Basura

En Sanlúcar de Barrameda, esa ciudad que se acuesta todos los días en la inmensidad de una puesta de sol en la desembocadura del Guadalquivir, ha habido dos intentos chuscos de subvertir la realidad democrática del Ayuntamiento. La primera vez fue hace seis años, cuando un concejal de la oposición denunció que el alcalde socialista quiso sobornarlo con un puñado de millones, un trabajo fijo y una entrada para un partido del Real Madrid en Lisboa. La segunda fue hace menos de un año, con una huelga ilegal de basura que provocó que el gobierno municipal, aislado y contra las cuerdas, tuviera incluso que decretar el estado de emergencia sanitaria.

Las dos intentonas subversivas han acabado en los tribunales de Justicia. Hoy comienza la vista oral de aquella trama zafia de billetes de cinco mil pesetas; aquella conspiración de motes grotescos, el ‘muñeco diabólico’ y cosas así. Y ayer se conocía la sentencia de la salvaje huelga de basuras. Uno podría pensar que lo peor que ha pasado en Sanlúcar, lo más escandaloso, fue el intento de soborno, pero no es así. Sólo hay que leerse la sentencia sobre la huelga de basuras para entender hasta dónde puede llegar el sectarismo en política. Vamos, que lo último que podría esperarse ya es que los dos sindicatos mayoritarios de España, la UGT y Comisiones Obreras, de forma directa, y la propia Junta de Andalucía, de forma indirecta, hayan intentado tumbar a un gobierno municipal del PP con montañas de tres metros de basura en las aceras. ¿Cabe mayor desvergüenza política? ¿Es admisible que la lucha por el poder llegue a estos extremos, hasta poner en peligro la salud pública?

Lo que dice el juez en su sentencia no puede pasarse por alto, como una noticia más. Hay que pararse, o sea, porque no cabe más perplejidad ni más degeneración. Sostiene la sentencia, por ejemplo, que la escasa colaboración del Gobierno andaluz para aclarar el conflicto sólo cabe entenderla «desde la subjetividad que supone que el PP gobierne en el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda y que el Gobierno de la Junta pertenezca al PSOE». Y que los sindicatos «llevaron sus reivindicaciones más allá del ámbito de la huelga».

¿Cómo pasar por alto, como si cualquier cosa, que un juez afirme que «existen indicios importantes de que la pretensión de los huelguistas ha sido poner contra las cuerdas al equipo de gobierno municipal del PP»? ¿Cómo se puede aceptar que, entre tanto, el delegado de la Junta tardara siete meses (¡siete!) en contestar un escrito del juzgado para que le informase de la situación? Y una ciudad de 63.000 habitantes en estado de riesgo sanitario.

Que no, que no. Que esta sinrazón, explicación de tantas cosas, es un espejo cruel. Allí, en Sanlúcar de Barrameda, esa ciudad que se levanta todos los días junto a la inmensidad verde de Doñana, la política andaluza ha tocado fondo. Esa es la política basura.