Privilegios

El privilegio, su invocación, es uno de los estandartes más antiguos y populistas de la rebeldía social. En el poso de la sociedad medieval que fuimos, se conserva aún el agravio frente a la existencia de clases sociales superiores; clases con privilegios de cuna o de estatus social que nos pisotean a diario, que exprimen al pueblo y se aprovechan de él para mantener sus palacios y sus manjares, sus joyas y sus cacerías. La invocación de esos privilegios, ciertos o falsos; la llamada a esas luchas contra los privilegiados, reales o ficticios, siempre encontrará la complacencia de una buena parte de la sociedad predispuesta a considerar que sus problemas se originan por la existencia de ese grupo de aventajados. Se comprenderá, por tanto, que en este tiempo que vivimos de pensamiento político raquítico, se recurra al privilegio para legitimar muchos discursos; que se remuevan esas entrañas para ganarse al personal e impregnar cualquier decisión en la aureola de 'guerra contra los poderosos'.

Ayer, a la misma hora, se celebraron en España dos debates parlamentarios, en el Congreso de las Diputados y en el Parlamento andaluz, que tenían en común la invocación de los privilegios, su combate, para 'meter en cintura' a dos colectivos, los controladores aéreos y los funcionarios de carrera de la Junta de Andalucía. Se invocan los supuestos privilegios de esos colectivos para justificar que los respectivos gobiernos, el de Zapatero y el de Griñán, hayan aprobado sucesivos 'decretazos' para regular las funciones de ambos. Y en los dos casos, esa forma de gobernar se envuelve en el aire de antes, la lucha contra los privilegios de unos y de otros. «Lo que ha ocurrido en España no es más que un episodio de una guerra que trata de desmontar un edificio de privilegios que se ha construido durante muchos años», ha dejado dicho Rubalcaba. «Ya está bien de discriminar a los empleados públicos dependiendo de su procedencia. Defendemos la integración del personal de empresas públicas y fundaciones, la igualdad y homogeneización de derechos y condiciones de trabajo para todo el personal de la Junta de Andalucía», dicen en la Junta y en sus sindicatos aledaños.

Estos demonios inventados, estas amenazas procreadas, suponen un riesgo mayor que el problema que se pretende combatir. Los controladores, por ejemplo, tendrán convenios colectivos que insultan por sus prebendas al común de los trabajadores, pero se trata de personas que han aprobado una oposición y que disfrutan de acuerdos laborales alcanzados con gobiernos de todos los signos políticos. Han protagonizado una huelga salvaje y, por esa enorme equivocación, deben ser penalizados, pero no son salteadores de caminos ni señores medievales. Sus privilegios han sido concesiones otorgadas por la administración. La demagogia que se aplica a los funcionarios andaluces es mucho peor; la equivalencia de un enchufado en las empresas públicas con un funcionario de carrera es un atropello a la propia democracia. ¿Qué quiere decir eso de que todos los empleados públicos tienen los mismos derechos? ¿Y por qué no entonces todos los andaluces? ¿Cómo va a ser lo mismo aprobar unas oposiciones que entrar en una empresa pública por el dedo de un político? No, no es esa la democracia ni el Estado de Derecho. No, no seré yo quien entre a ese trapo medieval.