Automatismos

Hace un par de meses, el Tribunal Supremo absolvió de prevaricación al juez Urquía con el inquietante argumento de que «la mera ilegalidad» no basta para condenar a un tipo. Inquietante porque entre los hechos probados se reconocía que el juez de Marbella se quiso comprar un piso; que para comprarse el piso, en vez de ir al banco y pedir un crédito, se fue a ver a Roca al Ayuntamiento; que Roca le abrió la ventanilla y le dio los 73.800 euros que le hacían falta para pagar la vivienda; y que, a continuación, el juez fulminó un programa de televisión en el que se ponía a caldo al ex asesor urbanístico marbellí. En una sentencia anterior, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía había condenado por prevaricación al juez porque entendía que era evidente que se puso de parte de Roca en su conflicto judicial con la televisión en contraprestación del dinero recibido, «a cambio de un trato favorable en asuntos judiciales», decía la sentencia. Sin embargo, el Tribunal Supremo no llegó a ver clara esa vinculación porque la prevaricación sólo se habría dado «en absoluta falta de competencia o en inobservancia de esenciales normas de procedimiento». Es decir, que como el juez Urquía había respetado el procedimiento judicial y había dictado la resolución favorable a Roca con apariencia de legalidad, no es posible establecer una conexión entre el dinero recibido y el trato de favor.Y concluía con la frase de antes: «La mera ilegalidad no basta a estos efectos».

Ayer, el Tribunal Superior de Valencia archivó la causa abierta contra el presidente de aquella comunidad, Francisco Camps, con un razonamiento muy parecido. Afirma que, aún en el caso de que, en efecto, Camps y los demás hubieran recibido los regalos de los que se les acusa, no se puede descartar que los hayan recibido por amistad o por ser cargos del PP, en vez de por el cargo público que ocupan. Lo expresa, además, con términos que recuerdan la sentencia anterior de Urquía: no se puede establecer el cohecho con un «automatismo genérico» en el sentido de que cuando un alto cargo recibe un regalo éste se realice «en consideración a su función, por el mero hecho de constatarse que se reúne la cualidad de autoridad o funcionario público».

El cohecho o la prevaricación, o sea, no depende tanto los hechos probados como de la interpretación que haga el tribunal del ánimo del procesado. Hacen bien los tribunales en aclararnos estas cosas porque cualquier mortal, sin demasiados conocimientos jurídicos, hubiera interpretado todo lo contrario, aplicando sólo el sentido común; que el juez le dio la razón a Roca en su conflicto judicial con la televisión a cambio de los 73.800 euros de la vivienda y que si a Camps una empresa valenciana le regalaba trajes era por ser el presidente de la comunidad. Menos mal que los tribunales nos aclaran ahora que no debemos pensar así, que todo esto es un automatismo, meras ilegalidades que no dan para condenar a nadie por prevaricación o por cohecho. La duda es: a partir de este rasero, ¿quién puede ser condenado en España por prevaricación o cohecho? Quizá lo mejor será anular esos delitos del Código Penal. Que el personal se deja llevar por la evidencia, sin la sutil interpretación de un juez, y así nos va.