Etcétera

Cada vez que la Justicia se desvía de sus límites, siempre se recurre al ejemplo de aquel Código Penal de Guinea en el que el dictador incluyó alegremente un artículo que decía: «Serán objeto de pena de cadena perpetua aquellos que atentaran contra el Estado, cometieran asesinatos, fraudes, etcétera». Sólo con pensar la cantidad de gente que podría ser condenada por el etcétera, se le ponen a uno los vellos de punta y se corta la carcajada que produce la lectura del artículo. Porque el Derecho es, para lo bueno y para lo malo, todo lo contrario: un cuerpo legislativo que regula y delimita los procesos judiciales y que otorga al presunto delincuente un amplio abanico de garantías para que nunca pueda ser objeto de un juicio inquisitorial.

Es muy probable, por todo ello, que la Junta de Andalucía tenga razón cuando afirma que es un exceso que la jueza de la trama de los ERE le haya pedido al Gobierno andaluz que le remita todas las actas de sus reuniones en los últimos diez años. Sí, es posible que sea así, que se trate de una petición desproporcionada de acuerdo a la investigación que se realiza. Una petición así, aun sin pretenderlo, se asemejaría más a una ‘causa general’ contra la Junta de Andalucía, a un etcétera como el de antes, que a la investigación judicial sobre un asunto concreto: el uso irregular de 700 millones de euros durante nueve años para financiar expedientes de regulación de empleo que, a su vez, están plagados de chorizadas. Tanta es la envergadura de este escándalo, por sí solo, que lo que requiere es concreción y delimitación, antes que ramificaciones de la instrucción que acaben convirtiendo este proceso en un remedo de aquellas infaustas instrucciones de otros casos de corrupción que acabaron en un laberinto imposible y, a posteriori, en una frustrante cadena de anulaciones. Cualquiera que esté interesado en que la trama de los ERE llegue hasta el final, contra lo que debe luchar ahora es contra los excesos. El rigor es más implacable que la espectacularidad en un proceso judicial.

De todas formas, cuando la juez de la trama de los ERE solicita las actas de los Consejos de Gobierno, sabe muy bien a donde apunta. Los informes reiterados de la Intervención General de la Junta de Andalucía, en los que se daba traslado de las irregularidades y la falta absoluta de control de esos fondos ocultos, han abierto en este caso la puerta de la prevaricación administrativa de los responsables del Gobierno andaluz. Es el artículo 404 del Código Penal el que recoge este supuesto especial de prevaricación, ciñéndola a las decisiones arbitrarias, entre las que se incluye la adopción de resoluciones que ignoran las normas esenciales del procedimiento administrativo. Y eso, justamente eso, es lo que, siete veces siete, advirtió la Intervención General. ¿Se trató este asunto en un Consejo de Gobierno? ¿Se le dio ‘luz verde’ en esas reuniones al ‘fondo de reptiles’? Eso es lo que, presumiblemente, quiere saber la jueza para delimitar las responsabilidades. Probablemente para alcanzar ese objetivo exista otro camino, menos enrevesado que la petición de las actas del Consejo de Gobierno durante tantos años. Debe existir, porque lo peor que le puede ocurrir a la trama de los ERE es que el Gobierno encuentre en el afán de la jueza la vía perfecta para dormir este escándalo en el Tribunal Supremo con un litigio competencial.