Sudoku

La tranquilidad ante sus graves presagios por la unidad de España sólo le llegó a uno de los diputados conservadores cuando, en el Congreso, un reputado dirigente socialista le sopló al oído: «Para qué tanto revuelo si, al final, todos sabemos que el Tribunal Constitucional acabará recortando los estatutos que se aprueben y poniendo las cosas en su sitio». Dicho de otra forma, para qué preocuparse si, en el fondo, todo esto es mentira. Que de ahí viene, o sea, la increíble facilidad del presidente Zapatero para llegar a acuerdos con los prebostes autonómicos. Qué problema iba a tener en ceder si ya contaba con que casi nada de lo prometido se podría cumplir después. Que se lo pregunten a Artur Mas, por ejemplo, cuando le prometió, a cambio de un acuerdo sobre el Estatut, que en Cataluña gobernaría la fuerza más votada.

¿Que nadie puede gobernar con tanta demagogia? ¿Que no es posible tanta frivolidad? Si no fuera porque durante las reformas se han dado sobradas muestras de todo ello, podría dudarse de las revelaciones aquellas del diputado del PP. Pero no, claro, más bien al contrario. A medida que se van aprobando estatutos reformados, con exclusividades y competencias, con sus mejoras en financiación y sus garantías de ‘inversiones extra’, la gran duda que aparece es cómo podrá conciliar el Estado cada una de las exigencias territoriales, qué pasará cuando las reformas tropiecen unas con otras. Dónde está el final del laberinto.

Como lo que no se ha hecho en todo este tiempo es reformar la Constitución para adecuarla a las reformas estatutarias, la salida del laberinto estará en el Tribunal Constitucional. Lo acabamos de ver con la sentencia elaborada sobre el conflicto de la ‘deuda histórica’ andaluza, que le sirvió al Gobierno de Manuel Chaves para dos legislaturas de confrontación con el Gobierno de Aznar.

La sentencia, que más bien parece un examen general a las reformas de los Estatutos, rebate las exigencias andaluzas con principios constitucionales tan básicos y tan olvidados como que «no existe un derecho constitucionalmente consagrado» para que cada autonomía exija una determinada financiación, que «los recursos existentes» tienen que distribuirse de acuerdo a la solidaridad entre las regiones, que tiene que haber «coordinación», y que ninguna autonomía puede reclamar un sistema de financiación de acuerdo a los criterios que más le convengan.

Un país serio, con una política que vaya más allá del objetivo de salir del paso y dañar al contrario, no tendría que recurrir al Tribunal Constitucional para que le recordase lo elemental. Bastaría con la lectura de algunos artículos de la Constitución, como el 138. Pero no es el caso. Pensemos, por ello, en el siguiente ciclo: Las reformas de Estatutos acabarán en el Tribunal Constitucional y sus sentencias generarán nuevos conflictos territoriales que tendrán que resolverse con nuevas reformas autonómicas. Ya lo dijo Solbes, «este ‘sudoku’ tiene solución». Claro que el ministro se refería al sudoku de los números. Otra cosa es la solución del sudoku territorial de España.