Colapso

Harto. Muy harto. Cansado. Muy cansado. Es mediodía y en una gasolinera de la autovía de Andalucía el aire fresco del otoño se ha confabulado con el zumbido lejano de la carretera para crear una atmósfera de vacío, de soledad. Unos pocos clientes llenan los depósitos de sus coches, sin el trasiego de las horas punta o de cualquier mañana de domingo. En esas, irrumpe en la gasolinera una fila de cuatro o cinco camiones de un servicio municipal de limpieza. Se bajan de los vehículos y, mientras algunos comienzan a repostar gasóleo, otros forman corrillos en junto a las oficinas de aquella gasolinera, ahora sobresaltada de su silencio anterior. Gritan y ríen todos y, entre el barullo, se oye la voz clara de uno de ellos, que se dirige, burlón al resto, “¡Eh, compañeros! Que son las doce y nuestra jornada laboral acaba a la una de la tarde…” La advertencia provoca la carcajada inmediata del resto. Son trabajadores municipales, o de una mancomunidad, o de una Diputación, y debe ser éste uno de los divertimentos de los que tantos hablan algunos; el deporte nacional del absentismo laboral, la picaresca del escaqueo, la cara dura de cobrar y trabajar lo menos posible. Quizá en otra ocasión, también yo hubiera sonreído, pero, en la que estamos, nada de esto hace gracia. Y mucha gente, que no trabaja en el sector público, comienza a estar ya harta. Mucha gente, que en el taller, en la obra o en el tajo, se parte la boca para llevar un jornal a casa. Mucha gente que no conoce de horas en su pequeño negocio. Mucha gente, incluso, dentro del sector público, que ha estudiado, que ha aprobado con esfuerzo unas oposiciones, y se le revuelve el estómago cuando ve pasar por delante de su mesa de despacho un desfile de enchufados. Hartos. Muy hartos. Y cansados. Muy cansados.

Porque llega un momento en el que la crisis, esta tiesura que arrastramos, nos hace contemplar con indignación la insoportable desproporción que existe aquí entre el sector público y el sector privado, agravadas con las diferencias de trato, de sueldo, de horarios, que se perciben con cada noticia que surge. Andalucía, que es la comunidad autónoma más pobre de España, es la que tiene más empleados públicos de toda la nación. Más que Cataluña, más que Madrid, tantos como los de toda la administración pública española. Medio millón de empleados públicos, 498.327 en Andalucía frente a 497.856 de la administración central, descontados los funcionarios del Estado que trabajan en Andalucía. Es un disparate; esa cifra es un disparate que sólo refleja la distrofia de un sistema que la primera reforma que necesita es la de la del equilibrio entre lo público y lo privado.

Por eso, ahora, cuando las únicas intenciones de la Junta de Andalucía, ante esa realidad, es la de sumarle más de 20.000 personas a la Función Pública andaluza, convirtiendo en funcionarios a todos aquellos que se han colado en las empresas públicas, la sensación que se produce es idéntica a la que aquella mañana en la gasolinera. No es una cacicada más. No es un abuso más. No es un atropello más del régimen. En las que estamos, ese decreto impuesto, que corrompe los ideales de la Función Pública, provoca la misma reacción que aquella mañana en la gasolinera. Hartos. Muy hartos. Y cansados. Muy cansados.