Prevaricar

La consejera de Justicia, María José López, es, quizá, de todos los consejeros del Gobierno andaluz, la persona sobre la que resulta más complicado formarse una opinión exacta de su eficacia como dirigente política. Las conspiraciones la acompañan siempre, como un halo invisible de rumores y maledicencias. Los murmullos la siguen como ‘los otros’, un bisbiseo continuo que hacen de esta consejera una especie de Nicole Kidman en la casa de los horrores que es la política activa y, sobre todo, los compañeros de partido.

El caso es que es tal la desproporción entre lo que cuentan unos y lo que niegan otros que, al final, ya no se sabe si la consejera es la política frívola y despreocupada que presentan los primeros o la mujer tenaz a la que no le ha importado enfrentarse a cuantos lobbies internos del PSOE le han salido al paso desde que llegó a la Consejería.

Todo este enigma, en fin, sería interesante despejarlo para conocer exactamente el por qué de las barbaridades que la consejera suele decir en el Parlamento de Andalucía. Si la consejera, por ejemplo, es una frívola, sin más, se explica fácilmente, pero es mucho más duro pensar que se trata de una mujer constante, rigurosa y trabajadora. Nada más comenzar la legislatura, sorprendió a todo el arco parlamentario cuando, ante la interpelación de un diputado de la oposición que se acogió al truco de decir «doy por formulada la pregunta» para no consumir tiempo, ella contestó ufana: «Doy por formulada la respuesta».

Lo que ha venido después tiene más enjundia. Cuando, por ejemplo, tuvo que explicar las bondades de la reforma del Estatuto de Andalucía, la consejera López soltó aquello de que, a partir de entonces, las sentencias judiciales que se dicten aquí tendrán «idiosincrasia andaluza». Sabrá dios qué quiere decir eso cuando se le juzgue, por ejemplo, un asesinato, una violación o un choque de trenes. Eso, claro, por no pensar en sentencias con idiosincrasia andaluza cuando el delito afecte a algún dirigente político implicado en cualquier corruptela.

Ahora, sin que hayamos podido despejar la duda anterior, llega de nuevo la consejera al Parlamento andaluz, para explicar el ‘indulto exprés’ que el Gobierno ha concedido al alcalde de Carboneras, y dice que se debe a que «la sentencia era injusta».

La sentencia la dictó el Tribunal Supremo y, claro, como oportunamente acaban de recordarme, «si un juez o un tribunal emite una sentencia injusta, está prevaricando, y eso pura y simplemente lo que está diciendo la consejera: Que los magistrados del Tribunal Supremo son prevaricadores».

Quien hace esta reflexión anónima está relacionado con la Justicia –a menudo los políticos no tienen en cuenta que gobiernan y legislan sobre colectivos en los que hay gente seria que se toma en serio su trabajo– y no se explica cómo las asociaciones de jueces y fiscales guardan silencio. Tampoco yo lo sé. Debe ser, diría ella, la idiosincrasia de la autonomía andaluza.