Tacatá

El otro día, para que luego digan de los consejeros andaluces, que no los conoce nadie y que a nadie le interesa lo que dicen, un grupo de jóvenes celebró cerca de mi casa la Ley Antibotellón con un festival flamenco. Nocturno, improvisado y, lo que es peor, con voces deplorables. Voces potentes, eso sí, pero desastrosas. Disponían, según pudieron observar los obligados espectadores del vecindario, una caja de música, pum, pum, pum, tacatá, y un repertorio inclasificable. Era martes –tan sólo era martes– y, como la fiesta se prolongó hasta la madrugada, parecía que tenía alguna relación con el Consejo de Gobierno, que aprobó la ley ese mismo día. Parecía un eco desvergonzado de respuesta.

Quiere decirse, en suma, que a partir de este mismo fin de semana, aunque la ley está aún pendiente del trámite parlamentario, podremos comprobar una vez más la inutilidad de esta forma de hacer política. ¿Y por qué el escepticismo, si otras veces se defendía aquí mismo la necesidad de aprobar una Ley Antibotellón? Desde luego, no por la ley en sí, que se venía exigiendo desde hace tiempo, sino porque lo que no ha quedado acreditado todavía es que exista en las distintas administraciones el más mínimo interés político para acabar con los botellones. Sencillamente, falta voluntad política.

Era necesaria la Ley, sí, pero para acabar con las excusas políticas. Era necesaria, sí, pero sobre todo para que los fiscales puedan actuar de oficio, sin cruzarse de brazos como ahora porque dicen que tienen las manos atadas. Era necesaria la ley, sí, pero para que los vecinos a los que no les gusta el flamenco impuesto, de timbal y voces empapadas en cubatas, tengan en sus manos un arma legal más contundente. Y poder irse con ella, bajo el brazo, directos al juzgado de guardia. Si la nueva ley no sirve para denunciar por prevaricación a los ayuntamientos, no habrá servido de nada. Y eso es, precisamente, lo que no garantiza el proyecto aprobado por la Junta.

Lo que se le pedía al Gobierno andaluz era un texto legal que tipificara como infracción medioambiental el ‘botellón’. Y a partir de ahí, que cualquier ciudadano pudiera denunciar al alcalde de turno por prevaricación omisiva, delito introducido en una de las últimas reformas penales para castigar al responsable público que no persiga una infracción medioambiental, pese a tener conocimiento de ella.

Pero no. El Gobierno andaluz ha escurrido el bulto. Se ha lavado las manos. No existe voluntad política. Y lo único que hace es descargar en los alcaldes la potestad de decidir dónde es legal un botellón y dónde es ilegal.

«Dejadnos vivir, dejadnos dormir», reza una pancarta, colgada entre dos árboles, en un barrio de Sevilla. Lleva ya tiempo, está casi deshilachada. Si cuando se apruebe la Ley, el alcalde prohibe los botellones en esa plaza, a los vecinos les servirá para algo. Si no lo hace, seguirán como hasta ahora. Con el pum, pum, pum, tacatá.