Inquisidores

Para extorsionar a un juez, lo mejor es convencerlo de que durante la instrucción del sumario sea despiadado con quien lo soborna. Que a ojos de todos, salten chispas cada vez que el juez cita a declarar a su procesado; que una mirada de odio lo atraviese, que un vozarrón lo estampe contra la pared cuando le ordene silencio; que se le espese la saliva en la comisura de los labios cuando dicte la orden de prisión sin fianza y desestime todos los recursos de sus abogados. Que ordene grabaciones de todos sus teléfonos y lo humille luego públicamente con filtraciones de sus comentarios más groseros. Después de una instrucción así, a cara de perro, ¿quién iba a sospechar que lo único que buscaba el juez era la libertad del acusado; que lo había sobornado el delincuente para, ante la contundencia de las pruebas en su contra, el juicio se declarase nulo y el acusado quedase libre, absuelto de todos los cargos? No hay que darle más vueltas, para extorsionar a un juez lo más efectivo sería una instrucción inquisitorial, que es, además, lo que suele pedir el personal.

Si se repasa la historia judicial reciente en España, encontraremos varios casos que servirían para ilustrar lo anterior. Con una diferencia esencial: la actuación de esos jueces no se debe a que hayan sido sobornados por nadie sino que está provocada por el virus del estrellato; la independencia judicial les produce un vértigo, un mareo, que les hace verse a sí mismos como seres sobrenaturales. No, no es cuestión de dineros ni extorsiones, es la vanidad de algunos jueces la que conduce muchos casos al fracaso. Asuntos que nacen con una carga probatoria contundente, voluminosas como toneladas de fardos de hachís o contante y sonante como un maletín de billetes, y que acaban anulándose por completo porque, en su día, el juez se excedió en la autorización de las grabaciones telefónicas o que no atendió debidamente las garantías procesales de los acusados. ¿Va a ocurrir lo mismo con el caso Gürtel o con Malaya, como anticipan los abogados?

No hay mayor frustración en una democracia que ver salir por la puerta de un juzgado, sonriente, desafiante, a quien de sobra sabemos culpable. Cuando eso sucede, el error está en pensar que el problema es del exceso de las garantías de un Estado de Derecho. No, el error es confiar en esos ‘jueces estrella’ que viven de su propio espectáculo. Sólo cuando se comprende lo anterior, crece la admiración por los jueces callados, trabajadores, rigurosos y discretos hasta la exasperación; jueces que nadie conoce, que jamás aparecen en los periódicos, y que tienen a sus espaldas grandes sentencias, su única forma de expresión pública. Jueces que no ven en la independencia judicial un altar, un púlpito de adoraciones, sino un pilar esencial de la democracia, un ejercicio imprescindible de responsabilidad pública; jueces que no se marean cuando se suben al estrado del tercer poder. Por esos jueces a los que admiro, por el hartazgo de los jueces estrella, urge una reforma profunda del sistema judicial español que haga recaer en los fiscales la instrucción de los procedimientos. Ganará la investigación con la especialización de los fiscales, ganará la Justicia al fortalecerse la independencia del juez cuando, ajeno a la instrucción, dicte la sentencia y, sobre todo, ganará la sociedad con la erradicación de esa especie ampulosa que habita entre las togas, los jueces estrella.