Control

Lo mejor que tiene la insustancial reforma que se proyecta sobre el Estatuto andaluz es que es muy fácil destriparla. Ese tocho ingente de lenguaje de género y fruslerías políticamente correctas, se analiza en un plis-plas porque, en realidad, sólo dos o tres apartados merecen interés ciudadano. El resto va dirigido exclusivamente a alimentar la palabrería hueca de este personal. Por ejemplo, el tipo de UGT que compareció ayer en el Parlamento. Se le pudo oír eufórico porque el Estatuto andaluz va a llegar incluso más lejos que la Constitución. Sobre el objetivo que ya se contempla (artículo 12) de consecución del pleno empleo «en todos los sectores» y en especial para los jóvenes, se va a añadir ahora por lo visto que tiene que ser un pleno empleo «de calidad». Formidable, como verán. En 25 años no ha conseguido Andalucía salir de la cola en desempleo en España, y ahora se le añaden los dos huevos duros de la calidad.

Una vez desbrozado el texto de todos esos aspectos hueros, a medio camino entre lo prescindible y lo sonrojante, sólo quedan para el análisis tres asuntos que sí merecen más interés: modelo de financiación, nuevas competencias y control de la justicia. Ocurre sin embargo que, como ya se ha visto, al menos sobre el primero de los asuntos, el modelo de financiación, nada va a poder decir el Estatuto.

Y no sólo porque la financiación autonómica no pueda incluirse como relación bilateral ahí, sino porque este asunto ya ha sido decidido por el presidente Zapatero con el líder de CiU para desbloquear la reforma del Estatuto catalán. Y el PSOE andaluz, con su aplastante mayoría absoluta, lo acepta sin más, a pesar de que hasta la Federación de Municipios, que gobierna este mismo partido, haya calculado ya que Andalucía será quien más pierda con el nuevo sistema. Descontemos la financiación, pues, de la reforma.

Quedan las nuevas competencias. Pero, claro, resulta que en el Estatuto que está en vigor hay competencias a las que podría haber accedido la Junta y que, sin embargo, nunca ha solicitado. Como el despliegue de la Policía Autonómica o la gestión de las prisiones. ¿Qué supone, en realidad, de mejora competencial que se asuma la Confederación del Guadalquivir, que será la competencia nueva más destacada si es que llega? ¿Justifica eso una reforma? No parece, no.

Queda la Justicia. A diferencia de lo anterior, la propuesta presentada por el PSOE e IU sí supone un cambio sustancial en el modelo actual. El control político proyectado convertiría el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en un nuevo órgano de extracción parlamentaria.
Para echarse a temblar, o sea. Hagan cuentas. Como si fuera una resta, se eliminan los artículos superfluos, se descuenta la imposición del modelo de financiación y se descartan nuevas competencias dignas de reseñar. ¿Qué queda? Eso, miedo a la perspectiva de enfrentarse en unos años con el régimen.