Censores

El proyecto de Estatut de Cataluña aprobado por el Parlament es un cúmulo tan abrumador de desmesuras que, sea cual sea el recorte final que se haga en el Congreso de los Diputados, afectará de forma sensible al prestigio de la clase política española, en general, y al crédito de las autonomías, en particular.

Lo primero, el prestigio de la clase política, se puede ver afectado si, al final, después de tantos meses de tiras y aflojas, de amenazas y soberbia, de boicot y de cabreo en toda España, se descubre, como se sostiene ya en Cataluña, que el acuerdo al que han llegado el presidente Zapatero y el líder de CiU, Artur Más, consiste, simplemente, en retirar el Estatut del Congreso y convocar nuevas elecciones en Cataluña. ¿Con qué objetivo? Uno doble. Por un lado, el PSOE fuerza a Maragall a dejar la política y, tras las nuevas elecciones, le abre paso a un pacto de gobierno con Convergencia en Cataluña. Si el final fuera ése, el problema mayor es que, en adelante, lo complicado va a ser que alguien se tome en serio a cualquiera de los protagonistas de esa extravagancia. Entre otras cosas, porque eso mismo se podría haber hecho hace dos años.

De todas formas, incluso ante salidas tan imprevisibles como la anterior, el resultado peor de esta oleada de reformas es que va a degenerar en un aumento considerable de los abusos autonómicos. El Estado de las autonomías, que tan buenos resultados ha proporcionado en algunos campos y, sobre todo, en algunas autonomías, gracias a la descentralización, ha potenciado paralelamente una vis política tan antigua como el poder, el cacique autonómico. El tirano local.

Si se fijan, de lo que muy pocos dirigentes autonómicos protestan es de aquellos artículos del proyecto catalán que suponen un claro recorte de libertades. Como las reformas judiciales, que aumentarán la politización de los tribunales autonómicos, o de esa barbaridad llamada Consejo Audiovisual, nuevo tribunal censor de las autonomías. Al presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía, Manuel Angel Vázquez Medel, por ejemplo, le ha faltado tiempo para decir que, también aquí le corresponde a él «velar por el cumplimiento de los principios constitucionales y estatutarios, en especial los referentes a pluralismo político, social, religioso, cultural, de objetividad y veracidad informativa».

El trayecto que lleva a un tipo de la nada con sifón a un cargo público a dedo y de ahí a creerse juez omnímodo de todos los mortales es cada vez más corto. Ya ven. Todos mis respetos para Vázquez Medel, pero que me disculpe si no le reconozco, ni ahora ni en adelante, en esa función de dictar qué es o no constitucional, qué es o no objetivo y qué es verdad o mentira. A ver qué dice ahora las asociaciones de la prensa andaluzas y, sobre todo, a ver qué dicen otros miembros del Consejo Audiovisual sobre los que tengo el mejor de los criterios.