Drástico

Por el ministro de Justicia sabemos que hay leyes en España para las que no se exige una aplicación «drástica». Desde que la consejera andaluza del ramo defendió la reforma del Estatuto con el objetivo de que los jueces dictaran «sentencias con idiosincrasia andaluza» no se recuerda una invención igual. Lo del ministro, que es fiscal de profesión y sectario de vocación política, es posible que provoque más desconcierto aún porque una de las coletillas políticas más cansada de estos tiempos es ésa de la «tolerancia cero». Para los maltratadores, ‘tolerancia cero’; para los especuladores, ‘tolerancia cero’; para los infractores de tráfico, ‘tolerancia cero’; para los fumadores empedernidos, ‘tolerancia cero’; para los que contaminen, ‘tolerancia cero’; para las mafias de la inmigración, ‘tolerancia cero’... Pero para todo lo relacionado con el entorno de ETA y el ‘proceso de paz’, aplicación «no drástica» de la Ley.

Si el ideal de Justicia es la universalidad y la aplicación de la ley sin discriminación (artículo 14 de la Constitución), imagino a los jueces y a los fiscales algo confundidos con esta nueva norma tácita que divide las leyes españolas en dos, las que se aplican con rigor, que eso significa drástico, y las que tienen margen para soslayarlas.

Porque imaginemos que, en vez de solicitar una aplicación «no drástica» de la Ley para Batasuna, se solicita ese mismo criterio para un hideputa que, en una noche de copas, llega a su casa y abofetea a su mujer. O para una mujer que atropella a un tipo y luego se da a la fuga porque iba conduciendo a más velocidad de la permitida y se saltó un semáforo. Nadie lo imagina y nadie lo defendería, por mucho que ambos se arrepintieran. ¿Por qué ha de ser distinto contra quienes forman ese entramado de extorsión, violencia y asesinato y ni se arrepienten ni reniegan de nada?

El Supremo, en la sentencia con la que ilegalizó a Batasuna en 2003, dijo que la estrategia habitual de la banda terrorista, desde sus orígenes, era «el desdoblamiento» (ETA y Batasuna, como antes ETA Militar y ETA Político-Militar) «para lograr una mayor penetración en la sociedad». Y la Ley Electoral General incluye en los supuestos de ilegalización (artículo 44.4) aquellas candidaturas que tengan «una similitud sustancial» con los partidos ilegalizados y las personas que los representan.

En fin, que todo está tan claro que la atrocidad mayor no es que el Gobierno piense que Batasuna hay que legalizarla, sino que, para conseguirlo sin que se note demasiado, expida un atenuante genérico y retuerza los principios elementales de la Justicia. La cuestión es prolongar esa imagen bifronte que le permite mantener vivo el proceso de paz. De ahí, la duda inquietante que dejó aquí un concejal socialista, convencido de que el temor es que haya un atentado antes de las elecciones: «¿Quién del Gobierno asistiría al funeral de un concejal del PP o de un miembro del Foro de Ermua asesinado por ETA?»