Teatro

El consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, ha dicho estos días que se enteró hace poco, cuando comenzó la operación malaya, de que existe una persona que se llama Juan Antonio Roca. Se enteró «cuando lo cogió la Policía y lo metió en la cárcel». Esto ha dicho Zarrías. Y por muy poca seriedad que tenga la política andaluza, por muy acostumbrados que estemos a este desparpajo oficial, por mucho que esta asfixia de régimen se regodee en la impunidad electoral, estas pedradas no se pueden digerir. Un engaño así se atraviesa en el esófago de cualquiera. No existen tragaderas capaces de engullir esas trolas. Porque es mentira.

De hecho, el problema principal que tiene la Junta de Andalucía en Marbella es que todo lo ocurrido es contundente, demoledor, incontestable. No hay explicación posible que pueda aliviar su responsabilidad política. No existe ese atajo que justifique tantos años de mirar para otro lado. Para desmentirlo, van repitiendo por ahí, ellos y sus asesores áulicos, que gracias a la Junta de Andalucía existen numerosas sentencias que ordenan la demolición de viviendas y que gracias a un gobierno socialista se ha puesto en marcha la operación malaya. Y tampoco estas medias verdades justifican nada. Veamos.


En primer lugar, el Gobierno andaluz comenzó a poner denuncias en los tribunales de Justicia cuando la degeneración política de Marbella era ya insostenible; cuando el saqueo de las arcas públicas era irrecuperable; cuando el desastre urbanístico era ya irreversible. Siempre surgían excusas para no hacer hada, pretextos del tipo de que no era de recibo que dos administraciones dirimieran sus diferencias en la vía penal, como recuerda ahora de forma insistente la ex diputada socialista Inmaculada Galvez, que ahora asiste perpleja a este desfile de caraduras.

Pero es que, además de no haber actuado judicialmente, la responsabilidad principal del Gobierno andaluz es la de haber permitido que Marbella haya estado inmersa durante la era Gil en una laguna legal en la que todo era posible. No hubo PGOU desde 1986 hasta el año 2000. Quince años de vacío legal en los que se construyeron miles de viviendas ilegales por las que, sin embargo, Hacienda y la propia Junta cobraron religiosamente sus impuestos.

Quince años sin Estado de Derecho. En ese tiempo, sólo cuatro locos denunciaban lo que allí ocurría. Sin ningún respaldo. Estaban acosados, perseguidos, amenazados. Nadie los oía. "Perdí la esperanza de que alguien me hiciera caso", repite ahora Jorge González, el asesor jurídico del Ayuntamiento de Marbella con cuya declaración se inició formalmente el ‘caso Malaya’. Y ahora, lo que le sorprende a González es comprobar que, entonces, no dijo nada que no hubiera repetido antes en decenas de ocasiones. "Lo que ocurría aquí lo sabía todo Marbella, pero nadie hizo nada”.

Nadie hizo nada. Y ahora llega Zarrías y dice que se enteró que Roca existía cuando lo detuvo la Policía. “Perdona que no te crea, lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada”. Como La Lupe.