Defensor

Anda revuelta la clase política andaluza con el nombramiento paritario de los cuatro adjuntos al Defensor del Pueblo. Dos meses llevan negociando y nada, son incapaces de ponerse de acuerdo en aquello que tan pomposamente han incluido en el nuevo Estatuto, que todos los altos cargos tienen que ser paritarios (cincuenta por ciento de hombres y cincuenta por ciento de mujeres). Se acumulan los despropósitos porque para cada uno de los partidos antes que la paridad está el compromiso interno con éste o con aquél para darle un cargo cómodo y bien retribuido. Se les ha atragantado la paridad, y lo único bueno que tiene ese colapso es que nos revela la hipocresía del sistema.

Para empezar, lo que no se explica es por qué el defensor andaluz tiene que tener, por obligación legal, cuatro adjuntos. ¿Por qué tenemos que asumir que, por narices, cada uno de los cuatro partidos con representación parlamentaria tenga que mojar en cada salsa? Otro puesto más, un cargo más para que cada cual lo reparta entre sus deudos. Ora un consejo audiovisual, ora uno consultivo, ora uno asesor. Y la cadena nunca se acaba.

Para quienes no han olvidado que el objetivo de las instituciones es servir al ciudadano, no al interés de los partidos políticos, el debate de ahora no consiste en saber si es el PSOE o el PP quienes deben nombrar a una mujer, mientras que el PA o Izquierda Unida deben presentar a un hombre. Esa historia sólo les interesa a ellos, a los demás nos importa una higa, incluido al propio José Chamizo, al que no se le imagina enredado en esas cuitas paritarias, como si deshojara una margarita, “hombre, mujer, hombre, mujer…”

Que no, que de este embrollo indecente del defensor sólo se sale con principios, no con acuerdos sobre cuotas. Y para volver a los principios, a lo elemental, habría que empezar porque sea el Defensor quien decida el número de adjuntos que necesita. ¿Por qué cuatro? ¿Y si funciona mejor con dos? Y que también los designe, no para satisfacer la cuota de nadie, sino de acuerdo a las necesidades de la Oficina y a la capacidad y a la cualificación de cada uno de ellos.

Asumir, como ocurre en Andalucía, que cada partido designa a un adjunto al defensor es una aberración política, un despilfarro económico y, además, es ilegal, porque la ley, en ninguno de sus apartados, dice que cada grupo parlamentario tiene derecho a nombrar un adjunto al defensor del pueblo.

En el diccionario, la palabra paridad no tiene el significado que le ha dado la clase política. Paridad significa “comparación de algo con otra cosa por ejemplo o símil”. Siguiendo esa acepción, este colapso del Defensor ha venido a revelarnos que la paridad es uno de los mejores símiles de la endogamia política. Y si lo prefieren, de la burocracia política.