Respeto

El Gobierno andaluz y su agresiva clac están desarrollando, en su deriva hegemónica, un peligroso concepto de legalidad invertida. Dice así este último silogismo disparatado: ‘Cuando una sentencia no es acorde a las directrices políticas de una ley, significa que la Justicia no está respetando el ámbito de decisión del Gobierno que ha sido elegido por la voluntad mayoritaria de los ciudadanos’.

La ofensiva ha surgido con fuerza con motivo de la sucesión de sentencias contrarias a la legislación educativa andaluza; contra la obligatoriedad de la Educación para la Ciudadanía; contra el rechazo de alumnos en colegios concertados en función de la ratio de alumnos establecida para cada clase; y, finalmente, contra la orden de la Consejería para que la planificación de los exámenes dejara de ser potestad exclusiva de los profesores y decidieran, con el mismo voto, los alumnos, los padres y los maestros.

Es en ese momento cuando varios miembros del Gobierno andaluz y de su clac han expuesto el siguiente razonamiento: «Exigimos al TSJA respeto a la Consejería de Educación y respeto a Ley de Educación». O sea, que son los jueces los que no respetan la ley cuando la sentencia es contraria a la directriz política. O sea, que, por encima de la legislación autonómica, no parece existir ninguna legislación superior, ni siquiera derechos fundamentales. Y el hecho de que un tribunal anule una ley andaluza invocando principios constitucionales, hasta se llega a interpretar como una intromisión ilegítima en la tarea del Tribunal Constitucional.

Ocurre, sin embargo, que las sentencias en contra de las políticas de los gobiernos son frecuentes en todo el mundo democrático. Fíjense ayer mismo, el Tribunal Superior de Cataluña volvió a condenar a la Generalitat por no respetar el derecho de los padres a elegir la lengua en la que se eduquen sus hijos y muchos kilómetros más allá, el Constitucional turco anuló una decisión del Parlamento que enmendó dos artículos de la Constitución para permitir que las estudiantes con velo puedan asistir a la universidad. Ese segundo caso, por ejemplo, es digno de reflexión, porque la Constitución emana del Parlamento y ahora, cuando el Parlamento quiere enmendarla, el Tribunal Constitucional se lo prohíbe.

Por mucho menos, aquí se han lanzado en torbellino, como suelen, atizando a los jueces, zumbando la curtida badana judicial con ritmo acompasado. Y mientras una consejera les exigía «respeto a la Ley», los asesores áulicos, más agresivos, los llamaban delincuentes, prevaricadores, corruptos y sinvergüenzas. Literal. Que esas sentencias contra la Junta son casos claros de «corrupción institucional». Esa es la deriva, los peligrosos delirios hegemónicos de este personal, sus intentos de someterlo todo, subordinados antes que jueces, que empresarios, que periodistas, que empresarios, que profesores, que ciudadanos…