Diga 33

Unos años antes de morir, Indro Montanelli, uno de los grandes del periodismo europeo, concedió una entrevista en España, que conservo como un pequeño tesoro de referencias básicas, una brújula de principios periodísticos, en la que desplegaba todo su escepticismo sobre el final de la corrupción en Italia. Había pasado ya el huracán de la operación ‘Mani Pulite’ y, a pesar de la convulsión que supuso, Montanelli estaba convencido de que el virus de la corrupción seguía vivo. «Se sigue robando pero de otras maneras, con más prudencia y discreción (...) Quitar a los italianos el vicio de robar es una empresa difícil. Un día u otro robarán porque cuando se empieza diciendo que si se roba en nombre del partido no se comete delito, se empieza mal».

La reflexión de Montanelli se refiere a Italia, sí, pero cualquiera que haya seguido los grandes casos de corrupción en España acabará aceptándola como propia porque el origen de la mangancia aquí siempre ha sido la financiación ilegal de los partidos políticos. Tan natural parecía que robar para el partido no era ningún delito, que el PSOE montó aquella empresa, Filesa, para centralizar todas las comisiones ilegales que se cobraban en España y llevar un registro preciso. Una empresa, con su balance de ingresos y gastos, su gerente y sus reuniones. Sólo cuando uno de los comisionistas, como acaba ocurriendo, decide participar del negocio e ingresar en su cuenta unos millones, el partido acepta el término corrupción.

Desde que se conoció el escándalo de la sede del PSOE de Sevilla, la reacción de los distintos dirigentes socialistas acaba siempre con la misma justificación, ¿cómo se va a calificar de ‘pelotazo’ lo sucedido si el único beneficiario es el PSOE, no un particular? El planteamiento no parece tener réplica: ‘Si el alcalde hubiera modificado el PGOU para permitirle a algún familiar la ampliación de su casa estaríamos ante un caso claro de corrupción, pero nadie se va a enriquecer’. Ocurre, sin embargo, que se olvida lo elemental, porque la acusación esencial de este escándalo es que el PSOE ha utilizado el planeamiento en beneficio propio para hacer una reforma de su sede que estaba prohibida. ¿Puede existir tráfico de influencias cuando el beneficiario es el propio partido y cuando el beneficio se limita al valor patrimonial?

Interesante duda. Entre otras cosas, porque gracias a esa recalificación el PSOE pudo obtener antes de las elecciones un sustancioso crédito con el que, presumiblemente, financiaría su campaña. Aún así, el secretario provincial del PSOE de Sevilla insistía ayer en lo mismo: «Me da igual que [la nueva sede] valga tres o 33. ¿Vamos a alquilarla o a vender la superficie? ¿Vamos a montar un negocio? Se trata de una oficina».

Es decir, como la recalificación a quien beneficia es al PSOE, da igual el valor. Nadie ha metido la mano, es verdad, pero recordemos a Montanelli. Diga 33 en voz alta, no tres, porque en el incremento del patrimonio está el quid de la cuestión. No en el receptor.