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La defensa de los estatutos de autonomía se reviste en todas partes con los pesados faldones de un discurso reaccionario y prepotente. Sin que nada tengan que ver entre ellos, podemos encontrar a Escuredo con el mismo argumento que Carod Rovira. O a Borbolla pisándole los talones al discurso de Antxo Quintana o Joan Saura, un poner. Todos se visten de agravios, trajes de colores autonómicos, y deducen de cada duda de inconstitucionalidad, de cada crítica, un ataque frontal a la soberanía de los gobiernos autonómicos. O una agresión al pueblo correspondiente, que también es una reacción habitual, aunque el pueblo al que se alude se haya pasado por el arco de la abstención esa polémica de cuatro.

Dicen ahora, ajenos a cualquier realidad, que el recurso de inconstitucionalidad planteado por la Generalitat de Valencia es una pérdida de tiempo, un sinsentido. Tienen claro que el Estatuto andaluz es constitucional porque lo han votado los diputados y los senadores, porque lo han respaldado los andaluces y porque, «si no es constitucional, como diría Gregorio Peces Barba, que venga Dios y lo vea». «Todo lo demás es debate estéril», sostienen Escuredo y Borbolla.

Lo curioso de los dos ex presidentes de la Junta es que exactamente lo mismo dijeron del Estatuto que aprobó el Parlamento de Andalucía y que ellos avalaron, como miembros distinguidos del Consejo Consultivo de Andalucía. Después, el Congreso modificó más de cien artículos del Estatuto andaluz porque pensaban que eran claramente inconstitucionales. En fin, que no parece, después de aquello, que la opinión jurídica de Escuredo y Borbolla, como la del resto de miembros del Consejo Consultivo andaluz, merezca mucho la pena. Igual que la del Consell Jurídic Consultiu de Valencia, o el de Cataluña, que se limitan a avalar lo que les pide el gobierno. Otro gasto inútil de la cosa autonómica.

Dicen ahora, aquí y allí, que no tiene sentido que el Tribunal Constitucional se pronuncie después de que los estatutos hayan sido aprobados en referéndum, pero ninguno de ellos, ningún Consejo Consultivo autonómico, ha recomendado jamás que, como ocurría en la Transición, se volviera a implantar en España el recurso previo de constitucionalidad, para evitar esta dinámica de hechos consumados. Por eso, ahora, sólo una sentencia del Constitucional podría devolver el debate autonómico al instante previo a esta marejada de reformas contradictorias. Sólo el Constitucional puede resolver el enredo de las inversiones autonómicas; esta división en la que a Cataluña y Andalucía le corresponde, según sus estatutos, casi el cuarenta por ciento de las inversiones a repartir entre todo el mundo. Esta mitad para dos, esta otra para quince.

Dicen que no hay que dejarse llevar por prejuicios jacobinos, que no hay que temerle miedo a las rupturas. Pero no es de filosofía jacobina el debate, que todo es mucho más elemental. Se trata sólo de enfrentarse a un engaño.