Aniversario

Por las expectativas frustradas, por las esperanzas traicionadas, por la razón conculcada, por la justicia violentada, por las tensiones generadas, por la amargura resucitada, por el ansia desatada. Por la soberbia demostrada. Por la pérdida de tiempo. Por que un país no se merece el abuso de sus hombres más ilustres; por el todo y por la nada, el Consejo General del Poder Judicial tendría que abrir un expediente al juez Garzón. Que en la independencia y en la autonomía judicial no pueden caber peripecias como la descrita por este juez con la Memoria Histórica.

Es necesario este pronunciamiento superior sobre todo ahora que la espantada final de Garzón ha multiplicado el problema por los juzgados provinciales y, como ya se está viendo en Córdoba, el esperpento en adelante será comprobar cómo lo que se archiva en Salamanca se inicia en Granada o se recurre en Huelva. Por eso, hace falta un pronunciamiento superior que marque las pautas y reconduzca a la senda de racionalidad, a la lógica del Derecho, el embrollo en el que nos ha metido el ‘juez estrella’. Y reconducir la Memoria Histórica, necesariamente, debe pasar por el archivo de todas las causas contra delitos prescritos, primero, y asumidos, después, por un país que se dotó de una ley de Amnistía para enterrar su pasado y, sin deudas pendientes, construir entonces el mayor periodo de estabilidad democrática que ha vivido España en toda su historia.

Y si todo acaba en el Tribunal de Estrasburgo, sólo habrá que esperar que desde fuera este absurdo se vea con la claridad que aquí, por momentos, se hace bruma. Que no tiene sentido denunciar ahora, como si acabase de ocurrir, como si nos hubiésemos enterado al excavar los cimientos de una urbanización, la desaparición de 140.000 personas y abrir un proceso penal por ello. Y que proliferen asociaciones como la ‘Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo’, que ya con el nombre lo dice todo; ‘desapariciones forzadas’, dicen, como si alguna vez hubieran sido voluntarias; que son tan infames los terroríficos eufemismos de la dictadura («dar el paseo» a alguien suponía su fusilamiento) como estas cursiladas de ahora. La memoria histórica no es un proceso penal a un muerto o a una calavera. La memoria histórica, que está en la ley, es facilitar a las familias que lo deseen la localización de sus familiares fallecidos y un entierro digno.

Memoria histórica es la enseñanza en las escuelas de lo que ocurrió para que nunca más suceda. La Memoria Histórica es, una vez más, el último discurso de Azaña escrito para quien, decenios o siglos después, ya no le pudiera oír, dirigido a quien ya no recordara lo que pasó: «A otras generaciones, que se acuerden, si alguna vez les hierve la sangre iracunda y otra vez el genio español vuelve a enfurecerse con la intolerancia, con el odio y con el apetito de destrucción, que piensen en los muertos y escuchen su lección: Paz, Piedad y Perdón».
Memoria histórica es recordar hoy a Azaña, sus palabras, y olvidar al dictador en el aniversario de su muerte.