Chicles

Moral, ética y legalidad. A menudo, oyendo a unos y a otros, cualquiera puede concluir que, salvo el tercer principio, cuya resolución está en manos de un tercero, en política también es imposible que nadie pueda ponerse de acuerdo sobre conceptos tan teóricos y elásticos como la ética y la moral. Será porque, como advertían los aristotélicos, los principios éticos se adquieren mediante el hábito y la costumbre, y por aquí hemos estado ayunos durante mucho tiempo de esos modos. Pero la falta de costumbre no diluye las exigencias ciudadanas ni difumina los conceptos. No las hace tan etéreas y complejas, tan difusas e interpretables como para que caigamos en la trampa de no distinguir dónde está la línea divisoria que separa lo correcto de lo incorrecto.

Para que esa confusión pueda triunfar muchas veces se trata sólo de repetir, hasta la saciedad, un puñado de consignas. Desde que comenzó el conflicto de Chaves y sus hermanos, el presidente de la Junta se ha limitado a afirmar tres cosas. Que todo el mundo tiene «el derecho constitucional a trabajar», que lo ocurrido «se atiene a la ética» y que, además, es «legal». Pues veamos si es así. Es cierto, por ejemplo, lo primero, que los hermanos de Chaves tienen derecho constitucional a trabajar, estaría bueno. Pero lo que no dice la Constitución por ninguna parte es que tengan derecho a trabajar en la Junta de Andalucía.

Para analizar la segunda afirmación («todo es ético») bastaría con aplicar la decencia, pero parece mejor recurrir de nuevo a Código del Buen Gobierno aprobado por Zapatero, en el que sí se precisa qué es ético y qué no. Dice así: «Principios éticos: Se entiende que existe conflicto de intereses cuando los altos cargos intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyan a la vez intereses de supuesto público e intereses privados propios, de familiares directos, o intereses compartidos con terceras personas». ¿Y qué ocurre con la tercera afirmación? Por lo que acabamos de ver, tampoco parece cumplirse el principio de legalidad, según lo estipulado en la Ley de Incompatibilidades.

Es decir, que ni la una, ni la dos ni la tres. No habrá dimisiones porque las responsabilidades sólo se adoptan cuando impera la ética, que es lo que falla aquí. Tanto que ahora el Gobierno recurre a una explicación tan peculiar como que la denuncia de incompatibilidad flagrante sólo es «el intento de estirar un chicle que está ya muerto y podrido, de manera que se dediquen a otra cosa». Ya ven, qué rigor y qué consejos.

Fue Maquiavelo quien dijo que «el que no detecta los males cuando nacen, no es verdaderamente prudente». En el PSOE andaluz, acostumbrados a ganar en todas las circunstancias y ante todos los conflictos, el mal que nació hace ya mucho tiempo y que nadie quiere ver es el de la soberbia de Chaves. El chicle, sí; el chicle podrido de la soberbia que es el pegajoso sustento de todo esto.