ampulosamente los nuevos edificios para los juzgados. Un año después, el solar ha cambiado, como ya no hay visitas electorales está abandonado. El edificio ya tenía que estar construido, pero allí sigue. Y mientras tanto, cada año la Junta se gasta sólo en Jaén y sólo en alquiler de edificios judiciales más de un millón de euros.

Igual ocurre en las demás capitales. Como en Sevilla. Hace diez años, el Gobierno andaluz anunció la construcción de ‘la ciudad de la Justicia’ de Sevilla. Han pasado desde entonces tres consejeras por ese departamento y, como ni se ha colocado un ladrillo ni se ha resuelto definitivamente el proyecto, la solución es alquilar un edificio entero, a razón de dos millones y medio de euros al año. Cuando al fin se inaugure, la ‘ciudad de la Justicia’ habrá costado tanto como si hubieran hecho dos o tres, sumando el incremento de costes y el precio de los alquileres. Despilfarro inmenso, sí, pero lo peor, sin duda, es la impresionante demostración de inutilidad de este Gobierno.

Cuentan los jueces que ayer acudieron a la huelga que el detonante de la convocatoria fue la reunión con el ministro Bermejo en la que éste les ofreció, como contrapartida para desconvocar la huelga, una inversión de 20 millones de euros para la informatización de la Justicia en toda España. Comprenderán que sólo quien pretende tomarle el pelo a uno hace estas propuestas: en regalar bombillas el Estado se gasta el doble.

Dicen los del Gobierno que un poder del Estado no tiene derecho a ponerse en huelga, como han hecho los jueces. Pero ése es un debate muy pobre, o sea. Más interesante resulta si la huelga de ayer se mira justo al revés, el ejemplo de una huelga por esas cosas por las que jamás se levanta la voz: El autobús con los cristales rotos, la carretera con baches, el colegio medio en ruinas, las camas en los pasillos de los hospitales, los juzgados con goteras y sumarios en los pasillos y en el suelo, las subvenciones que se aprueban y no llegan, las leyes que se aprueban y no se cumplen...

La revuelta de lo elemental, a veces pequeñas cosas, que es donde radica la grandeza y la calidad de un país. Ayer, bajo las amenazas del Gobierno, con las dos principales asociaciones judiciales en fuera de juego, y con el Consejo General del Poder Judicial y los tribunales autonómicos en contra, la mayoría de los jueces fueron a la huelga. Las dos asociaciones minoritarias se bastan para agitar al Tercer Poder. Lo tenían casi todo y a casi todos en contra, pero disponían de un argumento potente para mantenerse, los principios. Y lo han logrado. No es mal principio para una revuelta, revuelta cívica.