El dedo público

Los arquitectos de Sevilla han trazado con rotring una línea recta que atraviesa a todas las administraciones públicas, un trazo recto que relaciona a todos los gobiernos como si los hubieran hilvanado con hilo negro. Dicen los arquitectos: “la gran mayoría del dinero público se adjudica a dedo”. Como pueden imaginarse, el estudio que han presentado los arquitectos es el que se puede esperar de la gente dedicada al cálculo y a la geometría; después de un seguimiento pormenorizado de decenas de obras públicas en esta provincia, tras un estudio detallado de los recursos administrativos que se presentan y de las resoluciones judiciales que se dictan, llegan a la conclusión anterior, la arbitrariedad es la norma.

Claro que para que esto sea así, para que las administraciones puedan adjudicar los contratos de obra pública a quien le plazca, es necesario que previamente se haya establecido una forma de proceder capaz de burlar la ley. Quiere decirse que una democracia comporta unas reglas del juego que lo que descartan es precisamente esto que denuncian los arquitectos, la arbitrariedad y el sectarismo en la adjudicación de las obras públicas. Existen decenas de normas en todas las administraciones y, por encima de ellas, diversas leyes comunes a todos que obligan a la transparencia, a la igualdad, a la ponderación rigurosa de las ofertas y a la adjudicación de las obras a aquellas empresas que sean más solventes y presenten mejores proyectos. Y si todo eso existe, si lo que persiguen las leyes son las adjudicaciones a dedo, ¿cómo es posible que todas las administraciones logren burlar la legalidad?

En la respuesta a esa pregunta es donde encontramos la hipocresía y el cinismo como formas de gobierno perfectamente legítimas de una democracia. Según el estudio de los arquitectos, el procedimiento normal es el siguiente: una administración otorga la obra pública a quien le viene en gana. Los perjudicados piden explicaciones y lo que se le contesta es que pueden presentar recursos ante la propia administración. Eso hacen, decenas de recursos que, en su mayoría, la administración ni siquiera se molesta en contestar: silencio administrativo. Cuando expiran todos los plazos, el afectado decide llevar el asunto al tribunal correspondiente, el contencioso administrativo, que son los juzgados más colapsados de España. Cuando llega una resolución judicial, “la obra en cuestión ya está terminada”. ¿Para qué se va a molestar nadie en cumplir con la ley si al final, como el sistema garantista en realidad no funciona, si la política de hechos consumados se impone a la ley?
Como en todo, el vicio de ilegalidad recorre todas las administraciones públicas, pero los arquitectos advierten que todavía “con las entidades municipales se resuelven las cosas pero con la Junta de Andalucía y sus empresas públicas, no hay manera”. Lo acabamos de ver en el pleno del Parlamento de Andalucía. Al descaro de liquidar la ‘deuda histórica’ con treinta años de retraso, se une la estafa política de hacerlo con solares sobrevalorados y la sospecha de que las tasaciones de esos suelos estaban amañadas. Política de hemos consumados. Total, si ya lo dicen los arquitectos. Aquí hay una ley que se impone a las demás, la ley del dedo público.