Ilegítimo

Nada extraño debe resultarnos que Chaves haya anticipado tanto el debate sobre la legitimidad del resultado del referéndum. Ya en los mítines de la campaña, repetía que lo único importante es el número de síes, no el número de votantes. Que ésta es la regla esencial de la democracia.

Todo esto se repite como los gritos que se dan al borde de un precipicio, sin que encuentren otra contestación que el propio eco, porque el problema fundamental de la abstención es que, por muy elevada que sea, no tiene dueño. ¿Quién puede adjudicarse el triunfo de la elevada abstención del referéndum de Andalucía? ¿Qué dirigente político puede hablar en nombre de la abstención?

Nadie. Entre otras cosas porque una abstención así es un río caudaloso en el que confluyen desde abstencionistas típicos, de esos que se vanaglorian de no votar jamás, hasta los autóctonos, propios de esta hegemonía agobiante. «¿Para qué voy a votar, si siempre sale el mismo?», le oí decir a un tipo el domingo.

En esas circunstancias, la horfandad de la abstención sólo podría remediarse en el supuesto inverosímil de que los dirigentes políticos la interpretaran como un portazo, como un gesto claro de desprecio, de rechazo al discurso. Lo mismo que ha dicho Bono, pero en boca de Chaves. Esto no ocurre, ni puede esperarse que vaya a ocurrir jamás, y por esa razón los mismos dirigentes que durante años han estado afirmando que la reforma del Estatuto era la principal preocupación de los andaluces, afirman ahora que el referéndum se ha saldado con un respaldo abrumador.

Quiere decirse que todo esto ya se sabe, que lo que no puede esperarse de un sistema político clientelar, cerrado y endogámico, es que atienda a este tipo de razones. Pero que la abstención sea inocua en un sistema político como éste, no quiere decir que, encima, tengamos que soportar lecciones de democracia. Esta confusión permanente entre la legalidad y la legitimidad, por ejemplo.

La legalidad del nuevo Estatuto no parece que la discuta nadie, porque nadie ha anunciado, como ha ocurrido con el Estatuto catalán, que piense llevarlo ante el Tribunal Constitucional. Pero la legitimidad no se resuelve en ningún tribunal; la legitimidad sólo tiene que ver con la ética de cada político, con la decencia de aceptar una equivocación, con la dignidad democrática de asumir la bofetada de una abstención tan elevada.

Legitimidad y legalidad. Aquel mítico 28 de Febrero, por ejemplo, no logró superar nunca la barrera de legalidad que le imponía la entonces vigente Ley de Referéndums. Pero fue tal el apoyo abrumador de los andaluces, que la legitimidad acabó desbordando a la legalidad. El 18 de Febrero ha ocurrido lo contrario. No parece haber obstáculos de legalidad, pero la consulta no ha superado la barrera de la legitimidad. Las consecuencias del 28-F las conocemos; éstas están por llegar las del 18-F.