Prescripción

Me lo enseñó un viejo lobo de toga negra y puñetas gastadas: En un Estado de Derecho, todos los organismos relacionados o vinculados con la Justicia no están a la vista. Conocemos sólo los habituales, los juzgados y las fiscalías, ya sean en edificios ruinosos en los que las ratas se pasean de noche por la mesa de los magistrados o en Palacios de Justicia de mármoles y cuidados jardines alrededor. También están las dependencias policiales, los calabozos y los despachos de los polis en el centro de la ciudad o las habitaciones empapeladas de historia y desconchones de la casa cuartel de la Guardia Civil en cualquier pueblo de España. A la estructura primera, habría que añadirle aún los despachos de los abogados, con sus togas colgadas en el perchero y sus estanterías consagradas al Aranzadi, y el fru-frú de chismes y componendas en la cafetería de los juzgados, entre tapas de ensaladilla y aliños de pulpo al final de una mañana de juicios. Luego está la cárcel en las afueras de la ciudad, cuatro torretas en las esquinas y el patio de las idas y venidas de los presos, dándole vueltas a la nada cuadrada de cuatro muros altos, una y otra vez, como si persiguieran al tiempo para matarlo.

Con cada uno de esos elementos, se compone a diario la aspiración más razonable que ha encontrado el hombre en su camino a la civilización, la necesidad de hacer Justicia. Un delincuente debe saber que la policía intentará detenerlo y que, cuando eso ocurra, se le someterá a un juicio justo del que saldrá condenado, si existen pruebas suficientes, y puede acabar pagando su pena en la cárcel. Como la Justicia debe ser transparente, todo eso está a la vista. La policía, la judicatura y la cárcel. Lo que me enseñó el tipo aquel es que ese triángulo no es perfecto, que también existen organismos invisibles, como el Benemérito Instituto de la Prescripción. Cuando me habló de ese organismo invisible lo hizo porque, unos días antes, en el Gobierno andaluz andaban preocupados por algún escándalo del pasado que, después de tanto tiempo oculto, había irrumpido en los periódicos de forma abrupta. Hicieron algunas consultas discretas, sobre las repercusiones penales que podría tener aquella basura olvidada, y cuando repasaron las fechas del delito, lo tranquilizaron con una sola frase: «Dile al presidente que debería conocer la existencia del Benemérito Instituto de la Prescripción».

Es así. Contra el delito más flagrante, más palpable, nada puede hacerse si la denuncia llega tarde, cuando el delito ha prescrito por el paso del tiempo. Será eso, por ejemplo, lo que persigue ahora el gobierno andaluz cuando habla de los ‘EREs muertos’. Las irregularidades están ahí, ocultas, pero la Junta de Andalucía se ha apresurado a aplicarles la doctrina de la prescripción: ‘ya se han pagado, luego no existen: están muertos’. Vale, pero tendrá que explicar antes el Gobierno por qué le parece que un delito ya consumado le parece menos delito que otro que se está consumando. Por qué el intruso que ya ha cobrado toda la prejubilación va a ser menos culpable que el intruso que aún está cobrando la falsa prejubilación. Quizá no han reparado que el Benemérito Instituto de la Prescripción sólo vale para la Justicia. La política debería ser otra cosa.