La sierva

La inmolación del débil para salvar al fuerte no debería ser cosa de este mundo civilizado, que tendría que quedarse allí donde nació, en el reino onírico, dulce y cruel, de la mitología. El sacrificio para salvar al padre es cosa de los dioses griegos, como Ifigenia, la hija de Agamenón, que fue sacrificada por su padre para calmar la ira de los dioses. Pero aquí, en este mundo terrenal, aquí donde hemos edificado a lo largo de los siglos un Estado de Derecho, los sacrificios no pueden imponerse a las evidencias ni a las leyes; el sacrificio sólo tiene valor como prueba de lealtad, de entrega, en las relaciones humanas, y, acaso, como demostración de la servidumbre que impera en la política, el culto «al jefe», como dicen que llama a su mentor la consejera quemada en el ‘caldero de los eres’. Pero como ni las ternura de las relaciones personales ni la crudeza de la política son los asuntos que aquí interesan al ciudadano, el sacrificio carece de toda relevancia en el escándalo.

Entre otras cosas porque en la literalidad de la normativa, la responsabilidad de haber enmendado el desastre del ‘fondo de reptiles’ recae sobre aquella persona a la que se destinan los informes de la Intervención en los que se advertía de las irregularidades que se detectaron, el mal uso del dinero público. Y lo que dice la normativa es que el traslado de esas advertencias tiene como destinatario «el titular de la Consejería de Economía y Hacienda». Nada dice el decreto aprobado por la propia Junta de Andalucía de que el conocimiento de esos informes por parte del consejero queda al criterio de sus asesores. Como deshojando una margarita, este sí, este no; ahora tiene responsabilidad el consejero, ahora la tengo yo. No, la responsabilidad del titular de la Consejería no se modifica un ápice porque su viceconsejera de entonces, ahora sacrificada, decidiera no comunicarle el resultado de la Intervención. Igual que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, la actuación de tapadera de un viceconsejero no exime al consejero de responsabilidad. La obligación de Griñán, como consejero de Economía, era la de conocer los informes de la Intervención y haber actuado en consecuencia, modificando aquello que era irregular.

Parece lógico, por tanto, que el gesto, noble o servil, de la consejera Martínez Aguayo al querer tapar a su jefe no haya añadido más que desconcierto a las filas socialistas. En esa afirmación rotunda de la consejera autoinculpada, «nunca comenté a Griñán los informes de la Intervención», sólo va implícita la negligencia política de quien, vulnerando lo que exigía la normativa, decidió por su cuenta no informar a su superior, al consejero, al jefe. Pero la inopia no es un eximente de la responsabilidad jurídica, sea cual fuere. La consejera Martínez Aguayo, con su confesión, se ha inhabilitado políticamente, pero no ha salvado a Griñán; es más, lo que ha logrado es colocar a Griñán en el disparadero judicial al convertirlo víctima de una negligencia suya, admitida y confesada. En este caso, vale la máxima de Felipe cuando lo de Juan Guerra, «Dos por el precio de uno». Sólo que Felipe lo dijo en el Congreso y luego se arrepintió, y lanzó a todos sus fieles contra Alfonso Guerra.

No, la Justicia no sólo no puede entender de la autoinculpación del débil para salvar al fuerte sino que, por el contrario, tiene que estar siempre atenta a que esas argucias no puedan proliferar. Recuerde Griñán a Juan de Mairena, que la verdad es la verdad la diga Agamenón o su porquero.