Triunfo corrupto

Sabíamos que la corrupción es un mal sin fondo; al cabo de tres décadas de democracia en España podemos concluir algo peor, que la corrupción es un mal que no tiene remedio. La diferencia es esencial, por mucho que de lejos puedan parecer la misma cosa. Lo primero tiene que ver con la naturaleza humana, lo segundo está relacionado con la sociedad, con la cultura social, con la exigencia social. La corrupción es inevitable, sí, eso lo sabemos, pero la gravedad mayor está en la impunidad. Y ése es el paso que se puede estar dando en España. Lo sopla al oído alguien que, en los juzgados, desde una alta magistratura, se enfrenta a diario a esa podredumbre: «Estamos perdiendo la lucha contra la corrupción».

Lo dice por la burla continua de la clase política de las sentencias condenatorias, por la propia politización de la justicia, pero también por la certeza anterior de que una sociedad no puede ser permeable, permisiva, ante la corrupción. La corrupción se combate con la legislación y con los tribunales pero, sobre todo, con la repulsa de la sociedad. La proliferación de casos de corrupción en España, en Andalucía, y la impunidad electoral de los partidos afectados por esos casos de corrupción nos demuestran con claridad que es verdad, que se está perdiendo la lucha contra la corrupción. Acaso porque se ha asumido con normalidad una «cultura de la ilegalidad».

Se dirá en Andalucía, con razón, que no se puede tratar a todos los partidos políticos por el mismo rasero, que, con diferencia, el PSOE es el partido con más casos de corrupción a sus espaldas. Y es posible que sea así, pero si el PSOE es el partido más corrupto es sólo porque es el que acumula más poder. Que levante la mano aquel que conozca un partido político que, estando en el poder, no ha contado con un grupo de empresas afines de trato privilegiado, constructoras sobre todo. La elocuencia de lo que está ocurriendo en Valencia con la trama Gürtel es la demostración palpable de que la corrupción en España crece donde se asienta el poder, con independencia de las ideologías políticas que detenten ese poder. Y en Valencia, como ha ocurrido en Andalucía, la corrupción no se paga en las urnas: aquí el PSOE revalidó la mayoría absoluta, como si nada, tras el caso Juan Guerra, tras los escándalos de la Expo, tras el caso Ollero… Chaves contesta sobre su hija o sobre sus hermanos, como Camps cuando le preguntan por los trajes: «yo gano elecciones». Esa es la impunidad que otorga la sociedad y por eso se está perdiendo la batalla, porque a partir de ese rasero burlar a los juzgados siempre será posible.

«La Junta colabora con quien colabora», dice el principal imputado del ‘caso Mercasevilla’ en la cinta grabada por unos empresarios que dio origen al proceso judicial. Han pasado muchos meses y el proceso se ha diversificado ya en varias ramas, con más de una decena de imputados. Ni el alcalde ni nadie de la Junta contempla el escándalo como propio; oigo que les preguntan y responden ofendidos. Quizá porque saben que la sociedad les perdona, que no habrá nadie que retire su voto de las urnas por el escándalo de Mercasevilla, como antes por las facturas falsas del distrito Macarena. Saben, en fin, que cuenta a su favor con la existencia de una ‘cultura de la ilegalidad’, que es un concepto de Carlos Fuentes, de su libro La Silla del Águila, más que una novela un manual, un retrato fiel de la política, del poder, de la corrupción, vasos comunicantes del mismo flujo. «La honestidad puede ser admirable, pero acaba por convertirse en vicio. Hay que ser flexible ante la corrupción».

Imagen: escuadrondelaverdad.files.wordpress.com