Hijos del desastre

Si nueve de cada diez viviendas que se han inundado en Andalucía eran ilegales, la tragedia no es el temporal, la tragedia es el desastre urbanístico consentido durante todos estos años. La lluvia de estos días no es ninguna novedad en la historia, que de un invierno similar se tiene constancia hace cincuenta años y, antes de que el cambio climático se ofreciera como explicación oficial de todas las adversidades de la naturaleza, ya se había establecido que Andalucía, a pesar de su realidad de canícula, a pesar de su estampa de tierra seca, tiene un porcentaje de riadas e inundaciones mayor que la media española y europea. Y tampoco esto último, la constancia estadística, es ninguna novedad. Con lo cual, la ecuación se resuelve con una simple suma de certezas, si la inmensa mayoría de las viviendas inundadas son ilegales, si desde hace años se sabe que esas zonas son inundables y si conocemos también que la frecuencia aquí de las inundaciones es mayor que en el resto de España, ¿no es una estupidez culpar de lo ocurrido al ímpetu desbordado de la naturaleza?

Cualquiera que haya seguido con atención en los últimos días las crónicas e informaciones que se han publicado sobre las inundaciones andaluzas se habrá percatado que nos ha ocurrido como en tantos otros momentos de desconcierto en los que, al final, nos miramos a la cara con el ceño fruncido por la perplejidad y el asombro. Existían prohibiciones, pero no se ejecutaban; había planes, pero no se aplicaban; contábamos con expertos, pero no se les prestaba atención. Existe toda clase de programas operativos, marcos de actuación, planes de desarrollo, documentos finalistas y orientaciones estratégicas sobre la elevada frecuencia de las inundaciones en Andalucía y sobre los puntos exactos que son inundables. Pero, por lo visto, sólo servían para engordar las estanterías de las muchas delegaciones, direcciones generales y empresas públicas de la Junta de Andalucía que tienen algo que ver con el urbanismo, con el agua y con la protección civil. Y para que muchos ayuntamientos burlaran todo ese planeamiento y optaran por la legalización encubierta de esas barriadas ilegales con la progresiva concesión de licencias de agua o de alcantarillado. ¿De verdad que la culpa de las inundaciones la tiene la naturaleza?

Sostiene una portavoz ecologista, Lola Yllescas, de Ecologistas en Acción, que en realidad la normativa andaluza sobre prevención de inundaciones es muy buena. Y añade: «La normativa es buena, el problema son los gestores». Es así, claro. Y como esto es lo que ocurre, lo que se impone ahora en la política andaluza no es una ronda de subvenciones, barra libre, por todas las barriadas inundadas, sino la aplicación de un plan general para demoler todas las edificaciones ilegales, ya sean casas o polígonos industriales, que se encuentren en zonas inundables. Luego, que se facilite al realojo de los afectados en otro lugar aunque, por lo que ya se está viendo, cualquier insinuación de demoler esas casas ilegales se acabará topando con las quejas de ‘desarraigo’ de las familias que allí viven en la ilegalidad. Se verá.
Entre tanto, tengamos claro lo ocurrido. Si nueve de cada diez viviendas inundadas eran ilegales, la tragedia no es el temporal sino la inutilidad de la administración que padecemos. El desastre urbanístico de la Junta de Andalucía tiene ya dos hijos reconocidos, la corrupción y las inundaciones.