Seguridad

En algunos de los textos doctrinales sobre el Derecho, se señala la seguridad jurídica, junto a la libertad, como uno de los pilares básicos de un Estado democrático. El ciudadano de un país democrático duerme cada noche con la tranquilidad de que si alguna vez lo desvela el ruido de un motor en marcha junto a su ventana, será uno de esos ‘coches discoteca’, pero no más. (Churchill, ya saben, hablaba del lechero, pero se corre el peligro de que nadie entienda la ironía en estos tiempos que corren). El valor esencial de la seguridad jurídica es tan claro que, de hecho, se incluyó en la Constitución española (artículo 9.3) y está considerado en el reino de la judicatura como “una exigencia social irrenunciable” (García de Enterría).

Quizá el presidente Chaves había pensado que, siendo Marbella un patético ayuntamiento de tránsfugas de todos lados, hasta de sí mismos, y de ediles empapelados por algún proceso judicial; que siendo la Costa del Sol un refugio de especuladores y pelotazos inmobiliarios; que siendo aquel un ayuntamiento gobernado por dos mujeres que carecen del respaldo de cualquier partido político; podía tomar la decisión que quisiera que nadie lo iba a criticar. Y es verdad. Cuando se anuncian medidas contra Marbella, ¿quién en su sano juicio se va a poner de parte de la alcaldesa, que es el Gil redivivo? ¿Y de ese tipo oscuro, Roca, que se mueve en la sombra?

Ocurre, sin embargo, que caer en esa trampa para elefantes sólo le podía ocurrir a los partidos de la oposición andaluza, pendientes también ellos de sus intereses electorales. Todos han aplaudido a Chaves, o lo han criticado exigiéndole medidas más severas, sin reparar que se puede estar cometiendo un sonoro atropello. ¿Qué es eso de anunciar la retirada de las competencias urbanísticas de un ayuntamiento en un acto político del PSOE en Marbella? ¿A qué altura se deja el Consejo de Gobierno? ¿Y qué es eso de comunicar una sanción casi tres semanas antes de que pueda aprobarse? ¿A qué altura ha dejado al Consejo Consultivo andaluz, que tendrá que pronunciarse al respecto? ¿Dónde está el rigor y la seriedad? ¿Y cómo entender que se le retiren al Ayuntamiento las competencias de planeamiento cuando lo que se le reprocha es que conceda licencias ilegales y cuando es sabido que, desde hace dos años, el planeamiento de Marbella está en manos de la Junta y de uno de sus ‘arquitectos estrella’, González Fustegueras? No, no. Aquí hay gato encerrado.

Ninguno de los ediles que gobiernan Marbella merece, desde hace años, ninguna confianza política. Pero cuando se produce un atropello político, la barbaridad mayor es pensar en la calaña del afectado. Y mirar para otro lado. Porque resulta que mañana te puede tocar a ti. Porque la Ley no se puede aplicar en función del interés político. Ese es el valor de la seguridad jurídica. Por eso lo debemos seguir considerando una exigencia social irrenunciable. Incluso en Marbella.