Anomia

En el reverso del Estado de Derecho algunos juristas sitúan un territorio baldío, una tierra yerma de normas que han denominado anomia. La definición académica de la anomia es la ausencia de ley, la carencia de normas sociales, pero algunos estudiosos la utilizan también para definir la situación de un país que, aún teniendo en vigor un sólido entramado de leyes, se desliza por una pendiente de incumplimientos.

La anomia sería, así, una grave disfunción de las democracias. Las leyes, es decir, existen pero no suelen aplicarse. O por lo menos, no está claro que afecte a todos los ciudadanos por igual. Esa es la inseguridad jurídica, pavor de cualquier Estado de Derecho.
Lo que está sucediendo en Andalucía con el Urbanismo se aproxima mucho a esa tierra incierta en la que las leyes no se aplican por igual en todas las situaciones. Ahora, por ejemplo, cuando la Junta ha anunciado la demolición del hotel El Algarrobico, una mole indecente en el Cabo de Gata, un repaso elemental por lo sucedido en los últimos veinte años demuestra ese vértigo de contemplar cómo la ley se aplica según el interés político del momento.

De hecho, en el cartel que anuncia las obras de El Algarrobico, llama la atención cómo los propietarios, con evidente ironía, detallan todas las licencias que han obtenido en veinte años. «Suelo Urbano, julio de 1987. Publicación en el Boletín de la Provincia, agosto de 1987. Plan Parcial, aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo en mayo de 1988. Proyecto de Urbanización. Aprobación inicial en julio de 1988; aprobación definitiva en 1997. Normas Subsidiarias: Aprobación definitiva, marzo de 1998. Licencia municipal: 13 de enero de 2003». Esa retahila de aprobaciones la ha obtenido los propietarios de esa mole gracias a los votos favorables de quienes ahora defienden su derribo.

La desfachatez política es tal que, a pesar de todo lo anterior, ayer, el presidente Chaves y su consejera de Medio Ambiente llegaron a afirmar que «la Junta no va a permitir que se construya en Andalucía a costa del medio ambiente». Los mismos políticos, o sea, que hace tan sólo dos meses (el 24 de febrero) afirmaban que la construcción de aquel hotel «no es un problema medioambiental, ni de flora ni de fauna». Y añadían que la posición de la Junta estaba avalada «por estudios de la Unión Europea, por la Unesco y por científicos que han avalado la gestión medioambiental».

Junto a las acepciones políticas y jurídicas, hay una definición más de anomia. Un «trastorno del lenguaje que impide llamar a las cosas por su nombre». Para no caer en esa anomia, calculemos cuánto le va a costar al dinero público esta tomadura de pelo, y comencemos a ponerle calificativos.